Cambiemos y la comunicación sin fines de lucro

A más de un año y medio del cambio de gobierno, la ejecución de las políticas para regularizar y fomentar la comunicación no lucrativa muestra retrasos y deudas pendientes.

Por Agustín Espada (*)

El cambio de gobierno en diciembre de 2015 trajo una reforma significativa del marco regulatorio de la comunicación. Se intervinieron autoridades de aplicación, se crearon nuevas y se modificaron numerosos artículos a través de decretos. Especialmente, el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) Nº 267 de enero 2016 y el decreto Nº 1340 del mismo mes de 2017 modificaron aspectos centrales de la Ley Audiovisual y la Ley Argentina Digital. ¿Cómo impactó este proceso en el marco legal del sector sin fin de lucro (SFL) de la comunicación?

La reserva del 33% de las frecuencias de radio y televisión para SFL y la creación de un Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual (FOMECA) permanecen intactos en el plexo normativo. Sin embargo, se puede marcar una pérdida de capacidad de participación producto de la unificación del COFECA y COFETIC en el COFECO (Consejo Federal de Comunicaciones).

Más allá de esto, las modificaciones efectuadas perjudican lateralmente al sector y especialmente a su regularización. Esto es así porque se extienden períodos de licencias en zonas de conflicto donde aún quedan cientos de emisoras por regularizar; porque un empresario que no puede sostener su emisora la puede vender a otro empresario en lugar de devolverla al Estado, lucrando con una licencia para explotar un bien público y finito (el espectro); porque una empresa con una AM y una FM en la misma ciudad puede repetir los contenidos sin ninguna restricción. Y todo esto sin haber publicado un plan técnico que indique la disponibilidad de espectro que habilita este proceso de consolidación de un statu quo que excluye a los emisores comunitarios.

Un conflicto sin fin

Si se analiza lo realizado por el Ente Nacional de Comunicaciones (ENaCom) entre enero de 2016 y julio de 2017 en materia de regularización se deben contemplar tres aspectos: el de las licencias otorgadas; las habilitaciones a canales de televisión digital y el cambio en los protocolos de clausura y decomiso de emisoras.

En un año y medio de gestión se adjudicaron 24 licencias de radio FM a SFL. Ninguna en zonas de conflicto. Nueve de estas licencias fueron otorgadas a través de la resolución de concursos llamados entre 2014 y 2015. En otro rubro, se autorizó la instalación y funcionamiento de 14 radios FM de pueblos originarios —contemplados en la ley como medios públicos no estatales y por fuera de la reserva del 33%—.

Por otro lado, han sido analizados y cerrados más de 70 concursos para licencias de FM para organizaciones sin fines de lucro y han sido rechazadas las propuestas presentadas por un centenar de entidades (entre ellas, muchas religiosas). Esto se complementa con la ausencia de llamados a nuevos concursos o reconvocatorias de los rechazados.

La habilitación de los canales de televisión digital de organizaciones sin fines de lucro fue otro tema de discusión y demora. Los concursos resueltos a finales de 2015 por AFSCA otorgaron a los canales Barricada y Urbana, entre otros, licencias para operar en el canal 33 de la TDT. Canal 13, del Grupo Clarín, se encontraba operando de modo experimental en esa frecuencia. En 2014, el Plan Técnico de frecuencias de la TDT le había asignado otro espacio. Este conflicto produjo una paradoja histórica. En palabras de Natalia Vinelli, directora de Barricada TV, “un canal comercial no tenía los papeles en regla e interfería a uno comunitario con todos los papeles”.

La resolución de este conflicto dejó a Canal 13 en el 33 mientras Barricada tuvo que mudarse, junto a Urbana TV y otros comunitarios, al 32. Este traspaso tuvo como beneficio el aumento de la potencia (pasó de una categoría K a una I) con la finalidad de poder transportar la señal de un canal licenciatario de Vicente López. El costo causado por la readecuación del equipamiento necesario para transmitir fue cubierto por las organizaciones y no por el Estado.

Por último, en relación con la regularización de las emisoras se aprobaron una serie de resoluciones del ENaCom que establecen el marco de intervención para declarar la ilegalidad y hasta clausurar o decomisar emisoras que interfiriesen comunicaciones aeroportuarias o no tuviesen autorización para emitir. Estas capacidades de la autoridad de aplicación estaban presentes en el articulado original de la LSCA aunque las modificaciones alteran los procesos.

