El mercado avanza y la regulación busca encuadrar el funcionamiento del espacio audiovisual en el escenario convergente.
POR SANTIAGO MARINO (*)
@santiagomarino
El funcionamiento del Espacio Audiovisual Ampliado (EAA) en Argentina se enmarca en un contexto definido por dos directrices. Por un lado, el conjunto de decisiones implementadas por el Gobierno para articular su regulación en pos de una competencia que demora en llegar. Por otro lado, los movimientos de un mercado que busca acomodarse a los modelos de negocio que la tecnología habilita. Las estrategias que juegan los actores varían de acuerdo al tamaño (los chicos buscan aprovechar las oportunidades para sobrevivir, los grandes esperan) y a la posición de largada que consigan cuando la escena de la competencia llegue. Si es que eso sucede finalmente.
Claro que para comprender esta dinámica es necesario tener en cuenta tres elementos que conviven. El primero es el marco de lo permitido en materia regulatoria. El segundo es la estructura del sistema. Y el tercero y más complejo es la relación entre la oferta y la demanda.
La regulación
La gestión Cambiemos reformuló la estructura regulatoria hereda en 2015 con una serie de decisiones centralizadas1. Lo hizo con medidas del Poder Ejecutivo, Decretos y Resoluciones de distintos agentes. Su objetivo era desmontar lo establecido por la Ley Audiovisual y adaptar el sistema a un escenario “de mayor competencia”. Para ello, enseguida de asumir, se desactivaron los límites a la concentración de la propiedad y a la propiedad cruzada. Ese esquema eliminó la prohibición —nunca cumplida— de que operadores de TV abierta y de pago pudieran estar en las mismas manos. Luego se estableció que la TV por Cable —principal sistema de distribución paga de contenidos audiovisuales al hogar, de larga tradición en el país2— saliera de la órbita de la Ley Audiovisual. Camino a la “competencia convergente”, esto profundizaba una situación conflictiva tradicional entre los operadores centrales (Clarín y Telefónica), cuyo choque de intereses lleva muchos años y demora la competencia directa. Cada uno domina su ámbito con protecciones regulatoria. Evitan —ambos— la apertura del juego.
Ya en su segundo año de gestión, con el Decreto 1340/16 el Gobierno definió un camino a la convergencia que no resuelve aquel conflicto a pesar de los intentos por satisfacer a todos los contendientes. En un texto de 13 artículos intentó configurar el marco de la disputa por venir. Definió que las empresas de telecomunicaciones queden habilitadas a dar TV de pago (por cable, con tendido de fibra óptica, no por satélite) desde enero de 2018 en ciudades con más de 80 000 habitantes. A su vez, habilitó al Grupo Clarín ofrecer servicios de telefonía móvil con 3G y 4G y a los operadores de TV satelital (DirecTV) a brindar Internet, algo que ya hacía en condiciones legales precarias.
El EAA consolida dinámicas propias de producción, distribución y consumo. En el escenario de la gran escala (jugadores globales y campeones locales) desarrolla modelos de negocio rendidores basados en la concentración. Pero la regulación no logra administrarlo de modo exitoso.
Como planteaba la nota editorial de Fibra 18, sigue a la espera del marco normativo que se auguraba al inicio de la gestión del gobierno. Las medidas de carácter transitorio y efectos permanentes se suceden. Mientras que la competencia convergente se demora. La regulación no se completa. Más allá de la divulgación de una versión del proyecto elaborado por la Comisión creada para tal fin y que está en poder del Ministro de Modernización, Andrés Ibarra. Esto sucedió en el marco de la decisión ministerial de fines de 2017 de establecer una nueva prórroga de 180 días para la presentación del anteproyecto.
