Tarifas y paquetización: los usuarios cautivos

¿Cómo inciden los servicios de comunicación en la canasta de gastos totales de los argentinos? ¿Qué sucede con los servicios que ahora se ofrecen “paquetizados”?

Mucho se ha argumentado sobre las relaciones entre la política de (des)regulación, las capacidades de lobby y despliegue de inversiones de empresas o entes públicos prestadores de servicios, y los juegos de poder asimétricos durante la denominada «transición a las comunicaciones convergentes». Especialmente debido a que la técnica del pastiche normativo y los avances fácticos de la mega fusionada Telecom-Cablevisión con aval del oficialismo, más los movimientos del resto de las telcos, cableras, proveedores de servicios de Internet y sus múltiples entrecruzamientos subsumen los derechos de audiencias audiovisuales y de usuarios TIC a cálculos enteléquicos de política y mercado.

En este artículo se tratará una mirada desde regresividad de derechos en relación a un punto de vista sencillo: el impacto mensual de los servicios en el bolsillo de las y los argentinos.

¿Cuál es la incidencia del costo de los servicios sobre la canasta de gastos de la población? ¿Cuál debería ser una «canasta básica de consumos de información y comunicación» de acceso universal? Tras las consignas de la política pública sectorial, deben construirse indicadores materiales de asequibilidad, combinados por servicios que ahora se ofrecen también paquetizados.

Pagando estaban los televidentes

Desde una mirada de tutela de derechos audiovisuales durante décadas se ha alertado sobre la naturalización del pago-para-ver televisión, en un modelo de negocios que ubicó a la penetración de la TV por suscripción ya a fines de la década de los ’90 en rangos ubicados entre el 78 y el 82% de los hogares argentinos.

No alcanzaron las políticas de despliegue de señales y productoras que intentaron diversificar y regionalizar la producción, distribución y emisión de contenidos. No despegó la Televisión Digital Terrestre por un combo de razones imposible de sintetizar aquí, pero claramente resultaba una interferencia en los modelos de negocios de prestadores incumbentes consolidados1.

Detrás del marketing de la restauración del pago-para-ver fútbol en agosto de 2017, con un costo inicial de $300 mensuales, se naturalizó la asunción del costo indirecto para el cliente que consiste en la imprescindible contratación del deporte vía abono a la Televisión por Suscripción por cable o satelital.

El resultado: familias aún con las clásicamente denominadas «necesidades básicas insatisfechas», pagan para ver TV. Dicho de otro modo, pobres e indigentes tienen cada vez más dificultado el acceso material —y las políticas públicas lo desalientan— a una oferta diversa y plural de contenidos audiovisuales en abierto. Y el fútbol por TV es «otro lujito» de la clase media.

Sutilezas del marco normativo: sale la gratuidad y entra la accesibilidad quizás asequible

No bastaron los artículos 8, 77 y 80 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual vigentes para garantizar la gratuidad en la efectiva recepción de contenidos audiovisuales por parte de una amplia mayoría de la población. Su implementación fue negada por la entelequia de dispositivos institucionales que el Gobierno dispuso desde el Decreto de Necesidad y Urgencia 267/15 (sustitución del COFECA con el nuevo consejo paralizado y gubernamentalización de la toma de decisiones).

También fue derogado el criterio de Abono Social para la televisión de pago (art. 73 LSCA), por cuanto se aseguró que los criterios de inclusión al consumo audiovisual quedaron a cargo de las promociones que pudieran ofrecer las prestadoras y sus inefables sistemas de filtrado de reclamos en los respectivos call centers, sólo apelables a Defensa del Consumidor.

Finalmente, el sentido común reconstruido, en un mundo de apelaciones a la red de redes, con estados críticos de los modelos de negocios de la televisión tradicional totalmente desincentivados por las políticas públicas, lleva a la pregunta: ¿por qué no dejarse de joder con el audiovisual y pasar a las plataformas digitales —desreguladas— en Internet?

La transición de este razonamiento podría confluir con una mirada moderna de garantía de ciudadanía comunicativa: ¿no debería considerarse ampliar el criterio de tarifa social para la provisión de servicios de acceso a Internet? Negar el acceso a Internet por vías indirectas de costes inasequibles supone una restricción al ejercicio de los derechos humanos, de acuerdo a la doctrina recogida en los modernos instrumentos de las Naciones Unidas (2016)2 y diversas declaraciones de organismos multilaterales. Este planteo, aún lógico con una economía del excedente donde la vaca lechera del abono de cable confluye con la vaca lechera del abono a Internet, parece estar vedado por el dogma discursivo y las práctica macroeconómicas.

