“A lo que vamos es a que la comunicación audiovisual converja en internet”

Entrevista a Andrés Gil Domínguez, abogado constitucionalista y experto en derecho a la comunicación en internet. Por Carolina

Entrevista a Andrés Gil Domínguez, abogado constitucionalista y experto en derecho a la comunicación en internet.

Por Carolina Martínez Elebi.

El abogado constitucionalista e integrante de la comisión encargada de redactar el anteproyecto de la nueva Ley de Comunicaciones convergentes, Andrés Gil Domínguez, dialogó con Revista Fibra sobre algunas líneas de la nueva ley, teniendo en cuenta la convergencia, la situación del sector de gestión no comercial, y el rol del Estado, entre otros temas centrales del debate.

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El anteproyecto de ley de comunicaciones, según algunos funcionarios, tiene como eje la convergencia. Teniendo en cuenta las diferencias que existen entre los servicios audiovisuales y las telecomunicaciones, ¿cómo están pensando el proyecto de ley?

La idea es generar un anteproyecto de comunicaciones convergentes que tenga una mirada sistemática de la regulación de la comunicación audiovisual y de las telecomunicaciones. Este cambio se está dando en una instancia temporal particular, porque estamos viviendo un proceso de un futuro convergente que ya está pero que no es masivo y un pasado no convergente que hoy es masivo pero que nos está dejando. La idea de radio AM, FM y televisión abierta en el espacio radioeléctrico, o la idea del cableoperador como un ente con capacidad de transmitir lo audiovisual pero no telefonía o internet, poco a poco se va diluyendo pero todavía está presente y es muy masivo. A lo que vamos es a que la comunicación audiovisual, incluso la prensa escrita, converja en el ámbito de internet.

Entonces, la idea es una ley que mire ese futuro que ya está viniendo y, a su vez, también regule este pasado que nos está dejando. No queremos hacer ni una ley anclada en el pasado que no mire el futuro, ni una ley que mire solamente el futuro y no se haga cargo de este pasado. Esta es un poco la idea, teniendo como punto esencial el acceso a internet como un derecho humano, como un derecho fundamental, como una precondición de la democracia. Pero también manteniendo algunas cuestiones nodales que planteó la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA), como la idea de que los prestadores de la comunicación audiovisual sean, por partes iguales, entre los medios públicos, los de gestión privada no comercial y los de gestión privada comercial.

Ese es un poco el mandato que se nos ha dado como comisión en el acto administrativo de designación y, también, el que nos dio la Cámara de Diputados al aprobar el DNU 267, dándole un carácter transitorio al decreto, como resultado de lo que nosotros propongamos.

¿Cuáles serían los otros aspectos que mantendrían de la LSCA o de la ley Argentina Digital (LAD)?

Me parece que de la LSCA, lo que vamos a rescatar, fundamentalmente, es esa mirada de apoyo al sector de gestión privada no comercial, porque me parece que apoyando a ese sector con políticas de fomento para que pueda acceder a internet, que pueda tener sus radios o su televisión en internet, que pueda generar sus contenidos audiovisuales, es una forma de fomentar el pluralismo y la diversidad.

Además, una discusión que está en ciernes es si el tema de los medios públicos lo vamos a tratar en esta ley o si va a ser tratado en una ley aparte. Estamos viendo si la densidad de medios públicos no amerita una ley aparte por la especificidad de la materia, porque quizás el modelo que se pueda elegir para los medios públicos sea distinto al modelo que se utilice para los otros dos sectores. Es un tema que está en discusión, no está definido.

Mencionaste al sector de gestión privada no comercial en internet, ¿eso significa que no se les asignaría el uso de espectro radioeléctrico para radios AM, FM o televisión abierta?

Es que, poco a poco, el espacio radioeléctrico se va a apagar respecto de los servicios de comunicación audiovisual y se va a utilizar para otras cuestiones y otros objetivos. Es decir, todo lo que es AM, FM y televisión, va a pasar a estar en internet y te lo van a prestar a través de internet. La telefonía también, va a pasar completamente a ser telefonía IP y vas a tener una tarifa plana. A través de la telefonía vas a tener servicios over the top (OTT).

En lugar de tener una licencia que te otorga el Estado para ocupar un espacio en un ámbito que es un bien común de la humanidad, que es el espacio radioeléctrico, solamente vas a necesitar un “triple w” para tener tu radio y tu señal de televisión. Me parece que hacia eso estamos yendo y hacia ahí pretende ir esta ley, con un marco regulatorio basado en la diversidad, el pluralismo y el acceso integral a internet.