Ese texto3, que el gobierno desconoce como oficial, queda a mitad de camino en su objetivo de regular el sistema de modo convergente. En primer lugar, propone distinguir entre “Servicios de Comunicaciones Audiovisuales” y “Servicios de Comunicaciones Electrónicas”. Se asienta en la tradición de regulación divergente. Y entra en contradicción con el modo que los reglamentos de ENACOM y el Ministerio usaron hasta ahora (“servicios TIC o convergentes”). Para las comunicaciones audiovisuales retoma muchos aspectos de la Ley Audiovisual que busca reemplazar. Por ejemplo, establece cuotas de producción nacional y local, aunque a diferencia de aquella incluye a los operadores de servicio en Internet (OTT). Mantiene la exigencia de contar con una señal de producción propia local, pero omite de dicha obligación a los licenciatarios de servicios satelitales, que estarían permitidos de aprobarse ese proyecto.
Resulta poco probable que el Congreso aborde dicho proyecto en los próximos meses. Fuentes gubernamentales dejan entrever que sería recién en 2019. La dificultad crece: ¿es esperable que en el año electoral se discuta un área tan sensible a intereses políticos y económicos?
La estructura del sistema
El sistema de medios argentino está fuertemente concentrado en su estructura de propiedad. Presenta importantes niveles de capitales extranjeros y centralización en la producción de contenidos en el área metropolitana de Buenos Aires. Como rasgo distintivo, además, cuenta con una EAA muy expandido. En él, la TV de pago es el principal mecanismo de distribución. Ostenta algo más de 11 millones de abonados. Supera así el 82% de penetración de hogares, repartido entre el cable (71%) y TV satelital (29%). El especialista Enrique Carrier asegura que “se puede estimar en más de 3 millones la cantidad de hogares donde la banda ancha sirve de plataforma de acceso a contenidos en video desde Internet bajo un modelo OTT.” En ese rubro domina Netflix, con poco más de 1 millón de suscriptores en la Argentina según datos de la consultora Business Bureau.
Este sector del EAA se mantiene por fuera de la regulación todavía. Más allá de que tanto el proyecto de ley de comunicaciones convergentes presentado por el Partido Socialista4 como el de la Comisión del gobierno proponen incluirlo bajo varios aspectos.
En ese contexto, en los últimos meses asistimos a una novedad central para el EAA: la fusión Cablevisión-Telecom. La expresión más acabada en el mercado argentino de que la convergencia —instalada en el uso social— es económica antes que regulatoria.
La operación a partir de la cual el Grupo Clarín pasó a ser el actor más grande del mercado se aprobó el 21 de diciembre de 2017 por el Directorio del ENACOM. Desde entonces transcurren los 45 días hábiles que tiene la Secretaría de Defensa de la Competencia para expedirse sobre el tema.
Como sostiene Gustavo Fontanals, “se da origen a la principal compañía de telecomunicaciones del país, con una posición de liderazgo en todos los segmentos del mercado y un control mayoritario sobre recursos públicos escasos e infraestructura esencial”. Las empresas habían iniciado su integración desde hace meses, con la reformulación de aspectos administrativos.
Se suceden decisiones del Ejecutivo para adaptar las reglas a la dinámica del mercado. La aprobación del ENACOM de la mega-fusión vino acompañada de algunas modificaciones relevantes. La Resolución 5641-E/20175 estableció que el límite para operar en localidades de hasta 80 000 habitantes durara hasta el 1 de enero de 2019. Desde entonces “toda empresa de telecomunicaciones estará habilitada a proveer servicios audiovisuales en cualquier localidad. De esta forma, no quedarán localidades blindadas contra la competencia a partir de esa fecha” según Enrique Carrier6. Este consultor subraya además que a partir de esta Resolución la convergencia está abierta “desde el 1º de enero de este año” en todas las localidades donde opera Cablevisión, sin importar su cantidad de habitantes. El dilema para sus competidores principales (las empresas de telecomunicaciones) es que pueden ofrecer el servicio por fibra, no aun por satélite. Lo que demanda una inversión de dinero y tiempo muy significativos. Un desarrollo que el Grupo Clarín desarrolló durante muchos años y sus competidores no. Y que recién ahora empiezan a hacer.
