El derecho a la comunicación en (el gobierno de) Duda.
Por Luis Lozano
En Polonia, desde la asunción del presidente Andrzej Duda, se tomaron diversas medidas claves de los modelos neoconservadores, entre las que se destacó un cambio en la regulación del sistema de medios a favor del mercado y, en particular, en beneficio de algunos actores. Sin embargo, la Comisión Europea, como espacio multilateral, aplicó por primera vez en la historia el mecanismo de salvaguarda del Estado de Derecho de la Unión Europea, con el objetivo de poner un límite a medidas que atentan contra los derechos humanos.
Desde el 6 de agosto de 2015, Polonia tiene nuevo presidente. Andrzej Duda llegó al poder por el partido Ley y Justicia, la expresión polaca del nacionalismo católico de ultraderecha. Centró su campaña en el endurecimiento del código penal y el restablecimiento de la pena de muerte, en el marco de un discurso que incluye la lucha contra la corrupción, y la oposición al matrimonio entre personas del mismo sexo, a las regulaciones de muerte digna y a toda revisión de la política punitiva para los consumidores de drogas. El partido se considera europeísta, en el sentido de que no postula -como sí lo hacen otras expresiones nacionalistas- la disolución de la Unión Europea. Sin embargo, rechaza buena parte de las políticas comunitarias (en especial las vinculadas a derechos de las personas migrantes) y se enrola en el Grupo de Conservadores y Reformistas Europeos (GCRE), la alianza surgida en 2009 en el Parlamento Europeo.
Las elecciones de mayo de 2015 en Polonia enfrentaron a Duda con el entonces presidente y representante del partido de derecha liberal Plataforma Cívica, Bronisław Komorowski, quien buscaba su reelección. A pesar de que los sondeos daban una amplia ventaja a favor de Komorowski hasta pocas semanas antes de la primera vuelta, la elección la ganó Duda por menos de un punto: 34,76% a 33,77%. Ante estos resultados, los dos primeros candidatos fueron a balotaje y Duda se impuso por 3 puntos. Ni la prosperidad económica, ni lo que los medios locales denominaron “campaña del miedo” contra Ley y Justicia, alcanzaron para frenar la escalada conservadora.
A pesar del triunfo, todos los analistas internacionales advertían que el nuevo gobierno estaría obligado a negociar con el parlamento y con la primera ministra liberal, Ewa Kopacz, para formar una coalición, como ocurrió con cada presidencia polaca desde que se inició la transición a la democracia republicana, en 1989. Pero a fines de octubre, Ley y Justicia ganó también las elecciones parlamentarias con una mayoría tal que le permitió imponer a su propia candidata a primera ministra, Beata Szydlo.
Cambiemos
Con la formación del nuevo gobierno y la mayoría propia en el parlamento, al presidente Duda no le tembló el pulso para avanzar con golpes certeros sobre los pilares de la institucionalidad democrática. En los primeros 45 días de mandato anuló los nombramientos de cinco jueces del Tribunal Constitucional realizados por la administración anterior y nombró, en su lugar, cinco magistrados propios. A continuación, impulsó y aprobó una reforma del tribunal que dispone que todas las decisiones deberán contar con una mayoría de dos tercios, en lugar de la mayoría simple requerida hasta ahora. Será igualmente necesaria la presencia y el voto de al menos trece de los quince jueces que integran el tribunal, cuando hasta ahora bastaba con nueve de ellos. También reformó la ley del Ministerio Público para terminar con la independencia del organismo respecto del Poder Ejecutivo; desplazó al Procurador General y puso al ministro de Justicia como cabeza de los fiscales de todo el país.