En las reuniones de la comisión redactora del anteproyecto, ¿ya saben quiénes podrán ser licenciatarios?

La comisión se reúne cada 15 días para debatir tema por tema para una posterior redacción, y cada 15 días alternados, la comisión se reúne en el Centro Cultural Kirchner para recibir a cámaras, sindicatos, ONGs y universidades, para escuchar, intercambiar ideas, hacer una construcción colectiva con los sectores. Además, vamos a propiciar seminarios internacionales para que se debatan ciertos temas puntuales y se van a realizar actividades académicas en varias universidades. Por ejemplo, ahí se podrá debatir sobre los licenciatarios y podría debatirse cómo tendría que ser un órgano o autoridad de aplicación en un ámbito convergente, que es un ámbito con premisas científico-tecnológicas distintas a las que se tuvieron en cuenta para redactar la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, porque esta ley nunca miró el fenómeno de internet.

Queremos que este proceso de elaboración del anteproyecto sea lo más participativo, lo más amplio posible. Estamos viendo si las reuniones quincenales con los distintos sectores pueden ser transmitidas en vivo a través de streaming. Cuando esté el anteproyecto, se elevará al Poder Ejecutivo, ahí verán si le quieren hacer correcciones o no, la elevará al Congreso y ahí comenzará un nuevo debate que va a estar más en un plano técnico-político. Ahora se trata de un plano estrictamente técnico, no exento de ciertas cuestiones políticas, pero técnico. Nuestra labor termina el día que todos los miembros de la comisión firmamos el anteproyecto y se lo elevamos al Poder Ejecutivo. Labor que, en el caso de todos, pero especialmente en el mío, es ad honorem.

Teniendo en cuenta el escenario convergente que están pensando, ¿quienes podrían ser licenciatarios?

Lo que pasa es que lo que estamos discutiendo en ese futuro convergente masivo es cómo tiene que ser una licencia o si, necesariamente, tiene que ser la misma licencia de ahora. Porque en internet, que es teóricamente un ámbito infinito, es distinta la regulación que tenés que tener que si fuera en el espectro o si fuera con el cableoperador, que podría tener un monopolio o posición dominante y concentrada.

Claro, pero el anteproyecto de ley debería estar redactado en menos de 180 días, y las radios FM, AM y la televisión abierta que existen actualmente, no van a dejar de transmitir en ese período. Entonces, ¿cómo se regularía?

No, claro. Por eso, también estamos pensando en regular este presente que nos está dejando. Vamos a decir “mientras se mantengan las radios AM, FM y la televisión abierta en el espacio radioeléctrico y sea analógica, va a haber un límite de licencias”, porque es un espacio finito. Ahora, si se apaga lo analógico y se pasa a digital, que puede ser un período de transición, ese régimen de licencias podría variar, porque ya el espacio radioeléctrico que utiliza lo digital es mucho más pequeño que lo que utiliza lo analógico. Y el día que todo esté en internet, el régimen va a ser distinto.

Y mientras se siga en esta transición, ¿cuál sería la idea de los plazos que deben tener las licencias de los servicios de comunicación audiovisual?

Todavía no lo hemos discutido, pero a mí me parece que los plazos establecidos en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual eran razonables. Lo que vamos a discutir es la renovación de las licencias, sobre la base de lo dispuesto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Granier vs. Venezuela, que impone determinados parámetros totalmente distintos a los que imponía la LSCA. En realidad, vamos a tratar de cumplir con todos los estándares de la Relatoría de Libertad de Expresión sobre distintos temas. Vamos a tratar de cumplirlos adecuándolos a nuestro régimen, porque ellos te dicen que hay que crear un “órgano autónomo”, pero nosotros no podemos crear un órgano autónomo porque nuestra Constitución no nos lo permite, pero intentaremos que sea lo más autónomo posible.

¿Qué rol tendría el Estado?

El Estado tiene que ser un lugar de fomento y un lugar de control. El fomento mediante políticas públicas activas para los miembros del sector de gestión privada no comercial, que va a pasar, principalmente, por el acceso a internet. El Estado tiene la Red Federal de Fibra Óptica (REFEFO) que, iluminada, se puede usar la última milla con sentido social.

¿Qué tienen pensado para la conformación del órgano de aplicación de la ley?

