“No hay democratización de las voces si no se democratiza la tenencia de medios”

Creo que las cosas no empiezan cuando uno llega ni terminan cuando uno se va. Por lo tanto, acá hay una historia, y tengo el honor, al ser convocado por la Presidenta, de tener la responsabilidad en este capítulo de la historia. Pero hay una historia muy intensa en esta institución, de la que yo hago un balance altamente positivo, teniendo en cuenta los enfrentamientos y la confrontación que se generaron, primero fruto del debate de la ley de servicios de comunicación audiovisual, después de su sanción y luego de su aplicación.

Esta es una ley que tiene una historia profunda, se debatió casi 30 años. Es una ley que surge y es hija de ese debate de organizaciones políticas, sociales, gremiales, culturales, académicas, vinculadas al mundo de la comunicación, que en el momento de apertura democrática empezaron a debatir la necesidad de tener una ley de la democracia que deje atrás una normativa oscura de la dictadura militar; y empezaron a debatir con intensidad e interpelar a la sociedad sobre la importancia de esto. Es hija de esa lucha, y es hija también del contexto histórico que funda Néstor Kirchner. Justamente es un contexto que viene a correr la frontera de lo posible, a interpelar el poder, a recuperar el rol del Estado, el valor de lo público, a construir una sociedad de derechos y a tener al Estado como garante de esos derechos. Entonces establece, entre otras cosas, la comunicación y la información como un derecho humano que el Estado tiene que garantizar.

Tiene además, también, la historia de resistencia muy fuerte, porque los grupos concentrados mediáticos primero se resistieron al debate de la ley, se resistieron a que sea sancionada; después, intentaron declarar su inconstitucionalidad de la misma; y cuando se declaró la constitucionalidad, intentaron hacerle trampas, porque lo que buscan es seguir evadiendo el cumplimiento para sostener su situación de privilegio. Insisto en que no solamente utilizan dicha situación de privilegio para tener grandes rentabilidades en el mundo de la comunicación, sino también para extorsionar a los poderes públicos, para condicionar el rumbo de la democracia, para poner la política y la democracia de rodillas en función de sus intereses particulares, corporativos, etcétera. Esta situación de privilegio la construyeron con vínculos oscuros con la dictadura militar que están denunciados en la Justicia, en la década del `90 cuando el país se hundía y ellos avanzaban, fundiendo cableo-operadores pymes cuando tenían el monopolio del fútbol. Eso es lo que ellos quieren defender.

La ley tiene dos grandes ejes para cumplir el objetivo de democratizar la palabra en el mundo de la comunicación audiovisual, porque se limita sólo a dicho mundo: un eje asociado a generar nuevas herramientas comunicacionales, nuevas radios, nuevos canales, nuevas señales, nuevas productoras de contenido audiovisual, en el conjunto del Territorio Nacional desde una perspectiva profundamente federal para que en el conjunto de la Patria nuestro pueblo pueda tomar la palabra, pueda expresarse con sus tonadas, tradiciones, culturas, identidad, vida, realidad, para que esté presente en el centro de la escena pública. Y, además, se le garantice el derecho a la información y el derecho a la comunicación al conjunto del pueblo en todo Territorio Nacional.

Todos los organismos bajo el paraguas de esta ley pudieron trabajar con políticas activas para transformar el mundo de la comunicación, y además con recursos concretos, con fondos específicos de los distintos organismos. En el caso específico del AFSCA estamos contentos porque pusimos en marcha hace un año y medio el Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual (FOMECA), y eso también ha sido muy importante, porque esos son fondos concretos para acompañar a las asociaciones populares, comunitarias, a las que esta ley les da un lugar fundamental para dar sus primeros pasos, tanto en equipamiento, producción de contenido audiovisual, capacitación, etcétera.

El otro eje es enfrentar las tendencias monopólicas, la concentración mediática, las posiciones dominantes que lesionan la libertad de expresión, que lesionan la pluralidad. Y está absolutamente claro que esto le hace daño a la democracia. Ahora, en ese capítulo vinculado a enfrentar las tendencias monopólicas, la ley establece límites concretos a la tenencia de medios. Porque no hay democratización de la palabra si no se democratizan las voces, y no hay democratización de las voces si no se democratiza la tenencia de medios y no se le pone límite a la voracidad empresarial en ese mercado. Y esto lo dijo la Corte Suprema cuando declaró la constitucionalidad, lo dijo el Relator de las Naciones Unidas para la Libertad de Expresión. Es un problema que vemos en todo el continente y en todo el mundo. Además, en ese capítulo yo creo que también se ha avanzado mucho: hay 40 empresas que presentaron su plan de adecuación voluntaria, 15 fueron desestimados porque no había motivos de adecuación, en 22 fue aprobado el inicio del plan de adecuación voluntaria —o sea, su ejecución—, de esas 22, una es el Grupo Clarín (que pasamos ahora a la adecuación de oficio, porque hay una medida cautelar resuelta por la Justicia a la que nosotros apelamos), tres todavía no han sido tratados por el Directorio, y el resto de los 22 está en proceso de ejecución, y ocho de ellos ya fueron concluidos.