La reforma judicial se promulgó el 28 de diciembre. Dos días después, la mayoría oficialista aprobó en el parlamento una profunda modificación a la regulación de los medios audiovisuales. La nueva normativa brinda al Ejecutivo un control absoluto sobre los medios públicos, cuyas cadenas de radio y TV son líderes en audiencia en el país. Además, implicó el despido automático de los directivos de los medios públicos y la eliminación del procedimiento abierto, transparente y participativo para la selección de los miembros de los consejos de dirección y gestión. También estableció que el gobierno puede nombrar de manera directa y remover sin expresión de causa a los directores, a sola firma del ministro de Hacienda. Luego de la sanción de la nueva ley, todos los directores fueron apartados de sus cargos y reemplazados por funcionaros afines al gobierno. Además, la reforma recortó las facultades de control del Consejo Nacional de Radiodifusión (KRRiT), un órgano constitucional que funciona como autoridad de aplicación de toda la regulación sobre medios audiovisuales y que era responsable de la supervisión de las emisiones de los medios públicos y de la contratación de su personal.
La Federación Europea de Periodistas (rama europea de la Federación Internacional de Periodistas), la Asociación de Periodistas Europeos, la Unión Europea de Radiodifusión y diversos organismos de derechos humanos denunciaron el grosero recorte a la diversidad en el sistema de medios impulsado por el gobierno polaco. En particular, la Fundación Helsinki para los Derechos Humanos (HFHR), uno de los organismos europeos más prestigiosos con sede en Varsovia, analizó la nueva regulación a la luz de los estándares de libertad de expresión de la UE y consideró que la reforma representa una violación del pluralismo mediático.
La declaración de la HFHR remarcó que las iniciativas impulsadas por el Ejecutivo “son contrarias a las normas europeas fundamentales que abogan por la máxima independencia de los medios de comunicación públicos de cualquier influencia gubernamental”. La organización también criticó la precipitada aprobación del proyecto de ley que bloqueó cualquier debate al respecto.
La respuesta de la Unión Europea
Pocos días antes de la sanción del proyecto, la Fundación Helsinki hizo un intento desesperado por frenar la iniciativa: exigió al gobierno que consultara a la Comisión de Venecia (European Commission for Democracy through Law) -un órgano consultivo del Consejo de Europa formado por expertos en derecho constitucional-, para que se pronunciara sobre la compatibilidad de la reforma con los estándares constitucionales europeos. El vicecanciller polaco rechazó el pedido. “No hay necesidad de molestar a la Comisión”, dijo.
Sin embargo, el 13 de enero, una semana después de que se aprobara la nueva ley, la Comisión Europea envió una nota oficial al gobierno de Varsovia en la que expresaba su preocupación por las reformas sobre el Tribunal Constitucional y la regulación de los medios, y anunciaba la puesta en marcha por primera vez en la historia del mecanismo de salvaguarda del Estado de Derecho de la UE.
Este mecanismo, adoptado por la Comisión en 2014, fue pensado para actuar ante situaciones de quiebre institucional que amenacen la vigencia del Estado de Derecho en alguno de los países que forman parte del bloque. De manera similar operan en nuestra región la carta democrática de la OEA, el compromiso democrático del MERCOSUR o Protocolo de Ushuaia, adoptado en 1998, y la cláusula democrática de UNASUR, surgida en 2010 tras el intento de golpe de Estado en Ecuador.
La activación del mecanismo fue recibida con sorpresa por los funcionarios polacos, que intentaron restarle gravedad al asunto y atribuirlo a la histórica rivalidad entre el Este y el Oeste europeos. En palabras del vocero presidencial, “es una medida de búsqueda de información que hace la Comisión basándose en algunas especulaciones que han surgido en Europa occidental”. El ministro de Justicia fue un poco más lejos y acusó a la Comisión de “intentar ejercer presión” sobre las autoridades nacionales.
Lo cierto es que a lo largo de los dos meses siguientes se multiplicaron los pedidos de información al gobierno. A principios de febrero, una delegación de la Comisión de Venecia visitó Polonia y un mes más tarde emitió un informe lapidario en el que se pronunció respecto de las reformas en el Tribunal Constitucional y consideró que ponían en riesgo la democracia y los derechos humanos. En los primeros días de abril el vicepresidente de la Comisión Europea, Frans Timmermans, y el secretario general del Consejo de Europa, Thorbjoern Jagland, se encontraban en Varsovia en visita oficial. Al término de este período de diagnóstico, la Comisión deberá emitir una serie de recomendaciones al Estado polaco y, a continuación, deberá diseñar un esquema de seguimiento.