El desafío es realmente hacer un órgano autónomo y autárquico, porque AFSCA y AFTIC fueron vendidos como con un funcionamiento muy autónomo y todas las decisiones que se tomaban, si vos querías ir a la justicia, previamente tenías que agotar la vía administrativa y pasar por el Presidente o las licencias se daban a través de un acto administrativo del Presidente, no del Director de AFSCA. Entonces, hay ciertas cuestiones quizás técnicas, no tan políticas, que hacen que el órgano sea más autónomo.

Vamos a salir del esquema del DNU 267, desde el nombre hasta la composición. Este es un régimen de transición. Después, también, vamos a ver los otros órganos. Va a haber un Consejo Federal de Comunicaciones Convergentes, que estamos discutiendo por qué sectores deberá estar conformado, porque los Consejos Federales de las distintas leyes tenían miradas totalmente distintas. En comunicación audiovisual había una mirada muy sectorial de la comunicación audiovisual. El consejo lo integraban miembros de facultades de universidades públicas que tengan la carrera Ciencias de la Comunicación. Por otro lado, la ley Argentina Digital tenía una mirada orientada más a los derechos de usuarios y consumidores. Eso lo tenemos que reelaborar y volver a definir de acuerdo a lo que serían las comunicaciones convergentes, porque van a ser bienes culturales pero también asociados a los derechos de usuarios y consumidores.

Teniendo en cuenta la particularidad de los bienes culturales, ¿cómo podríamos protegerlos en un ámbito como el de la Organización Mundial del Comercio (OMC) con una ley convergente que hable en términos de mercado con usuarios y consumidores? ¿Qué pasaría con las excepciones culturales?

Bueno, está en un punto de debate. Cómo combinar lo audiovisual, como un bien cultural, con las telecomunicaciones, como un bien de servicio. Ahora, me parece que el punto de partida es el artículo 42 de la Constitución Nacional (CN) que habla, claramente, de mercados y de derechos de usuarios y consumidores.

Si yo me pongo en una lectura normativa y dogmática de nuestra Constitución, no encuentro que diga que la comunicación audiovisual sea un bien cultural que tenga que tener un tratamiento distinto de otros bienes esenciales. Ahora, si voy a determinados Tratados que tienen menos jerarquía que la CN, pero más jerarquía que las leyes, sí lo encuentro, y ahí es donde tengo que hacer este ensamble.

Mencionaste que se van a salir del esquema del ENACOM. ¿Hacia dónde les interesa ir para diferenciarse de este esquema?

Hacia una conformación donde tenga más presencia el Congreso, y miembros que provengan de un nuevo Consejo Federal y donde tenga más presencia esta conjugación de representación de comunicaciones convergentes. No solamente la mirada que tenía la LSCA ni la mirada que tenía la LAD. Todavía no hemos hablado de números de representantes, pero la idea es que siempre será un número impar y el Presidente de la Nación va a designar al Director, seguramente.

Según nuestra Constitución, el único órgano extra poder es el Ministerio Público. Cualquier otro órgano que se cree tiene que depender de alguno de los tres Poderes, porque no se puede crear por ley un órgano extra poder porque la CN no lo permite. Entonces, todo órgano que se dedique a administrar, naturalmente tiene que estar en la esfera del Poder Ejecutivo. Ahora, aun dentro de esas limitaciones, lo que estamos tratando de ver es cómo lo dotamos de una mayor autonomía técnica.

Sobre el fomento al sector de gestión privada no comercial, mencionaste el acceso a internet para que distribuyan sus contenidos. ¿Hay algo contemplado para fomentar también la creación de esos contenidos?

Eso lo estamos discutiendo, pero mi perspectiva es que tiene que ser con políticas públicas de fomento para que estos sectores que hacen una parte no comercial tengan los enseres necesarios y suficientes como para que puedan estar en ese ciberespacio, no sé si compitiendo, pero compartiendo las mismas posibilidades que otros.

Otros mecanismos de fomento pueden ser los subsidios para la creación de contenidos audiovisuales, porque si no el sector no comercial cómo va a crear contenidos. Ese es uno de los temas que se está conversando, el de cómo garantizarle a ese sector, en la convergencia, la creación de contenidos y la prestación de servicios de radio, TV y telefonía. Una de las grandes luchas que han dado las cooperativas es la posibilidad de dar triple play.

El 8 de abril se realizó la audiencia pública ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y el DNU 267, ¿cuál es tu reflexión sobre lo que sucedió?

