La industria audiovisual en alerta

Las exigencias y propuestas de la Multisectorial por el trabajo, la ficción y la industria audiovisual. Por Andrea

Las exigencias y propuestas de la Multisectorial por el trabajo, la ficción y la industria audiovisual.
Por Andrea Mallimaci (@anmallimaci)

El 14 y 15 de agosto se realizó el tercer congreso Audiovisual de la Multisectorial por el trabajo, la ficción y la industria audiovisual en la ciudad de Buenos Aires.

La Multisectorial es una organización creada a la luz de la crisis del sector y formada por sindicatos que la sienten de la industria de manera ostensible: AADI, Asociación Argentina de Intérpretes; Actores; APIMA, Asociación de Productores Independientes de Medios Audiovisuales, ARGENTORES, Sociedad General de Autores de la Argentina; DAC, Directores Argentinos Cinematográficos; DOAT, Directores de Obras Audiovisuales para televisión; EDA, Asociación Argentina de Editores Audiovisuales; FA MI, Federación Argentina de músicos Independientes; SADA, Sindicato argentino de Autores; SADAIC, Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música; SADEM, Sindicato Argentino de Músicos; SAGAI, Sociedad Argentina de Gestión de Actores Intérpretes; SATSAID, Sindicato Argentino de Televisión; SICA, Sindicato de la Industria Cinematográfica Argentina y SUTEP, Sindicato Único de Trabajadores Espectáculo Público.

El Congreso contó con amplia concurrencia y con fuerte presencia en las calles previas al encuentro. Los carteles en la ciudad adelantaban lo que iba a ser el eje del congreso: la exigencia del tratamiento de la Ley de tv y plataformas culturales.

La urgencia del pedido responde a la crisis que alerta el sector y fundamentalmente a la pérdida de estado parlamentario del proyecto de ley a fin de este año. El proyecto de ley se presentó en el senado en 2017 con el número 3362/17. En ella se presenta como gran objetivo “el fomento de la actividad televisiva en general y la nacional en particular, los contenidos audiovisuales y las nuevas plataformas audiovisuales”. El proyecto avanza en definiciones interesantes para la industria como las nuevas plataformas y las nuevas tecnologías. A las primeras las define como “Obras audiovisuales producidas y/o reproducidas mediante las denominadas nuevas tecnologías, a través de Internet y celulares, ya sean como productos específicos para dichos medios y/o como extensiones de crossmedia y transmedia.” Y a las segundas como los “últimos desarrollos tecnológicos y sus aplicaciones, centrados en los procesos de comunicación agrupados en tres áreas: Multiplataforma, Crossmedia y Transmedia”. Además, propone crear el Instituto Nacional de la Televisión, Contenidos Audiovisuales y Nuevas Plataformas administrado por un Directorio, una Asamblea Federal y un Consejo Representativo. También un centro de fomento y otro de formación. Se destaca particularmente la propuesta de un Registro Único de la Televisión, Contenidos Audiovisuales y Nuevas Plataformas. Finalmente, propone un modo de financiamiento que explicita de cómo logrará los fondos el Instituto: el 0,44 de la recaudación de AFIP, multas, contribuciones, publicidad, entre otros.

El congreso estuvo centrado en la crisis laboral y de producción en el campo audiovisual, haciendo especial hincapié en la televisión como una situación de extrema gravedad. En este sentido, el comunicado de cierre de la Multisectorial recalca que: “Mientras en otras regiones del mundo, con mayor o menor experiencia en la producción audiovisual, se llevan adelante programas de incentivo, fomento y protección a las producciones locales de manera exitosa para sus trabajadores, productores y artistas; en nuestro territorio hay un claro retroceso en las políticas públicas para impulsar las industrias culturales, muy especialmente la producción audiovisual nacional y federal.”

En efecto, la producción audiovisual tuvo su época de oro en un pasado que parece remoto pero es casi inmediato. Las políticas públicas de comunicación audiovisual que se desarrollaron a partir del puntapié de la discusión y sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en 2009 y que tuvieron su apogeo entre 20011 y 2015 hoy están ausentes. Por un lado, los concursos de fomento a la televisión digital que generaron más de 3000 horas de producción nacional se redujeron casi a la inexistencia. Al mismo tiempo, el INCAA atraviesa una crisis de representación y una clara afrenta a su accionar visible y constante. Sin embargo, la merma en una y otra es disímil por una diferencia sustancial: mientras el INCAA tiene garantizado su financiamiento por ley, los concursos de fomento no lo tuvieron. Por esto último pudieron ser quitados de un plumazo acompañados de una tremenda, y muchas veces falaz, campaña de desprestigio, basada en la desinformación y en la ayuda inmejorable de una política prácticamente sin marco normativo. Trabajo fácil para los detractores el de vapulear y desmontar una política sin garantías ni marco legal.