¿Y la oferta?
El conjunto de cambios implementado por el Gobierno al marco regulatorio del EAA volvió legal todo lo que el mercado había establecido de hecho. Concentración más allá de los topes establecidos. Operaciones que no respetan ni dan cuenta de exigencias de producción propia y nacional o ubicaciones de señales en la grilla, etcétera. “El año de la convergencia” prometieron al comienzo. La mega-empresa resultante de “la fusión más importante de la historia nacional”7 está habilitada a operar de modo convergente. Pero todavía no lo hace. Espera nuevas decisiones en su contexto de competencia con Telefónica, su potencial rival. Las “telcos” tampoco asoman en el juego. Demandan (¿ansían?) la sanción de un (otro) nuevo decreto, que las habilite a operar en el servicio de distribución de contenidos audiovisuales por plataforma satelital.
Sin embargo, la oferta todavía es reducida. Como muestra Andrea Catalano8 son pocas las empresas que ofrecen el paquete de servicios. En general, se destacan firmas pequeñas que se adaptan rápidamente a un contexto en el que buscan estar a la vanguardia para sobrevivir. Mientras que las estrategias de los grandes jugadores todavía no asoman.
“Desde el inicio de la primera fase de la competencia en los cuatro conglomerados urbanos más importantes del país, son tres las Pymes capaces de ofrecer triple play: la tradicional Telecentro, Gigared, IPTel y TelViso.”9 De ellas, solamente la empresa del ex diputado Alberto Pierri opera en algunas zonas de área metropolitana de Buenos Aires. Para Catalano “la falta de competencia que se advierte en el área más densamente poblada de la Argentina es lo que explica el precio.”
Y se pregunta si estos bajarán cuando Telefónica, Claro y Telecom-Cablevisión salgan con sus propuestas.
No le ha resultado sencillo al gobierno lidiar con los intereses de empresas que provienen de sectores diferentes y avanzan, por la convergencia, hacia un futuro que las pondrá en competencia directa con el cuádruple play y demás servicios (fintech, e-commerce, etc.). Los intereses de las empresas de telecomunicaciones (de capitales extranjeros, además, como Telefónica y Claro) tratan de incidir tanto como las que provienen de medios tradicionales y ya son “telcos” (el Grupo Clarín). Mientras tanto, el ciudadano está ausente y el consumidor saca cuentas ante una oferta escasa.
1 Ver más en http://papel.revistafibra.info/politicas-espacio-audiovisual-ampliado-cambiemos-falsas-promesas/
2 Para ampliar puede verse Marino, S: “Políticas de comunicación del sector audiovisual: modelos divergentes, resultados equivalentes. La televisión por cable y el cine en la Argentina (1989-2007)”, Editorial, Universidad Nacional de Quilmes, 2017, ISBN: 978-987-558-407-5.
3 Disponible en https://files.acrobat.com/a/preview/91409d51-3783-40d5-9beb-7a0157eb9f23?SMMK=4378.54000447917w.w0avA1RFqw
4 Elaborado por los especialistas Martín Becerra y Guillermo Mastrini y disponible en https://cemupro.com.ar/ley_de_comunicaciones_convergentes_ps/
5 Disponible en http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=305089
6 Ver más en http://www.comentariosblog.com.ar/2017/12/29/fin-de-ano-movido/
7 Martín Becerra en Letra P, ver más en http://www.letrap.com.ar/nota/2017-12-21-20-1-0-fusion-en-caliente-bono-navideno-para-el-grupo-clarin
8 Ver más en http://www.iprofesional.com/notas/261898-claro-Internet-banda-ancha-tv-video-celular-telecentro-hd-supercanal-infraestructura-espectro-convergencia-alberto-pierri-iptel-Internet-TV-y-telefonia-que-empresas-ya-pusieron-primera-en-triple-play-en-el-arranque-de-la-convergencia
9 Ídem.
(*) UNQ – UBA.