La gobernanza de Internet, un debate permanente

Mientras el sector técnico se enfoca en el desarrollo de la infraestructura, los activistas en Derechos Humanos hacen hincapié en que se garantice la libertad de expresión, la privacidad y otros derechos fundamentales, y eso mismo sucede con cada sector que participa del debate (desde abogados, ingenieros, representantes de los gobiernos o representantes de la industria que crea los contenidos que circulan en la red de redes).1

De acuerdo con Kurbalija y Gelbstein, el objetivo de la gobernanza de Internet es: “Prevenir, o al menos minimizar, su riesgo de fragmentación; mantener la compatibilidad y la interoperabilidad; salvaguardar los derechos y definir las responsabilidades de las diferentes partes interesadas; proteger a los usuarios finales de la mala utilización y el abuso; motivar un mayor desarrollo”2. Sin embargo, a pesar de este optimismo tentador, debe tenerse en cuenta que esto fue escrito en 2005, año en que acababa de recomendarse la creación de un Foro de Gobernanza de Internet3 al que se le delinearon múltiples objetivos. Entre esos objetivos estaban los de debatir temas de políticas públicas, facilitar el diálogo y la comunicación entre las partes interesadas.

Habiendo pasado ya 13 años desde que comenzó el desarrollo del foro global y del despliegue de foros regionales y nacionales —el IGF4 de Argentina comenzó en 2016 y este año ya se realizó el tercer encuentro—, la conclusión a la que se llega es que, a pesar de que estos espacios permiten la participación de sectores que de otra manera no podrían acercar sus preocupaciones o sus reflexiones y propuestas para resolver los problemas existentes, el modelo multisectorial5 no implica un proceso completamente democrático ya que las relaciones de poder entre cada uno de esos actores siguen siendo de desigualdad.

¿Por qué, entonces, se insiste con las instancias globales de administración de Internet? Porque Internet es un bien común, pertenece a todos los ciudadanos del mundo —incluso a quienes todavía no tienen acceso y por eso también parte del debate es cómo hacer que la infraestructura de Internet llegue a zonas donde todavía están desconectados—6. En este contexto, retomo el planteo de Paz Peña, miembro del Consejo Colaborativo de Coding Rights: “Cualquiera que sea el modelo que tome la gobernanza de Internet, el interés público debiera ser el norte de cualquier actor, independiente de su agenda y de su poder”7.

El debate en Argentina

El 30 de julio —unos meses antes de lo previsto— se llevó a cabo la tercera edición del IGF Argentina, ya que se aprovechó que esa misma semana se realizaba el LACIGF en la Ciudad de Buenos Aires. Los ejes temáticos del IGF Argentina 2018 fueron: inclusión y acceso a Internet; el ejercicio de los derechos humanos en Internet; infraestructuras críticas, estándares y concentración de infraestructura; perspectivas de género en Internet; libertad de expresión y responsabilidad de intermediarios; ciberseguridad y ciberdelitos; inteligencia artificial y sus implicancias; y desarrollo de la economía digital en Argentina.

Javier Pallero, encargado de Políticas Públicas en Latinoamérica en Access Now, fue miembro del Comité de Programa de esta edición y habló con Revista Fibra sobre las preocupaciones vigentes entre quienes debaten sobre la gobernanza de Internet en el país: “Creo que el tema que más preocupa a los actores es la percepción de que no se puede hacer mucho en Internet para regular las situaciones indeseables. Los desafíos que siempre presentó la jurisdicción sobre Internet se suman a la realidad de la concentración económica y técnica que se vive. En este sentido Internet pasa de ser un modelo descentralizado de comunicaciones a uno que se ve cada vez más concentrado en distintas capas técnicas”.

Uno de los temas entre los que, según Pallero, hay más consenso es el de la protección de los datos personales, ya que “hay más conciencia en distintos actores sobre las consecuencias del mal uso de los datos personales y de la falta de control de los usuarios sobre su información”. Explica que, además del valor económico que tiene el análisis y la recolección de los datos, se ve el valor estratégico, sobre todo en “el tema de la presunta manipulación electoral en Internet, y el modelo de negocios de interacción que fomenta contenidos que generan reacciones espontáneas (es decir, no meditadas)”.

Entre las cuestiones que generan más desacuerdos en Argentina, se encuentran los temas económicos y de desarrollo digital. “Si bien es claro que el modelo de libre mercado con muy pocos controles genera problemas (falta de pago de impuestos, no cumplimiento de legislación de datos personales, etc.) tampoco es evidente o fácil una solución intervencionista. La intervención estatal no es sencilla fundamentalmente por dos razones: el desafío de la efectividad y el problema de los excesos estatales”, argumenta Pallero. En cuanto a una intervención estatal, considera que esta debería “estar basada en políticas sostenidas en evidencia” y que “la efectividad dependerá también de la colaboración de otros países con necesidades similares en nuestra región”. Sobre los posibles excesos estatales, cita el caso de “las declaraciones del presidente del tribunal superior de justicia de Brasil, que afirmó que si llegara a probarse la incidencia de noticias falsas en el resultado de las próximas elecciones presidenciales en Brasil, esas elecciones deberían poder ser anuladas”.

