“La discusión de los monopolios es de los años 50”

Entrevista a Silvana Giudici, directora del Ente Nacional de Comunicaciones.

Silvana Giudici es una de las directoras del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) designada por el presidente Mauricio Macri y, a su vez, es la coordinadora de la comisión que trabaja desde marzo en el anteproyecto de ley de comunicaciones convergentes que busca unificar las leyes de Comunicación Audiovisual y Argentina Digital, ambas ya modificadas mediante el decreto de necesidad y urgencia 267/15. En diálogo con Revista Fibra, Giudici se refirió al trabajo de la comisión, a su tarea en el ENACOM y opinó acerca del escenario comunicacional.

A la designación como directora de ENACOM se suma también tu trabajo como coordinadora de la comisión que trabaja en el anteproyecto de ley de comunicaciones. ¿Qué balance hacés de las dos tareas?

Es muy positivo. La comisión me abrió una dimensión distinta del tema de la convergencia, que me hace actualizarme mucho porque hasta ahora mi especialización era sobre radiodifusión y medios de comunicación. Con la ley de Argentina Digital uno tenía idea de tema de redes, infraestructura y demás, pero la convergencia implica, además, nuevas plataformas, y estos meses fueron muy enriquecedores en cuanto a la gente que vino a opinar, los temas que estuvimos tratando, las experiencias internacionales. Los aportes que hemos recibido de referentes de la comunicación TIC fueron muy importantes y enriquecedores.

Hasta el momento, sobre el trabajo de la comisión sólo se conoció un documento con 17 puntos que regirían el anteproyecto. ¿Cómo los trabajaron?

Los 17 principios surgieron a partir de la segunda mitad del año una vez que tuvimos un testeo de toda la comunidad: los que venían del sector de radiodifusión, de informática o plataformas digitales. Recién ahí con esas primeras opiniones armamos un primer borrador, discutimos mucho con la comisión y en el consenso de los integrantes, armamos esos 17 principios que no fueron refutados. Luego, se volvieron a tomar opiniones de las organizaciones. Hubo discrepancia en el punto 3 en relación al registro que se pedía para las TICs pero, en general, creo que no hubo rechazo a esos principios.

¿Está planeado difundir algún otro documento que se conozca a partir del anteproyecto que planean difundir?

No, por ahora no. Estamos en la fase última de tomar la participación, con lo cual no hay un borrador definitivo, porque somos respetuosos de un proceso que está abierto hasta el 30 de noviembre por la plataforma digital de participación, a través de la cual se toma la opinión de los ciudadanos que hayan participado. La última actividad participativa va a ser un debate académico en el Litoral. Hasta que no se termine ese proceso de participación no vamos a escribir el proyecto, sino que se va a escribir con aportes de todos los que están participando.

¿Cuáles son los plazos que están pensando para la elaboración del anteproyecto de la nueva ley de comunicaciones?

Tenemos tiempo hasta el 30 de marzo para presentarlo al Presidente y él tiene plena autonomía para impulsar su iniciativa legislativa.

Antes de la conformación de la comisión que trabaja en la ley, se dictó un decreto de necesidad y urgencia para modificar la normativa que estaba vigente. ¿Cuál era la necesidad y la urgencia de modificar esa normativa?

Es un debate que ya sucedió, la totalidad de los bloques aprobaron ese DNU. Las razones por las que se tomó esa decisión ya las expusimos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Vino Edison Lanza, Relator Especial para la Libertad de Expresión, se reunió con nosotros en la comisión y la visita fue satisfactoria.

Las razones están expuestas en el mismo cuerpo del decreto. Era necesario avanzar en un país en el que toda la innovación en materia de tecnología había sido financiada por el sector público. Había dos organismos que funcionaban para perseguir políticamente a algunos y no aplicar la ley a otros, y el Presidente, cuando toma la decisión de hacerse cargo de la política de comunicaciones, dice que imagina un diseño institucional desde la convergencia y modifica solamente los artículos que tienen que ver con lo que el kirchnerismo usaba como presión hacia los medios.

Como dijimos al anunciar la medida, vamos a trabajar en un marco convergente, que facilite las inversiones y que nos ponga a competir con las principales potencias del mundo o donde el sector de las comunicaciones sea un motor de la economía. Y también porque se terminó el conflicto con los medios y se va a aplicar la ley a todos no importa la línea que tengan los medios.

¿Cómo es el funcionamiento del directorio?

Hay reuniones una vez por mes y en el caso que lo amerite se hacen reuniones extraordinarias. Se han dado infinidad de licencias a pueblos originarios, a radios comunitarias, expedientes que hace diez años estaban en un cajón. Había solicitudes de permisos y autorizaciones cajoneadas. No había interés en resolver situaciones de parte del organismo anterior.

La autoridad de aplicación hoy es el ENACOM. ¿Tienen pensadas modificaciones para el futuro?