Seguramente a partir de esta enseñanza es que entre las conclusiones del Congreso que se presentaron a partir de consensos, la séptima alude específicamente a la cuestión: propone la “Creación de una política de estado para nuestra cultural federal, sustentable y sostenida en el tiempo, con accesibilidad para todo el territorio argentino equilibrando las asimetrías culturales, económicas y poblacionales que caracterizan a nuestro extenso territorio nacional”. También toma nota el proyecto de ley 3362/17: presenta un “Centro de Fomento” que tendría como función la evaluación y otorgamiento de subsidios destinados a financiar proyectos de Contenidos de Televisión Nacional.

El clima del Congreso fue de preocupación y alerta. Los gremios nucleados en la multisectorial y los especialistas invitados reiteraron lo que vienen sosteniendo hace tres años, cuando la crisis les indicó que debían juntarse para enfrentar el duro momento que se presentaba: “Hemos alertado sobre los cambios productivos y comerciales del mercado nacional e internacional, buscado el diálogo con los distintos organismos y funcionarios del estado y compartido estas observaciones con las empresas privadas del sector y cámaras que las representan. Expusimos el peligro de la expansión de las empresas multinacionales con obras y productos foráneos, así como el accionar de estados extranjeros impulsando sus producciones en nuestro territorio. Una situación que sin duda disminuye las posibilidades de las producciones nacionales en las propias pantallas de cine, televisión y plataformas argentinas. Así el público nacional ve afectado totalmente su derecho constitucional de acceder al entretenimiento y a la cultura que lo identifica, dado que prácticamente no puede ver ni elegir esas opciones porque los profesionales del audiovisual argentino que las realizamos quedamos excluidos del mercado. Este diálogo por el momento pareciera ser infructuoso”.

La crisis es presentada como extrema y hace específico hincapié en la ficción televisiva. Si bien actores y representantes de la industria más populares lo vienen alertando, el tema no termina de cooptar la agenda pública. Una obvia explicación es que no sólo el campo audiovisual atraviesa una crisis de este tipo y que la atención pública es finita y selectiva, seguramente. Otra probablemente tendrá que ver con lo extremadamente invisibilizada que estuvo gran parte de la producción
audiovisual del periodo de, prácticamente, pleno empleo del sector, que podríamos ubicar entre 2011 y 2015. Si bien el sistema de financiamiento fue efectivo, lo cierto es que la mayoría de los contenidos audiovisuales de esa política no lograron apropiación por parte de las audiencias. Y las pocas que lo lograron (Historia de un clan es el ejemplo típico, pero también Estocolmo o Las trece esposas de Wilson Fernández) no fueron incorporadas a un relato de política de Estado sino como una propuesta aislada de los canales, casi siempre privados, a los que se le cedía el contenido de manera gratuita. Si bien se puede pensar en una primera etapa de una política ambiciosa, que justamente por la naturaleza de apertura federal en muchos casos dio posibilidades que nunca habían existido y, en este sentido, estaba orientada más bien con la profesionalización de la práctica; lo cierto es que muchos de los contenidos audiovisuales productos de la política de fomento no tuvieron un vínculo con las audiencias de manera que éstas hoy puedan sentir la falta. Variadas son las razones y exceden por completo a este artículo, podemos resaltar la falta de comunicación, la ausencia de creación de canales locales y una política que se sostuvo en el anonimato hasta que se terminó y sólo fue noticia por sus irregularidades.

No es de extrañar, en este sentido, que la demanda la sostengan los trabajadores y trabajadoras de todo el país que vieron transformadas sus vidas a partir de la explosión de producción audiovisual y la consecuente proliferación de empleo y mejoras en las condiciones. Los grandes medios que ahora contratan menos y más barato, las productoras que nunca asumen acompañamientos del Estado y la campaña de desprestigio a toda la política generan un bajo acompañamiento de la opinión pública. La falta de comunicación de las políticas anteriores y la ausencia de estrategias destinadas a las audiencias que configuren una demanda real de los productos audiovisuales resultantes, configuraron otra pésima noticia para la actualidad del sector. Sin dudas, avanzar hacia una normativa sostenida en el tiempo y acompañada por el parlamento, parece ser el camino para garantizar no sólo los puestos de trabajo sino también el derecho a una comunicación diversa, plural y, sobre todo, federal.