Javier Pallero explica que la principal demanda de las organizaciones de la sociedad civil es “ser escuchados”. Con esto se refiere a tener “la posibilidad de participación efectiva en los procesos de toma de decisiones, mediante audiencias públicas, comentarios públicos y obligaciones proactivas de transparencia por parte del gobierno”. En segundo lugar, la demanda fundamental es el “reconocimiento y extensión de garantías de derechos fundamentales básicos para los usuarios de Internet”. Una novedad con respecto a esta demanda es que, además de seguir siendo una exigencia hacia los Estados, ahora también se dirige hacia las empresas de Internet ya que, debido a la escala a la que han llegado, “han generado espacios de interacción humana que si bien son de propiedad privada adquieren relevancia pública”, explica.

Entonces, ¿qué pasa con el IGF Argentina? ¿Tiene sentido organizarlo y participar? De acuerdo con Carolina Aguerre8, “es imprescindible conceptualizar a los foros de gobernanza de Internet nacionales como espacios que permiten consolidar ecosistemas para el diálogo entre las partes y asentar los grandes principios sobre los cuales se podrá, a futuro, trabajar sobre temas más específicos”9. Es decir que este espacio nacional todavía está en construcción y la participación de actores es bastante marginal. No sólo eso, sino que entre los ausentes se encuentran aquellos que tienen el poder real para incidir en las respuestas a los problemas sobre los que se debate.

El desafío de quienes participan del IGF nacional, donde depositan las esperanzas y la ilusión de que ese debate permita impulsar políticas públicas concretas, es atraer a otro grupo de actores que actualmente no ven necesario participar en el IGF. ¿Por qué no participan? Aguerre se refiere a aquellos que “son escépticos a
estos mecanismos o que ocupan una posición hegemónica para imponer sus puntos de vista”10 y no consideran necesario deliberar con los otros sectores. El objetivo sigue siendo ampliar el nivel de participación para mejorar el debate y que más actores puedan incidir en las políticas públicas.

La parábola de los ciegos y los elefantes.

Latam, entre el desarrollo de la red y la vigilancia estatal

El LACIGF es el Foro de Gobernanza de Internet de Latinoamérica y el Caribe, la reunión preparatoria para el IGF a nivel global. La agenda del LACIGF 11, que se hizo entre el 31 de julio y el 2 de agosto en la Ciudad de Buenos Aires, estuvo conformada por los siguientes temas: un panel especial sobre la censura en Internet en Venezuela; protección de datos con una perspectiva de derechos; brecha digital; neutralidad de la red; campañas de desinformación y amenazas a la libertad de expresión; economía digital; redes comunitarias; gestión de identificadores de Internet (bloqueos, preparación ante desastres, privacidad y su impacto en el DNS, y seguridad de enrutamiento); digitalización de procesos productivos; regulación para la innovación; el riesgo del “pluralismo polarizado en Internet” para las democracias; transición al IPV6; y los desafíos ante las desigualdades potenciadas por el uso masivo de algoritmos y la toma de decisiones automatizadas11. Como afirma Carolina Aguerre, “uno de los objetivos de estos espacios es que sirven para enmarcar los temas que emergen de la agenda (tiene una función de agenda-setting)”.

Depende desde el sector en que uno se pare, será el tema que más preocupe. Mientras que al sector privado le interesa resolver cuestiones vinculadas a que haya más usuarios conectados y el desarrollo de la “economía digital” y al sector técnico le interesa la infraestructura, los estándares, la seguridad de las redes, a las organizaciones de la sociedad civil le preocupan las amenazas a derechos como la libertad de expresión o la privacidad.

En esta edición, además, los tres ejes prioritarios fueron el desarrollo de un marco regulatorio (sobre protección de datos personales, bases de datos públicas, la problemática impositiva para evitar la multiplicidad de impuestos y la seguridad desde el diseño de los productos de Internet de las Cosas); fomentar la conexión de las comunidades a las que actualmente no reciben cobertura por parte de los ISP tradicionales (Argentina, México y Colombia, por ejemplo, cuentan con redes comunitarias); y el balance de género, para que más mujeres accedan a Internet y se involucren en el desarrollo tanto de tecnologías, aplicaciones y contenidos.

La conclusión, después de los tres días del LACIGF, es que mientras existe una preocupación real por conectar a aquellas comunidades que todavía permanecen fuera de Internet para darles voz y, por supuesto también, para que participen de un mercado cada día más digital y más conectado, desde la sociedad civil se expusieron varios informes sobre la masividad que está alcanzando la vigilancia — privada y, fundamentalmente, estatal— en Latinoamérica. Algunas de las preocupaciones sobre vigilancia que se plantearon durante el LACIGF están volcadas en diversos informes: “Cámaras indiscretas” de la Fundación Karisma (Colombia); “¿Quién defiende tus datos” de ADC (Argentina); “#GobiernoEspía. Vigilancia a periodistas y sociedad civil en México” de Citizen Lab, Artículo 19, R3D y SocialTIC (México); y el “Derechos Humanos y seguridad digital: una pareja perfecta” de Tedic (Paraguay), ADC y Fundación Karisma.

El próximo paso será el IGF en París, en noviembre de este año, donde se abordarán los temas más importantes para todas las regiones que participan en el debate sobre la gobernanza de Internet. Mientras tanto, continúa el desafío de que los actores que tienen el poder real para mejorar -o empeorar- Internet se acerquen a este espacio para debatir y revisar sus acciones, dejando de lado intereses comerciales y poniendo el eje en el interés público.