Uno de los 17 principios hace referencia a la autoridad de aplicación. Va a ser una autoridad como se espera que sea un regulador, con autonomía, integrada con pluralidad, y se busca innovar en que haya una renovación escalonada.

¿Cómo sería eso?

Está en los principios y todavía no hay una letra fina del articulado, pero la idea es que de los siete directores vayan rotando cuatro en una fecha y tres en otra. Eso le garantizaría una continuidad jurídica y administrativa al organismo que no es sólo por quien represente ese director, sino que la memoria del organismo se va preservando porque se va haciendo una renovación parcial del directorio. Y también pensamos establecer condiciones de género.

¿Está pensada alguna representación de las provincias en el directorio?

El organismo es federal y en el Consejo Federal están las provincias representadas directamente.

¿Y cómo está funcionado actualmente el Consejo Federal?

Se unificó. Estaba el COFECA del AFSCA y el Consejo Federal del AFTIC. Ahora se unificó a través de un decreto y lo está convocando el ministro. A todas las provincias, a sectores del sindicalismo, a sectores privados, sin fines de lucro. Por ahora no se realizó, pero está por realizarse en los próximos días.

El Consejo establecía, por ejemplo, cuáles eran los eventos de interés relevante. ¿Cómo se decide eso hoy?

Eso lo decide el Ministro hasta que se conforme y comience a funcionar el COFECA. Por ejemplo, los eventos de interés relevante y los Fomecas.

Nombraste recién a los Fomecas. Teniendo en cuenta que se adeudan fondos del año pasado, ¿en qué instancias están hoy?

Sí, hubo una auditoria muy completa de la Sindicatura (General de la Nación) y encontramos una infinidad de irregularidades, con lo cual no se pueden liberar fondos públicos si no se saldan esas irregularidades.

¿Por ejemplo?

Irregularidades que tuvieron que ver con el deber de funcionario público y otras subsanables porque tienen que ver con documentación que quizás no presentó el medio al que se le asignó el concurso. Algunos están siendo abonados y para Fomeca 2016 ya hay un reglamento aprobado, hay un llamado a concurso.

¿Y se llega a poder implementar el programa en lo que queda del año? Porque, teniendo en consideración lo que dice la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, el ENACOM debe destinar, en 2016, 200 millones de pesos a los medios sin fines de lucro y estamos llegando a fin de año.

Sí, si la persona gana el concurso se retienen los fondos, con lo cual los fondos se mantienen. Esa es la idea.

¿Y sobre los fondos adeudados a los Fomeca que se ganaron en los concursos de 2015? Se dijo que la fecha de pago era el 30 de septiembre.

Se deben fondos porque lo que se intenta es corregir estas irregularidades que son mucho mayores de lo que se pensaba.

Algunos de los medios y organizaciones que reclaman por los Fomecas, también reclaman por las señales, ya que son los primeros medios sin fines de lucro que tuvieron licencias para transmitir y hoy esas frecuencias están ocupadas por Canal 13.

No es sólo que está ocupada por Canal 13, sino que creo que hubo un gran desprecio por la tarea o la función pública porque cuando vos decís que vas a sancionar una ley para otorgar voz a quienes no la tienen, y eso es algo que compartimos porque si hay algo que yo rescaté de la ley es el 33% para los medios sin fines de lucro. Pero si lo hacés sin aplicar un plan técnico y sin decir dónde van a emitir esos canales a los que les das la licencia, estás actuando con hipocresía. Se otorgó un concurso sobre frecuencias que estaban ocupadas sin decir cuál era el plan para correrlo. La generación de ese problema es de la gestión anterior y estamos trabajando con los tres canales y se les explicó que ENACOM está haciendo un plan de migración de la banda del 700 porque la intención es que puedan emitir.

En la comisión están trabajando en modificar dos normas de la democracia. ¿Hay algo que rescates de esas leyes y de los procesos que las generaron?

De los procesos no rescato nada porque fueron una falta de respeto a las instituciones. Es falso que la ley de medios tuviera un amplio debate, porque quise participar y no pude. Recorrí el país para armar debates y a mí no me escuchaban y esto no quiere decir que tengan que escuchar a Silvana Giudici pero a la oposición de ese momento no se la escuchaba. Nosotros hemos pedido que participaran todos. Cuando ese anteproyecto vino al Congreso nadie lo conocía, no hubo un cierre del debate, y cuando se llevó el anteproyecto a la comisión se le incorporaron modificaciones que no fueron consensuadas, por eso discuto la supuesta legitimidad de esa ley.

Argentina Digital lo mismo: hubo una audiencia pública en la comisión de libertad de expresión del Senado. Muchos actores de las telecomunicaciones hicieron reparos en contradicciones que tenía esa ley con la de medios.