En relación al proceso de adecuación de Clarín con esta cautelar nueva, ¿cuáles son las medidas que ustedes van a tomar, cómo se imagina que se va a desarrollar este proceso?

Después de que salió el fallo de la Corte que determina la constitucionalidad de la ley de punta a punta y que, por lo tanto, todo el mundo la tiene que cumplir, el Grupo Clarín presentó su plan de adecuación voluntaria retomando la presentación que había hecho su socio minoritario Fintech, que se había presentado acá antes del 7D, el 5 de diciembre, diciendo que no quería que su socio mayoritario lo lleve a la ilegalidad. Nosotros lo tratamos y lo aprobamos porque su presentación cumple con los requisitos que establece la ley en términos de límites de tenencia de medios, lo que demuestra la absoluta voluntad del AFSCA de darle la posibilidad a Clarín como al resto de las empresas, porque todos tienen el mismo trato y todos tienen las mismas exigencias, porque la ley se aplica en igualdad de condiciones para todos: lo que está permitido para uno está permitido para el otro, lo que está prohibido para uno está prohibido para el otro. Pero cuando nos pusimos a estudiar cómo quedaban compuestas las empresas que ellos decían que vendían, o cómo se dividían, nos dimos cuenta de que era una burla brutal a la ley, que era una trampa más planificada por Héctor Magnetto y su troupe: donde dice que dividen, no dividen; donde dice que venden, no venden. Porque queda absolutamente claro que tienen vínculos societarios que violan el espíritu de la legislación y que están prohibidos tener, porque lo que se busca es que tengas absoluta independencia para que, justamente, cumplir el objetivo de que no tengas una escala de negocios que te genere una estructura de costos que te de ventajas comparativas, y eso te permita tener una competencia o práctica desleal en el mercado. Esa absoluta independencia de las empresas es violada con estos vínculos societarios que tienen en Nueva Zelanda, Panamá, Estados Unidos, Argentina; y también cuando dicen que venden, no venden, porque le ponen una cantidad de condiciones a los futuros compradores que queda absolutamente claro que no son compradores, sino que es una pantalla para seguir ellos controlándolo.

De hecho, para poner un solo ejemplo, le dicen que le venden una señal a alguien, y esa señal tiene la obligación de poner todos los contenidos del Grupo Clarín y de pagarle durante un mes el 85% de su facturación. Es ridículo, queda absolutamente claro que están mintiendo, están haciendo trampa. Ante esto, lo que hace el AFSCA es hacer una resolución y pasar a una adecuación de oficio, porque el Estado tiene que hacer cumplir las leyes y, si una empresa no las cumple voluntariamente, el Estado tiene que obligarla a cumplirla. Ellos se presentan a la Justicia e incorporan este dato nuevo a la presentación que ya habían hecho antes y el Juez le da una nueva medida cautelar que nos parece, la verdad, un grave error, porque no hay elementos. La Justicia dice en este caso que el AFSCA no debatió como ese juez considera que lo tendríamos que haber hecho en el Directorio, y la verdad es que nos parece que eso no corresponde al Poder Judicial, no tiene que decidir cuánto, cómo, en qué momento, qué cantidad de tiempo el Directorio tiene que debatir.

¿Esta medida cautelar fue apelada por el AFSCA?1

La medida cautelar es por seis meses. Nosotros la apelamos porque esperamos un fallo a favor. El Poder Judicial tendría que estar preocupado porque nadie pueda evadir la ley, no para darle herramientas para que lo puedan hacer. Debería saber a esta altura que Magnetto quiere hacerle trampa, quiere violar la ley; es gente tramposa, inescrupulosa, mentirosa. Entonces, el Poder Judicial tendría que actuar para evitar que alguien quede fuera de la ley, de la norma. Una norma votada por el Parlamento nacional, declarada constitucional. Lo que nos parece es que una parte de la Justicia está colonizada por esos intereses económicos, por esos intereses corporativos, por lo tanto no puede o no quiere enfrentar esos intereses concentrados, y entonces facilita que se sostengan esas posiciones de privilegio que lesionan la democracia.