En tiempos de ajuste de consumos y ajuste de subsidios: se analizan recortes de la inversión pública en el transporte público y en la energía para sectores vulnerables… ¿puede pensarse en subsidiar Internet? ¿Y en controlar los costos y las tarifas de las empresas prestadoras? ¿O sólo se trata de confiar meteorológicamente en la lluvia de inversiones, en el despliegue de la fibra óptica pública y la negociación del Mega mayorista por ARSAT, mientras la cautividad pasiva de millones de clientes que priorizan «comunicaciones» por sobre otros gastos espera una baja de precios «por competencia competitiva»?

Lo que se permite y lo que no se mide

Los cambios producidos por el choque del criterio infraestructural-convergente de las telecomunicaciones contra los paradigmas del sistema audiovisual puso contra las cuerdas a todo el esquema de la radiodifusión. En las políticas públicas es notorio el desdén hacia todo lo referente a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual: lo que no fue derogado resulta ignorado, como el control de las pautas de contenidos y cuotas de pantalla fijadas en el Capítulo V, e incluso mediante el dictado de resoluciones de must carry que reinterpretan a la propia Ley. Son prácticas normativas que van al filo de la revisión judicial (de hecho, el propio DNU 267/15 ha sido denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tras el no tratamiento de la causa por la Corte Suprema de Justicia).

La doble vara aplicada desde la administración del ENACOM es palpable: se prolongan las tensiones, marchas y contramarchas con pérdida de expectativas respecto de asignaciones de frecuencias radioeléctricas para servicios de radio y TV, mientras se da vía libre a las licencias TIC; se complican y sub ejecutan las líneas de fomento FOMECA mientras el Fondo de Servicio Universal fluye bajo criterios que merecerían mayor análisis; las oficinas de la ex AFSCA se subsumieron dentro de un esquema signado por la mirada mercadotécnico-infraestructural.

Y nadie parece acordarse de la Ley Argentina Digital sobre precios y tarifas justas y razonables: «ARTÍCULO 48. — Regla. Los licenciatarios de Servicios de TIC fijarán sus precios, los que deberán ser justos y razonables, cubrir los costos de la explotación y tender a la prestación eficiente y a un margen razonable de operación».

Al menos, al cierre de 2018, el seguimiento de precios que realiza la Dirección Nacional de Desarrollo de la Competencia en Redes y Servicios del ENACOM lleva a la publicación de informes trimestrales y anuales de precios por servicio en la página de Enacom https://indicadores.enacom.gob.ar/Informes.aspx. También, el organismo hace otros seguimientos de aumentos, especialmente de telefonía fija y comunicaciones móviles que mensualmente remite al INDEC para constituir el Índice de Precios al Consumidor. Pero no miden aún la evolución de los precios de TV de pago ni las ofertas por servicio y ofertas conjuntas.

Esta es una deficiencia de las máximas autoridades del Gobierno que permiten desde 2019 el inicio de ofertas paquetizadas en un máximo contexto desregulado, bajo un diagnóstico compartido de mayor concentración de prestadores, con posiciones dominantes en segmentos del mercado integrado sin controlar, con clientelas cautivas de servicios de irregular calidad de acuerdo al área geográfica que se trate, y con la cancha inclinada hacia la «mega fusionada», autorizaciones del ENACOM y la Secretaría de Comercio —siguiendo a la CNDC— mediante3. El Gobierno no ha medido el impacto de sus medidas telecomunicacionales en los bolsillos de los argentinos, ni aún en las principales ciudades del país. Esperemos que prosperen los proyectos de hacerlo durante 2019.

Argumentos frente a las brechas

Durante las exposiciones realizadas entre agosto y setiembre en Diputados a raíz de la finalmente archivada «Ley Corta» de despliegue de infraestructuras, el contrapunto de casos aportados por especialistas convocados por la Comisión y representantes de gobiernos provinciales y cámaras del sector audiovisual demostró la vigencia de una teoría del derrame siempre incompleto de las innovaciones tecnológicas. Aludiendo a los anchos de banda para conectividad de Internet y la capacidad de oferta de las principales empresas en formatos de productos paquetizados, se ha ilustrado cómo éstos se producen «gracias a la competencia» en municipios prósperos del Área Metropolitana de Buenos Aires (caso Claro en Vicente López), mientras que la conectividad de banda ancha fija o móvil y la diversidad de prestadores de servicios brillan por su ausencia a tan sólo 20 kilómetros de la Ciudad de Córdoba, en localidades pequeñas o en zonas postergadas.

