Entrevista a Alfredo Luenzo, senador nacional y presidente de la comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión.
POR EMILIA RACCIATTI (*)
@emiliaracciatti
Alfredo Luenzo es senador nacional del partido “Chubut Somos Todos” desde diciembre de 2015 y, en esa cámara, se desempeña como presidente de la comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión y también como vicepresidente de la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual, las Tecnologías de las Telecomunicaciones y la Digitalización.
En esta entrevista con Fibra, el también periodista, psicólogo y docente habla del escenario del campo audiovisual en la Argentina, asegura que a partir de 2015 las políticas hacia el sector generaron un cambio de paradigma y plantea los desafíos de cara a un año electoral. Además, expresa preocupación por las formas en las que los partidos políticos podrán comunicar sus plataformas en un contexto de crecimiento de las redes sociales como plataformas electorales.
¿Cómo analiza el escenario comunicacional desde que asumió como senador en 2015?
El decreto 267 generó un quiebre porque sacó de la órbita de la ley de contenidos audiovisuales a las TICS, hizo una división en un lugar estratégico para la producción nacional y la generación de trabajo genuino dentro de los medios de comunicación. Sumado a esto hay que agregar que se produjo un vaciamiento de identidad en la construcción de la producción nacional y regional porque no está dentro del marco de las obligaciones de todo el sistema de cable y todo lo que viene circulando por las plataformas digitales. Esto ha generado un nuevo escenario en las comunicaciones porque nos encontramos ante un cambio de gobierno y un cambio de paradigma. Hay que resolver cosas que todavía hoy se debaten en términos analógicos cuando hay que debatirlas en términos digitales. Para eso, hay que militar la idea de que estamos en un mundo totalmente distinto. Para ponerlo en términos concretos: hoy la comunicación no es la radio y la televisión sino también las redes sociales y las plataformas digitales. En 2011 el 4% se informaba por redes sociales, en el 2015 era el 30% y hoy la información que llega desde las plataformas digitales abarca a un 60/70% de la población. Esto se corresponde con las asignaciones presupuestarias que hace el gobierno nacional en Google, en Facebook y en el resto de las redes sociales.
Entre las modificaciones que introdujo el decreto 267 está la intervención de dos organismos (Afsca y Aftic) y la creación de otro (Enacom), además de la promesa de una ley de convergencia. ¿Está de acuerdo con esos planteos?
Creo que hay que ir a una ley de convergencia porque todo lo que genere una producción audiovisual tiene que tener los mismos derechos y obligaciones. Es la pelea que estoy dando por la ley del financiamiento de los partidos políticos porque el 80% de ese financiamiento es a las plataformas digitales, a Google y a
Facebook. Mientras tanto nosotros hacemos una ley para obligar la gratuidad en los medios tradicionales que están en crisis. Hay una gran cantidad de información y contenidos de carácter digital entonces pretendemos que impliquen las mismas obligaciones y derechos. Hay obligatoriedad de los medios tradicionales de tener un 10% para la programación política pero el 80% de las necesidades que tiene hoy el mundo de la política para difundir sus ideas está pasando por empresas multinacionales como Google o Facebook o Whatsapp. Hay una complejidad tal que, si vos me preguntás la evolución que ha tenido desde que asumí como senador y presidente de la comisión a la fecha, mi evaluación es que hay organismos que no están preparados para responder a la dinámica que tiene la sociedad.
El tema es quién tiene la estructura para crecer en este contexto…
No importa por dónde vienen los contenidos hoy en día, si es por los medios tradicionales o por los digitales. El tema es que le han quitado las responsabilidades a quienes más crecieron, por eso estoy de acuerdo con avanzar con la infraestructura protegiendo al interior. Con el 20% de Arsat que puedan apropiarse los
medios del interior, las cooperativas y todos aquellos que den servicios triple play pueden estar en condiciones para estar en un pie de igualdad y ser competitivos aunque sabemos las diferencias entre el interior y lo que son estas grandes corporaciones. Si podemos avanzar con la compartición de infraestructura con un carácter de protección de parte del Estado hacia los más débiles se generarán más voces, no va a haber un monopolio de la información sino que va a haber muchos más. Al haber más jugadores que pueden ingresar en el mundo de la comunicación audiovisual se reparte más el juego. El Estado tiene que regular lo que transita por ese lado porque si no vamos a terminar hablando en castellano neutro o lo único que vamos a conocer de novelas es la problemática de los turcos y esto es lo que me preocupa. Abramos el espectro pero que el camino sea democrático y que las cooperativas tengan lugar. Tienen que poder dar telefonía móvil en condiciones mucho más competitivas que las que tienen actualmente porque hay cooperativas que dan telefonía y servicio de Internet pero ¿con qué costo? Le compran a Telefónica o a Telecom. Hay que imponer reglas claras desde el punto de vista de generación de contenidos audiovisuales como decía la LSCA, necesitamos que haya cuotas de pantalla, producción nacional en las OTT (Televisión o música a la carta) con un catálogo en el que esté nuestra producción. No pueden bajar acá el contenido que se les canta. En el proyecto de ley hemos propuesto que haya un porcentaje semanal, tienen que generar producción nacional. Tenemos 4500 trabajadores de prensa en la calle y esto cada vez se achica más. En la ley de financiamiento político propuse que el 50% de lo que va en plataformas digitales vaya a medios y a agencias del interior. ¿Por qué las agencias de las provincias no tienen que tener publicidad política? Las nacionales y las regionales. No sé si va a salir pero estamos planteando que un 35% de lo digital tiene que ir a las agencias nacionales y un 25% tiene que distribuirse en las agencias regionales. El 80% de la campaña de este año se va a hacer por Google y Facebook.