Me parece que fue muy positivo porque los peticionantes plantearon sus críticas a un orden jurídico de transición y el Estado argentino escuchó, recibió las críticas, contestó y puso en marcha esta comisión que, efectivamente, hace del DNU 267 una mera norma de transición.

De hecho, muchas de las organizaciones que fueron a Washington están invitadas y muchos de los expositores académicos y reconocidos también van a ser invitados. Tengo la suerte de estar en contacto con todo el mundo y llevarme bien con todos, reconocer las diferencias pero sobre todo apostar a la fraternidad. A mí me parece que esta ley la tenemos que hacer realmente entre todos y hacerla sin ningún sesgo de origen de anti algo. Esta ley tiene que ser la mejor ley posible para regular a todos por igual, sin que tenga ningún destinatario a priori.

Lo más paradojal del DNU 267 es que quienes más lo han utilizado y más se han beneficiado de este régimen de transición que tanto fue criticado, y quizás, en algunos aspectos con razón, fueron los grupos de medios que habían apostado a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Esos son los medios que ahora vendieron licencias a través del DNU 267.

También hay cosas rescatables del 267, porque la ley Argentina Digital permitía que entraran las telcos a dar servicios de comunicación audiovisual sin ningún tipo de límite, excepto por el de las licencias de la LSCA. Era permitirle a grandes multinacionales competir con los cableros del interior. Entonces, el decreto 267 lo que impuso fue una barrera temporal de dos a tres años, lo que me parece rescatable porque ha beneficiado a cooperativas, a cableros del interior, que es la parte del sector comercial más débil.

Quienes también se vieron beneficiados por el decreto 267 fueron Fintech, con la compra de Telecom, y Cablevisión (Grupo Clarín) con la compra de Nextel. En el medio de ambos grupos, como nexo, está David Martínez. ¿Cómo ves vos eso?

Con la anterior ley no se podía hacer. En el escenario presentado por el 267 se puede hacer, en la medida en que eso no implique un abuso de posición dominante en el mercado convergente. Eso ahora está aprobado por el ENACOM. Eventualmente, frente a alguna presentación o denuncia, tendría que ser evaluado por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia.

Una cosa es si David Martínez puede hacer esto, según este régimen vigente. La respuesta es que sí, puede tener una participación en servicios de comunicación audiovisual, en este caso Cablevisión, y, por otro lado, puede tener telecomunicaciones. Ahora, ¿esto implica o no una violación a la ley de Defensa de la Competencia que prohíbe abuso de posiciones dominantes? Si hablamos de mercado convergente, podés tener las dos cosas pero no un abuso de posición dominante en el mercado.

El otro tema es si Telecom puede hoy dar servicios de comunicación audiovisual. Ahí la respuesta es no, porque el decreto 267 se lo prohíbe. Con la ley de telecomunicaciones sobre la que actualmente estamos trabajando, la idea es que, en algún momento, todos puedan dar todo.

¿Y cuál es la idea acerca del rol del Estado en el sector de las telecomunicaciones?

El Estado tiene, en la actualidad, el Programa Argentina Conectada, la REFEFO y los satélites de ARSAT. Esto es acceso a internet y última milla. La idea es que con la utilización social de última milla, el día de mañana puedas contratar cualquiera de las más conocidas que hay hoy y la de alguna cooperativa, porque la telefonía va a ser por IP.

La comisión redactora

La comisión encargada de redactar el anteproyecto de la nueva Ley de Comunicaciones, que unificará las leyes de Servicios de Comunicación Audiovisual y de Telecomunicaciones, está bajo la coordinación de Silvana Giudici, miembro del Directorio de ENACOM y ex presidenta de la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados. Además, está integrada por el filósofo Santiago Kovadlof; el constitucionalista y experto en derecho a la comunicación en internet, Andrés Gil Domínguez; el secretario de las TICs, Héctor Huici; el director de ENACOM, Alejandro Pereyra; y el vicepresidente de ARSAT, Henoch Aguiar.

La comisión, asimismo, convocará a representantes de consumidores, sindicatos, cámaras, periodistas y a diversos intelectuales y especialistas para la redacción de un marco regulatorio plural y moderno que contemple las nuevas Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), internet, redes de telecomunicaciones y los medios audiovisuales de manera integral y convergente.

Esta comisión funcionará en el ámbito del Ministerio de Comunicaciones durante un año y elaborará el anteproyecto de ley. Posteriormente, el Presidente de la Nación remitirá la propuesta al Congreso para su posterior debate y tratamiento parlamentario.

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