En un proceso de la complejidad que requiere una adecuación de oficio, requiere tasaciones, obviamente falta acuerdo entre la persona que tiene que vender y el Estado, que le dice que efectivamente tiene que desprenderse de eso, ¿abre la posibilidad de una “guerra de guerrillas judicial” todo el tiempo con nuevas cautelares cada vez que ustedes tomen una decisión, o te parece que es esperable un proceso bastante más rápido de resolución?

Si el Poder Judicial va a actuar como una herramienta, como un mecanismo que le sirve a las corporaciones para buscar dilatar la aplicación de la ley, es un problema. La Justicia tendría que facilitar el cumplimiento de la legislación. Por supuesto creo que es complejo, pero no tengo ninguna duda de que más tarde o más temprano Clarín, como el común de los mortales, como el resto de la sociedad, tiene que cumplir la ley. En realidad, el Grupo Clarín y Magnetto lo que no se bancan es no mandar más, lo que no se bancan es no decidir más. Estuvieron acostumbrados durante años a hacer lo que querían, llamaban a los poderes de turno y les decían qué tenían que hacer. Lo que no soportan es que desde el 25 de mayo de 2003 la Argentina recupere la soberanía en la toma de decisión política a favor de profundizar, mejorar, ampliar y ensanchar nuestra democracia; y ya no se decide más en la oficina del CEO de una corporación, sino que se decide donde se tiene que decidir, en el Parlamento o en la Casa de Gobierno. Esto es lo que no soportan.

Ahora, lo que me preocupa también es que los directores de la oposición no hablan de esto y son quienes tienen que garantizar la aplicación de la ley, son directores de un organismo que es la autoridad de aplicación de una ley. Entonces, tendrían que estar preocupados en ver cómo se cumple. Ya no importa si te gusta o no, ese es un capítulo que está cerrado en el Parlamento, tenés que venir a hacer cumplir esta ley. No entiendo por qué la preocupación central no está dada en si Magnetto está queriendo hacerle trampa a la ley que ellos tienen que garantizar. Yo no les he escuchado una palabra a los directores de la oposición sobre si consideran que está bien que Magnetto tenga empresas en Nueva Zelanda, Panamá, Argentina, Estados Unidos; o si creen que eso es incompatible con el plan de adecuación que presentaron, y que por lo tanto viola el espíritu de la ley. Ellos pueden estar de acuerdo o no en cómo se trató en el Directorio, es una decisión política, es una posición política decir: “No me gusta que se trate sobre tablas, no me gusta que se trate esto, lo otro”. Es como que cuestione cuánto tiempo debate el Parlamento una ley o si se puede tratar sobre tabla algo. Los directores pueden tener una opinión política con relación a esto, ahora lo que está claro es que lo que hizo la AFSCA está dentro de las facultades que tiene.

¿Cuál será el proceso de los otros planes de adecuación que todavía no fueron tratados por el Directorio, y sobre todo el que está en la discusión pública, que es sobre el Grupo Telefónica?

Hay tres expedientes que no se trataron todavía, que se tratarán en estos días: el de PRISA, Telefe y la situación de Moneta2. Los dos primeros ya tienen dictámenes, yo los llevé al Directorio y eso generó un debate. Consulté y, excepto que algún director lo considerara urgente, lo seguiríamos dialogando, yo no tenía ningún problema en seguir con el debate.

En el caso de PRISA, si se aprueba el dictamen, tendrían que vender lo que están excedidos. En el caso de Telefe había dos discusiones: una, sobre los criterios de admisibilidad para tener licencias de comunicación audiovisual; y otra, acerca de lo que están excedidos. En esto último no hay discusión, están excedidos y tienen que vender el 35% de la cuota del mercado. En los criterios de admisibilidad, hay una discusión sobre su relación con Telefónica de España. No hay ninguna duda de que Telefe tiene una relación, en la final de la pirámide, con Telefónica de España, y que Telefónica de Argentina, también. La discusión es si la relación de Telefe y Telefónica de Argentina es incompatible o no. Desde el punto de vista técnico-jurídico que existe, la ley establece una exigencia mayor para lo que es el artículo 45, que son todos los criterios antimonopolios, todo lo que es multiplicidad, todo lo que limita la tenencia de medios: el 35% del mercado, las 24 licencias de cable, las 10 licencias de aire, la superposición geográfica. Para el artículo 45 la ley establece y, creo en el artículo 26, “ir hasta el final”, porque justamente ahí es más exigente, porque hay una preocupación central en el cuidado de que no se constituyan posiciones dominantes o tendencias monopólicas en el mercado, y entonces ahí hay que ir hasta el final. Y ahí el vínculo de Telefónica con los dos, de Telefe y Telefónica, se tiene que tener en cuenta. Pero no así en el artículo 25, en los criterios de admisibilidad, porque ahí la ley es más flexible y pide solamente al titular de la licencia y su socio y, por lo tanto, corta antes.