¿Cuál es el mayor obstáculo que encuentra a la hora de trabajar estos temas en las comisiones?
No veo obstáculos. Presentamos un nuevo proyecto de ley corta de contenidos reformulado, con consensos. En noviembre fue un disparador para discutir el tema. Traté de que sea un proyecto sencillo. Las telecomunicaciones tienen una dinámica en la que siempre hay algo novedoso.
Más allá de la dinámica del sector, las decisiones que se tomaron llevaron a un escenario de mayor concentración.
Totalmente. Además, se han vaciado los medios nacionales, los medios públicos. El Estado se ha quedado sin una voz en lugares estratégicos donde no llega el privado. En la meseta patagónica donde hay un habitante por kilómetro cuadrado no hay medio interesado, prefieren desembarcar en Buenos Aires donde hay 14 millones de clientes. De hecho, en el interior no tenemos ningún G en materia de comunicaciones. Es injusto que en Buenos Aires lo que tenés para una manzana sea lo mismo que para una ciudad en el interior. El Estado tiene que regular eso: si vos me vas a dar ese servicio en una manzana de la ciudad, tenés que darlo también en el interior, en un pueblo de 600 habitantes perdido en el medio de la meseta. Eso tiene un carácter estratégico y geopolítico para un gobierno, es de ocupación territorial. Es una obligación del Estado generar contenidos. Por ejemplo: las AM son carísimas y hoy es muy costoso sostener su funcionamiento. No hay privado que la quiera sostener porque se funde. Hay un vaciamiento en los medios públicos y eso es responsabilidad del Estado. No solo porque han echado muchos compañeros. Hay que resolver la cuestión laboral porque un camarógrafo no puede salir con 7 u 8 personas a hacer una nota, es una concepción del 75, hoy hacés una nota con dos personas. El mundo sindical tiene que acompañar los cambios. El neoliberalismo no piensa en términos de seres humanos sino en términos estadísticos y descarta gente pensando en el número y no en la persona. Por eso, creo que no podemos seguir defendiendo nuestro esquema de trabajo con los convenios del 75 porque vamos a seguir logrando gente en la calle porque el neoliberalismo es impiadoso.
Muchos representantes de este gobierno eran muy críticos del manejo de la pauta durante el kirchnerismo. ¿Cómo ve el manejo de la pauta ahora?
Perdimos federalismo en la distribución de las pautas porque quienes la reciben son los más poderosos en función de una política comunicacional que no es de un Estado sino de un gobierno. Esa es la primera confusión que tenemos en la Argentina. Soy un convencido de que el manejo de los medios públicos tiene que estar en manos de un organismo que no dependa de los gobiernos, que dependa del Estado.
La Bicameral tiene que definir al titular de la Defensoría de la Comunicación Audiovisual, ¿qué perspectivas hay? El 15 de mayo vence el plazo de quien estaba designado hasta el momento, Emilio Alonso.
La idea es normalizar, hay que evaluar la gestión de Alonso. Estamos participando activamente. Hay un criterio que se tiene que priorizar y es que uno de los resultados a demostrar es que se va a federalizar la Defensoría. Hay que pensar en términos institucionales. Tienen que demostrar una gestión pluralista, que no trabaja para un gobierno sino que trabaja para el Estado. No me preocupa la pertenencia partidaria, me preocupan los resultados que se puedan mostrar el 15 de mayo. Mi diferencia no pasa por si son radicales o peronistas, mi diferencia pasa por una grieta que sí es insalvable: si ponemos en el centro de la acción política a la persona y no a los números entonces voy a compartir, ahora si tenemos una mirada neoliberal donde las personas son descartables no voy a estar de acuerdo. Hay que hacer lo posible dentro del contexto en el que nos toca manejarnos. 