¿Estado ausente?
El gobierno puso fin al capítulo más voluminoso de la historia de la regulación de las telecomunicaciones y los servicios de comunicación audiovisual de nuestro país.
Algunos podrán decir que la historia de las políticas públicas para estos sectores tuvo como característica principal la falta de regulación. Es un error bastante frecuente en el que incurren los estudiosos que toman como referencia las leyes sancionadas por el Congreso Nacional. Siguiendo esta pista, concluyen que las políticas públicas hacia estos sectores fueron prácticamente inexistentes, resbalando y cayendo en el tópico del “Estado ausente”.
Cuando a la búsqueda se incorporan los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) y las leyes que tienen impacto en estas industrias, el material de análisis comienza a tomar cuerpo y se hace difícil hablar de Estado ausente.
Pero si el investigador decidiera incorporar las resoluciones, reglamentos, notificaciones y demás documentos con los que las sucesivas autoridades de aplicación exteriorizaron su voluntad, se enfrentaría a un extenso, imbricado y contradictorio material, difícil de sistematizar y comprender.
Cuando se agrega todo lo que no está escrito pero existe: ese cuerpo normativo invisible que durante décadas estableció las prácticas, los límites y la modalidad de funcionamiento de estos mercados. El tópico “Estado ausente” hace equilibrio entre una imperdonable confusión y un cómplice cinismo.
Siempre hubo reglas de juego para los prestadores de servicios que ahora denominamos TICs. Muy excepcionalmente las reglas de juego se establecieron siguiendo el principio de la división de poderes, básico en nuestra democracia: las leyes se hacen en el Congreso de la Nación, mientras que al Poder Ejecutivo le corresponde aplicarlas.
En casi toda nuestra historia, las reglas de juego las puso el Poder Ejecutivo vía decreto. Bajo esta tradición se inscribieron gobiernos constitucionales como dictatoriales. En la aplicación sí hubo matices. En algunos períodos los organismos reguladores fueron cooptados por los sujetos regulados; en otros momentos los organismos estatales impulsaron enérgicamente las políticas que perjudicaban descaradamente al Estado; en otros casos, los organismos reguladores observaron con desgano o eligieron la opción de asesorar en su contra.
Desde hace unos años, el Estado Nacional decidió intervenir activamente en el mercado audiovisual y de las telecomunicaciones. Primero hubo inversión, leyes, iniciativas y políticas sectoriales que contaron con adhesión o rechazo, pero que no pasaron desapercibidas. Desde fines de 2015 hasta ahora, también las hubo. Con un sentido opuesto, es cierto. Formalizadas a través de DNU y resoluciones cuestionables. También se prometió la redacción de un proyecto de ley convergente que difícilmente se redacte.
Cuando el Gobierno actual evaluó que todo lo que tenía que hacer, revertir, desmantelar, reafirmar y fusionar, decidió volver al “Estado ausente”. Y de un día para otro, el Ministerio de Comunicaciones desapareció.
Este número contiene artículos sobre la responsabilidad de los intermediarios, los prestadores sin fines de lucro, el lugar que ocupa la ficción en los canales de TV abierta y otros textos preparados por especialistas e investigadores del sector. El plato principal es el dossier sobre la fusión Telecom – Cablevisión en donde distintos especialistas presentan miradas complementarias, diferentes y a veces antagónicas, sobre un suceso que marcará un antes y un después en la historia de las TICs de nuestro país. Dar el puntapié inicial a los extensos debates que traerá la fusión -y que recogeremos en los sucesivos números- es la compleja tarea que le toca al número 17 de la revista Fibra. 