Pablo Antonini, Presidente de FARCO, marca que estas decisiones desconocen el artículo 162 de la Ley Audiovisual que protege a las emisoras que intentan sin éxito conseguir una licencia. Al mismo tiempo, destaca que el decomiso de algunas emisoras en el conurbano bonaerense y en Formosa despertó el fantasma de la penalización de la comunicación. “Hicimos una presentación escrita para que se modifiquen estas resoluciones. Desde el organismo nos reconocieron que se habían cometido excesos. Tenemos que tener una herramienta que no permita los grises y las arbitrariedades que permite la herramienta actual. Le meten a las radios un artículo del código penal que es para sabotaje. Tendría que ser una política pública de acompañamiento pero están viendo dónde nos equivocamos para sancionarnos”.

Fomento atrasado

El FOMECA es un fondo de fomento creado con el 10% de lo recaudado por ENaCom. Esta línea de gestión puede ser dividida en tres: la primera consta de las suspensiones y atraso en el pago de deudas; la segunda es el rediseño de la política; y la tercera implica el retraso en el llamado a nuevos concursos para 2016 y 2017.

Una de las primeras decisiones de la conducción de ENaCom al asumir fue pedir a la SIGEN una auditoría sobre los pagos adeudados por líneas del FOMECA concursadas en 2014 y en 2015 (muchas de estas líneas fueron resueltas al cierre de ese año). Esto, sumado al rearmado burocrático del organismo y al cambio de autoridades, implicó un retraso en la liberación de esos fondos. En total, el organismo debía abonar el dinero correspondiente a 617 subsidios. Hasta agosto de 2017 sólo se saldaron los pagos de 335 premios por un total de $54 millones. La deuda declarada por el organismo asciende a más de $32 millones.

Martín Kunik fue nombrado Director Nacional de Fomento y Desarrollo de ENaCom en julio de 2016 y explica esta decisión de auditar y frenar el pago de lo comprometido por AFSCA en 2015. “Había una deuda, teníamos que ver qué le pagábamos y a quién. Sumado a eso había expedientes que tenían desprolijidades en términos administrativos. En 67 proyectos no constaba la firma de los convenios, por ejemplo. Se hizo todo un trabajo administrativo, había que emprolijar un montón de cosas porque la idea de las políticas de fomento es que tengan impacto. Puedo ser acusado de burocrático pero son las cosas que después fortalecen institucionalmente a los medios comunitarios. Cuando se terminó la auditoría, realizamos un proceso de subsanación de eso porque la idea y la instrucción del directorio siempre fue pagar”.

Para Antonini esta auditoría puso un manto de sospecha sobre la relación con el Estado del sector más débil de la comunicación. “Hubo un proceso muy desgastante. Se empezaron a pagar varios de los FOMECA pero hubo que hacer un montón de marchas, presentaciones. Hay un abordaje inicial que parte de considerar todo bajo sospecha y de esa base empezar a desandar. Es una relación atravesada también por un desconocimiento importante respecto a la lógica de trabajo y funcionamiento de las organizaciones”.

Kunik señala que además de un prejuicio mutuo, existió una fuerte idea de que la nueva gestión iba a desarmar el FOMECA, lo cual no sucedió. “El proceso fue de la desconfianza mutua inicial a un acercamiento, fue un aprendizaje mutuo. Nosotros respecto del mundo de los medios comunitarios, lo reconozco. Y de los medios comunitarios que deben cumplimentar ciertos mecanismos que los fortalecen administrativamente y al mismo tiempo permite una mayor velocidad de los pagos. Quiero armar el primer Plan Estratégico para Medios Comunitarios pero todavía no lo pudimos hacer por este reordenamiento”.

Vinelli marca que las irregularidades señaladas por la auditoría de la SIGEN eran, en muchos casos, cuestiones menores como “tickets borrosos o por $114, a nosotros nos saltó una factura que era trucha, no era mucha plata. Nos parece bien que el Estado controle, que tengas que rendir en regla porque es plata pública, ahora cualquier cosa no”. Además, marca cómo este proceso profundiza las desigualdades al interior del sector: “Es muy difícil recuperar una factura para medios de pueblos originarios o de campesinos. Eso hace que se retrasen los pagos, que no te puedas volver a presentar y eso amplía las brechas al interior del sector comunitario”.

