Por Santiago Marino¹
Llueve en Buenos Aires. Sucede como casi todas las semanas del último año. Transito las calles de la bonita ciudad bajo la lluvia. Extrañamente funciona el servicio de 3G. Quizá por eso llueve. Recibo varias menciones en mi cuenta de Twitter (@santiagomarino). Todas hacen referencia al tema del día (#ArgentinaDigital), que desconozco todavía. Y a la una nota que escribí en marzo de 2014 para el “Suplemento Viernes” del matutino Ambito Financiero, en la que daba cuenta de por qué se dejó afuera de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) la regulación del modo en que las empresas de Telecomunicaciones ingresan al mercado audiovisual.
El proyecto “Argentina Digital” actualiza un tema sobre el que hemos discutido mucho en los últimos años. Trae a su vez algunos peligros y desafíos que podrían resumirse en el reclamo para que no sea la “Ley Telefónica” o la del “monopolio bueno”. Será un aporte para mejorar el plexo normativo actual. Se retoma así una idea que entre otros, Alejandro Linares² y Alejandra Páez³ presentaron en el reciente Enacom 2014: la necesidad de diseñar y aplicar una serie de políticas convergentes para el sistema.
El análisis
El proyecto que el Poder Ejecutivo envió al Congreso la última semana de octubre y buscará aprobar antes del cierre de 2014 es una iniciativa política con impactos económicos, regulatorios y socioculturales en el espacio audiovisual ampliado (es decir, el conjunto de soportes y ventanas que a partir de una serie de desarrollos tecnológicos genera diferentes espacios, modelos de negocio y tipos de vínculos entre la oferta y la demanda de contenidos y medios audiovisuales). “La convergencia entre telecomunicaciones y audiovisual ya tiene un recorrido en términos técnicos y se instaló en el uso social. Su exclusión de la LSCA implicó haber dejado pasar una chance importante de conducir el proceso, establecer condiciones de competencia para un mercado dinámico y condicionar los niveles de concentración de la propiedad, que sólo tiene efectos negativos (económicos y simbólicos) para los ciudadanos, usuarios, consumidores.” (ver nota original)
Retomar la cuestión pendiente en el proyecto denominado “Argentina Digital” implica mostrar un gobierno en acción y con iniciativa de gestión en el último período de su mandato, sin posibilidad de reelección y en el período de un supuesto declive de su capacidad. En esta línea puede comprenderse la acción puesta en la serie que agrega la licitación de los espacios de espectro radioeléctrico para la telefonía móvil y transmisión de datos, que pone en negociación al Estado con actores potentes del sector de telecomunicaciones y lo habilita a recaudar dólares frescos en una situación de crisis económica creciente. En materia política, estos son los efectos centrales. A los que podrían sumarse los efectos que la iniciativa podría tener en sectores del mercado en los que opera —con posición dominante— el Grupo Clarín.
Respecto del contenido específico, el proyecto tiene aspectos positivos, tales como: la actualización de la regulación para un mercado muy dinámico y la distinción entre contenidos y continentes (esto ha sido explicado muy claramente por Enrique Carrier, ver más aquí). La declaración de neutralidad de la red es un mecanismo que puede derivar en una regulación de avanzada a nivel internacional, aunque deberá ser definida de modo claro en términos de alcance y aspecto, y retomar parte de los avances que la discusión específica de este tema en el Congreso había mostrado. Por su parte, la definición de “servicio público” para la infraestructura y la desagregación de la última milla o “bucle local” de la red son decisiones muy significativas. El desafío pasará por definir con claridad la posibilidad de fijar las tarifas para la locación de esa infraestructura por parte del Estado.
Otro elemento central es la posibilidad de que las operadoras de telecomunicaciones puedan prestar servicios audiovisuales. Esas empresas ya están dentro del sistema audiovisual. Su capacidad económica —a partir del tamaño del mercado concentrado mercado y de escala amplia en el que operan— podría redundar en competencia desigual con los agentes originarios del mercado de medios tradicionales. En esa línea, el rol del Estado en su capacidad de controlar operaciones cruzadas y niveles de competencia será fundamental, para evitar que las grandes telcos los fagociten.
A su vez, el debate en el Congreso deberá optimizar cuestiones centrales que el proyecto parece haber dejado pendiente. Por un lado, la autoridad de aplicación cuenta con capacidades muy amplias y discrecionalidad plena para administrar en sector muy sensible. Si bien es cierto que hoy depende exclusivamente del PEN, se debería retomar la senda de la LSCA y diseñar un organismo representativo, legítimo y con marcos de acción definidos. Por otro lado, las condiciones de competencia y las definiciones demandan exhaustividad, como por ejemplo la de “poder significativo del mercado”, con el objeto de evitar la discrecionalidad en la aplicación.
El mes de octubre de 2014 terminó con novedades sobre el mercado de medios argentino. Algo que sucede desde hace más de 6 años en este país intenso. Pero las noticias no eran (sólo) sobre la LSCA y su aplicación sesgada por múltiples razones, los avatares de la adecuación de oficio para el Grupo Clarín y sus efectos, o la licitación de espacios de 3G y 4G que resulta(rá) a la vez un gran negocio y una medida para mejorar (ojalá) el funcionamiento del servicio de telefonía celular y la transmisión de datos en Argentina. Ese sistema que extrañamente funcionó en mi móvil esta vez, y permitió enterarme qué es y qué desatará el proyecto que busca regular el amplio campo de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones.
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1 Docente de la Universidad Nacional de La Pampa y Becario de Doctorado de Conicet.
2 Docente de la Universidad del Salvador, maestranda en Industrias Culturales de la UNQ.
3 Docente de la Universidad del Salvador, maestranda en Industrias Culturales de la UNQ.
4 Es decir, el conjunto de soportes y ventanas que a partir de una serie de desarrollos tecnológicos genera diferentes espacios, modelos de negocio y tipos de vínculos entre la oferta y la demanda de contenidos y medios audiovisuales.
5 Marino, Santiago, El capítulo ausente de la ley de medios en diario Ámbito Financiero, Suplemento Viernes, 18 de marzo de 2014.
6 Esto ha sido explicado muy claramente por Enrique Carrier. Ver más en https://storify.com/enriquecarrier/argentina-digital-un-analisis
7 Marino, Santiago, “Vaivén: desgranar moralejas en la Argentina de la ley audiovisual”. En: Bizberge, Ana y Goldstein, Ariel, Medios y gobierno latinoamericanos en el S.XXI: las tensiones de una compleja relación (pp. 79-91). UBA Sociales, 2014. Disponible en: http://iealc.sociales.uba.ar/files/2011/06/Observatorio-Latinoamericano-14-medios.pdf