En última instancia, si las violaciones a los valores comunitarios son “graves y persistentes”, puede proponer imponer sanciones, que incluyen la suspensión del derecho de voto del país en el Consejo de la UE.
Laberinto de espejos
A esta altura, explicitar el paralelismo entre la experiencia polaca y lo sucedido en Argentina a partir del inicio del gobierno de Mauricio Macri es una tentación inevitable. La llegada al poder de una nueva expresión política de derecha, los intentos por controlar la Corte Suprema evadiendo mecanismos constitucionales y, en especial, la reforma de normativas vinculadas a los medios de comunicación y el desmantelamiento de sus organismos de aplicación, parecen medidas sacadas de un manual para ser ejecutadas por los dos gobiernos al mismo tiempo, a más de 12 mil kilómetros de distancia.
Al margen de esas similitudes, el caso polaco demuestra el valor de los sistemas regionales de protección de los derechos humanos y la referencia ineludible que constituyen los estándares de libertad de expresión y derecho a la comunicación forjados por esos mismos sistemas. Sobre el cierre de este artículo, el gobierno argentino afrontaba una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), solicitada por la Coalición para una Comunicación Democrática, para brindar explicaciones acerca de las reformas que realizó por decreto a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA). No se trata de buscar afuera lo que no se puede lograr en el país, como pretendieron presentarlo algunos cronistas, poseídos por un brote de antiimperialismo tardío. Se trata de apelar a consensos básicos sobre políticas de derechos humanos que han sido forjados a lo largo de las últimas tres décadas por nuestras sociedades, con un costo muy alto, en especial para los sectores populares. Esos mínimos consensos alcanzados forman parte de un paradigma de desarrollo con inclusión y respeto por los derechos humanos.
El modelo europeo, con la activación inmediata del mecanismo de resguardo del Estado de Derecho y la intervención de la Comisión de Venecia ante el desborde polaco, otorga un lugar central a las políticas públicas de comunicación, entendidas como un pilar del Estado de Derecho. El avance sobre este marco legal para garantizar un control combinado por parte del Estado y de grupos privados con posiciones dominantes representa una amenaza al pluralismo y a la convivencia democrática. La respuesta de la Comisión Europea no deja dudas al respecto.
En Argentina, en tanto, la búsqueda de someter las políticas macristas al confronte con los estándares de derechos humanos evidencia, por un lado, la eficacia de esta vía para poner un límite a los avances autoritarios, pero también pone de manifiesto la necesidad de fortalecer los mecanismos regionales de protección mutua entre los estados latinoamericanos. Con el Sistema Interamericano como guía, por su experiencia y trayectoria acumulada, pero también con otros espacios multilaterales que puedan fortalecerse al sur de Washington o San José de Costa Rica.
Desde esa perspectiva, la respuesta de UNASUR y MERCOSUR ante este tipo de fenómenos todavía resulta deficitaria. ¿Qué ocurriría si ante las reformas impulsadas en Argentina se activara la cláusula democrática de UNASUR o el mecanismo surgido del compromiso democrático del MERCOSUR, como el propio Macri reclamó aplicar contra Venezuela? ¿Qué hubiera pasado si el PARLASUR se encontrara en funciones y pudiera conformar una comisión evaluadora del caso argentino? En lugar de eso, una de sus parlamentarias permanece privada de su libertad desde hace tres meses en el marco de un proceso judicial que violenta toda las garantías constitucionales.
En los últimos años, se han producido en nuestro país avances enormes en cuanto al reconocimiento de las obligaciones del Estado en materia de pluralismo y diversidad. Este reconocimiento ha sido un compromiso de los tres poderes, tal como quedó evidenciado en el largo proceso de entrada en vigencia de la LSCA: el Ejecutivo, el Legislativo y la Corte Suprema ratificaron entre 2009 y 2013 la necesidad de contar con políticas públicas que garantizaran un piso mínimo de equidad en el acceso al debate público.
Defender esa conquista y evitar nuevos retrocesos, es defender principios universales de derechos humanos. Defender el derecho a comunicar es defender la democracia. De acá a Varsovia.