En ese sentido, la opinión del dictamen jurídico es que no hay relación controlante-controlada entre Telefónica de Argentina y Telefe. Por supuesto, en todo caso, si con el nuevo proyecto de «Argentina Digital» el Congreso aprueba y tenemos esa ley, y marchamos hacia la convergencia, todas las empresas TIC pueden dar todos los servicios, y por lo tanto esto avanza3. Yo creo que es sumamente positiva porque estamos democratizando el acceso a la comunicación, la tenencia de esos servicios, el acceso y uso de las redes. Es un paso extraordinario en seguir ampliando los derechos, que el Estado siga garantizando el acceso del conjunto del pueblo a este conjunto de servicios. Además, también, garantizando más calidad, garantizando la posibilidad de elección del usuario, la calidad de ese usuario. Pero, si esto avanza, en el caso de que las telefónicas estén habilitadas a dar un servicio de comunicación audiovisual, obviamente se tienen que regir por las condiciones de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, porque en eso no hay ninguna modificación, todos los servicios de comunicación audiovisual están regulados por los límites de la ley de Medios. Si es así, ahí sí el vínculo se tiene en cuenta y se suman, porque para los casos de multiplicidad, para tenencia de medios, y para los casos del artículo 45, sí hay que ir hasta el final.

Esos son los tres expedientes que todavía faltan, el resto ya ha sido tratado, hay distintas situaciones: algunos ya se han terminado, se aprueba el plan de adecuación, se ejecuta y después se aprueba el final. De los 22 en los que se aprobó el plan de adecuación, en uno está la discusión de Clarín, que estamos en esta tensión con la adecuación de oficio, y el resto de los 21 están en proceso de ejecución, excepto ocho que ya concluyeron.

En relación a esta idea, aparte de controlar las situaciones monopólicas o de primacía en el mercado, hablaba de otra pata que tiene que ver con el fomento, con la creación de nuevas voces. En ese sentido se vienen haciendo muchos concursos para radios, ¿cómo se están desarrollando?

Se ha avanzado mucho. También hemos corregido algunas cuestiones que la práctica misma de los procesos permite aprender y permite corregir en estos años. Hemos mejorado el desarrollo de esos concursos y las condiciones para cumplir los objetivos de ampliación de esos medios. Se ha avanzado, hay muchísimos concursos en casi todas las provincias. También se ha avanzado mucho en los planes técnicos. Todavía hay ciudades donde el nivel de complejidad ha hecho que esto tarde más, pero si uno mira el mapa nacional se ve en profundidad la transformación. La verdad es que emociona ver cómo en distintos rincones de la Argentina la presencia de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual ha impactado profundamente. Digo, desde el sector privado al sector público, o desde las asociaciones populares comunitarias. Con estas últimas es impresionante: hace poco estuve en el Valle de Luracatao, que es en paraje Cieneguilla, en Salta, donde 16 comunidades de pueblos originarios pusieron en marcha su primera radio, y es el medio de comunicación de todo el valle y de todas esas 450 familias que viven en los distintos parajes del Valle de Luracatao. Es emocionante, porque además es poder elevar su voz, son reivindicaciones históricas. El nivel de emoción, de alegría, que había en esa fiesta popular en la inauguración de la radio es algo extraordinario. Lo mismo nos pasó en Acheral, en Tucumán; nos pasó en Colipilli, Neuquén; en distintos rincones de la Patagonia.

¿Están evaluando la posibilidad de abrir concursos para televisión, sobre todo para las grandes ciudades?

Nosotros ahora estamos pensando en los concursos de Televisión Digital Terrestre (TDT). Hicimos la audiencia pública para pensar la plataforma, las condiciones de esa planificación. Y sí, estamos en estos días dando los primeros pasos. Después de la audiencia pública, después de los debates que se dieron para poder avanzar en esto y, además, también toda la planificación necesaria para que estos concursos tengan que ver con el proceso de digitalización. Esto también permite abrir el abanico, porque estamos hablando de la importancia de esos canales digitales que amplían las posibilidades que tenían los canales radioeléctricos. Esto también va a abrir espacios, no solamente para nuevos canales, sino también para regularizar situaciones históricas, y también para darle el espacio que la ley prevé para las asociaciones populares comunitarias, además de avanzar en la digitalización hacia el apagón analógico que está previsto.

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