El proyecto de ambas leyes es muy cuestionado, pero es la ley que la Corte Suprema define como constitucional, así que me parece que lo rescatable es la incorporación de licencias para los medios sin fines de lucro, el tema de la no discriminación de las minorías, son las cosas que reivindico. Pero, como lo hice en el 2009, cuestiono que la verdadera intención de esa ley era concentrar en manos de otros los medios de comunicación. Esto, sumado a publicidad oficial, generó un combo del que hoy todavía se están pagando las consecuencias porque hubo empresarios que se enriquecieron enormemente como (Sergio) Szpolski.

Unos de los puntos de la ley de medios eran los artículos que regulaban la concentración mediática. ¿Vos crees que hay concentración mediática en la Argentina?

No sé dónde estaba escrito que había concentración. No es eso lo que dice la Corte, sino que la Corte dice que la ley es constitucional si se cumplía con cuatro supuestos: el reparto de la publicidad oficial, los medios públicos debían ser plurales, y eso no era así, y los medios privados no debían ser factor de presión. Eso no se cumplía. La Corte dijo que eran constitucionales esos artículos, pero no decía que había concentración.

Pero, ¿vos no consideras que en la Argentina hay concentración de medios y que la había en ese momento?

No sé por qué se va con ese supuesto de que había concentración. Vos me preguntás si había concentración antes y no sé dónde estaba la concentración. Volver a la discusión sobre si Clarín es un monopolio me parece una discusión antigua en la época de la convergencia. Me resisto a hablar de concentración de medios. Estoy mirando al futuro y lo mismo que dijimos en marzo lo sostengo. Hoy, en Latinoamérica el riesgo para la libertad de expresión son dos cuestiones centrales: el avance del narcotráfico que mata periodistas y que llegó, en la Argentina, a amenazar a periodistas en Rosario, Mendoza; y la instalación de gobiernos que cercenan las libertades con argumentos para quedarse en el poder y la primera libertad que restringen es la libertad de prensa. Y eso fue una tendencia en Latinoamérica: Argentina, Bolivia, Venezuela ponían leyes de medios absolutamente restrictivas para impedir la crítica y restringir el disenso. La batalla de la concentración mediática: por supuesto que no estamos de acuerdo con que haya ni monopolios públicos, ni privados, pero el slogan de la concentración mediática fue una bandera que se izó para imponer una ley restrictiva. Si vos te ponías a mirar en la Argentina había diversidad, se intenta levantar los riesgos de una supuesta concentración.

La discusión de los monopolios es de los años 50. Lo que creo que hay que discutir para adelante es el cuidado de la industria local frente al avance de empresas tan poderosas que concentran contenidos como Google, Netflix y Facebook. Ese es el riesgo global en el mercado de la comunicación social.

Si uno no hace un esfuerzo muy grande por proteger la industria cultural estamos en riesgo porque las audiencias empiezan a migrar hacia otras plataformas.

¿Eso se está discutiendo en la comisión?

Sí, estamos discutiendo la manera de hacerlo eficientemente porque hoy la gobernanza de internet está en discusión. Cómo hacés con una regulación que tendría que ser supranacional. El caso más claro fue Uber: en este país, ¿necesito que bloqueen los IP? No. Eso es censura. Vos tenés que encontrar una manera efectiva de proteger nuestros bienes culturales. A veces, puede ser por medio de incentivos: Spotify o los medios de distribución de música podrían tener catálogos de música propia. Netflix podría tener una cuota como lo tiene en Brasil o en París. Creemos que dentro de lo que es la regulación de comunicaciones tiene que haber protección a los bienes culturales, porque nosotros creemos que la radiodifusión es la herramienta de comunicación de gran parte del país. Argentina no es sólo los cascos urbanos, hay una gran cantidad de población que depende de la radio de bajo alcance. Tenemos que ver cómo preservamos nuestra riqueza cultural.

Hay que hacer un conjunto de medidas que incluyen préstamos para cooperativas y PyMEs para que puedan seguir subsistiendo. Entonces, desde el Estado hay que generar una regulación que vaya tendiendo a la convergencia.

Hay algo que no depende de ENACOM, pero me parece importante saber cuál es tu opinión sobre el protocolo para periodistas que dio a conocer el ministerio de Seguridad para coberturas y que recibió muchas críticas porque serían las fuerzas de seguridad las que determinen dónde deben estar los trabajadores de prensa.

Es un avance porque esto se pide desde la Relatoría de la Libertad de Expresión desde 2010. Y se viene trabajando en los casos de violencia sobre periodistas en temas relacionados con la seguridad y se le pide a los Estados que tomen medidas y favorezcan la cobertura periodística. Creo que también es un gran avance porque, en 2012, Juan Pablo Suárez fue preso por cubrir una manifestación policial. Entonces, el protocolo es garantizarle condiciones de trabajo, que no corran riesgos, que puedan hacer su trabajo y que el periodista tenga un lugar de privilegio en contacto con lo que está pasando.