El retraso en el pago de los FOMECA concursados y asignados implicó la erosión del valor de los subsidios por acción de la inflación. Esto produjo que proyectos iniciados quedaran a mitad de camino o deban ser reformulados para cumplir con la nueva situación presupuestaria. En otros casos, los compromisos asumidos por las organizaciones en base a los proyectos aprobados tuvieron que ser cubiertos con dinero propio.

El retraso se repitió en las líneas de 2016 que fueron convocadas recién en noviembre de ese año. A julio de 2017 sólo se encuentra resuelta una de ellas que otorgó 6 premios por un total de 6 millones de pesos (3 millones de subejecución). En total se convocaron 5 líneas FOMECA en 2016 por un total de 126 millones de pesos (ver gráfico). Cualquier índice de inflación que se tome entre diciembre de 2015 y junio de 2016 muestra una caída en las cifras concursadas al considerar que el último año de AFSCA se otorgaron 104 millones de pesos.

Una de las principales novedades para 2016 fue la elaboración de un Reglamento General para los FOMECA. Es positiva la sanción de este marco de funcionamiento ya que brinda principios, formas, objetivos y procedimientos comunes a todos los concursos.

Kunik señaló que se mejoró el proceso administrativo y burocrático de las líneas de 2016. También espera mejoras en el proceso de concurso, rendimiento y pago de los FOMECA 2017 que, con más de medio año transcurrido, aún no fueron convocados. Entre los destacados, Kunik aporta que se establecieron canales de comunicación formales con las organizaciones y con los jurados; se crearon instancias de subsanación previas (este punto retrasa los pagos en muchos casos); se crearon las subdirecciones de Medios Comunitarios y Pluralidad de Voces y la de Rendiciones de Cuentas que aumentan la cantidad de personas que trabajan para la ejecución de los fondos; y se conformaron jurados independientes que no forman parte del sector que participa de los FOMECA.

Para Vinelli, este último punto es conflictivo ya que desde su opinión es necesario que el jurado esté integrado también por personas que conozcan la naturaleza y el funcionamiento de las organizaciones evaluadas.

Por fuera de ENaCom pero dentro de la gestión del gobierno de Cambiemos se encuentra la discriminación que las organizaciones del sector SFL sufren en la distribución de publicidad oficial. Esta es otra línea que marca continuidad con los distintos procesos históricos y que profundiza la diferencia entre cómo el Estado se relaciona con los actores comerciales y cómo lo hace con los comunitarios, populares y alternativos.

Políticas desiguales

Como bien señalan Alejandro Linares, María Soledad Segura y equipo (2017) la brecha existente entre las políticas de promoción y fomento de la comunicación pública y la comercial frente a las destinadas a la sin fines de lucro son históricas y amplísimas. El Estado es su principal causante y el primer responsable al momento de corregirla.

Las decisiones tomadas en materia de políticas de comunicación por el gobierno de Mauricio Macri afectaron de forma negativa el desenvolvimiento de políticas de fomento en vías de desarrollo y evolución. La ausencia de concursos públicos y de un plan técnico de frecuencia para radio sólo refuerza el carácter comercial de la gestión y administración del espectro radioeléctrico, un bien público. La parálisis formalista de los FOMECA muestra que la gubernamentalización de los organismos de aplicación altera el devenir de políticas públicas.

Mientas las necesidades de los actores comerciales son resueltas con celeridad, las quejas de los comunitarios son sometidas al (necesario) filtro de la institucionalidad burocrática. ¿Cómo se explica, entonces, que mientras en un escritorio se revisa hasta el último ticket de un almuerzo, en otro se renuevan licencias de radios y canales de televisión con poca claridad en los papeles? ¿Por qué ENaCom modifica normas para acomodar el marco a las acciones de los grandes operadores y no cumple con las leyes vigentes para proteger, reforzar y normalizar la situación del sector SFL?

En el remolino de políticas de comunicación convergentes no sólo se debe fortalecer a los grandes comerciales para participar de un mercado competitivo sino también hacer lugar y fomentar la participación y la producción de las voces no comerciales. Esto aún está pendiente.

(*) Becario doctoral del CONICET. Maestrando en Industrias Culturales por la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ). Licenciado en Comunicación Social por la UNQ. Forma parte del Programa de Investigación “Industrias Culturales y Espacio Público” dirigido por los Doctores Martín Becerra, Guillermo Mastrini y Santiago Marino en la UNQ. En Twitter es @AgustinEspada