El diagnóstico común es reconocido: el diseño de servicios de los prestadores oligopólicos a nivel nacional buscan maximizar el negocio en áreas urbanas y solventes, garantizando su excedente que en el mejor de los casos se reinvierte para fortalecer las respectivas posiciones dominantes. Frente a ellos, los prestadores regionales, PYMEs, cooperativos o SAPEM, sin disponer de espectro propio para telefonía y datos móviles y contando con el placebo de la posibilidad de ser Operadores Móviles Virtuales, despliegan sus estrategias y sus mañas para al menos sobrevivir a mediano plazo.

Los estadísticos que han mostrado los funcionarios del Poder Ejecutivo en la Comisión de Comunicaciones e Informática reflejaron una idea de progreso condicionada por el modelo de negocios planteado por las mencionadas corporaciones. Son razones de fe en ese modelo de progreso por desregulación, las que les sirvió de base para fundamentar ese proyecto de ley.

No existe explicación más que la cartelización respecto de la dispersión de precios que las grandes empresas prestatarias venden 1 Mega a los prestadores minoristas. Se han referido situaciones de discriminación, ya que hay ciudades de Santa Cruz donde el mega se está pagando hasta 80 dólares, cuando en otros casos su valor oscila entre 40 y 50 dólares, y el algunas otras regiones o ciudades capitales el precio puede ser de 15 dólares, dependiendo del convenio o el arreglo que se haga con cada una de las empresas.

Algunas comprobaciones

Visto desde el lado del usuario-consumidor, retomamos la pregunta por el derecho al acceso y las barreras por nivel socioeconómico, en la antesala a las paquetizaciones de triple o cuádruple play que se producirán en 2019.

Desde una aproximación por servicios y ciudades de la Argentina, constatamos el manejo arbitrario de los precios, las promociones y combos ofertados por Fibertel-Cablevisión (ahora Telecom Argentina), lo cual conlleva una dispersión tarifaria no ajustada a costos que se aleja de lo estipulado por la Ley Argentina Digital sobre precios y tarifas «justas y razonables».

Del cuadro comparativo de costos que se adjunta, se evalúa una discrecional oferta de servicios. Aun dentro de la misma provincia (caso de las ciudades cordobesas), el mismo prestador ofrece tarifas diferentes por el mismo servicio… Ya resulta conocido el caso de Santa Rosa, donde la competencia entablada entre la litigiosa Cablevisión y la arraigada Cooperativa de Servicios lleva a reducir a menos de la mitad los abonos y combos ofrecidos a los usuarios. Pero, fuera del cuadro, también se registra en los últimos meses el caso de Salta capital, donde Cablevisión-Telecom redujo el valor de sus servicios de TV de pago y conectividad a Internet para aprovechar una brecha de prestadores incumbentes de televisión de pago.

En un marco más general, la cuestión tarifaria desregulada, también avanza por sobre la inflación. Si los salarios van por la escalera y la inflación por el ascensor, las telefónicas y prestadoras de Internet están privilegiadamente dentro de este elevador.

El 15 de marzo de 2018, el INDEC anunció que «la variación interanual 2017 del componente Comunicación ha sido del 32,6% mientras la inflación fue del 25,4% durante el mismo período». Dentro de ese componente de la Canasta Básica Total, el INDEC ayudado por otros proveedores de información estadística mide a los principales proveedores que hay en cada región dentro de los rubros: servicio postal, servicio de Internet, servicio de telefonía fija y celular, y equipos telefónicos. (El INDEC no toma a la televisión de pago en este componente porque, como todos menos el ENACOM, entiende que la TV de pago más que licenciatario TIC es un servicio de contenidos de información, educación y entretenimiento)4.

Durante los primeros nueve meses del año, las empresas del sector se curaron en salud marcando un 34,1% de aumento respecto de diciembre de 2017. Para enero, Cablevisión-Telecom ya anuncia un 20% de incremento en sus tarifas. El impacto de estas tarifas en la canasta de consumos mensuales, desagregado por nivel socioeconómico, grupos familiares o ingresos promedio por decil de trabajador merece un análisis especial, entendiendo que las políticas de comunicación tienen un alto componente de política social, educativa y cultural. 

1 Han sido incompletos los esfuerzos de despliegue del sistema de Televisión Digital Abierta entre 2010 y 2015, loables desde la garantía de cobertura de más del 85% de los potenciales usuarios con acceso a más de 15 señales de recepción gratuita, aunque sin un alto grado de visionado efectivo por parte de la mayoría de la población. También ha sido regresiva desde 2016 la política de desarme del fomento a la producción de contenidos para la televisión abierta, especialmente aquellas orientadas a las señales públicas, y la paralización de las mismas señales en peligro de extinción (Encuentro, Pakapaka, DeporTV, TecTV, Acua Federal y Acua Mayor, entre otras).

La audiencia pública convocada por el ENACOM para retocar las normas de servicio digital en noviembre de 2018, donde las organizaciones de medios pidieron una prórroga del apagón analógico por dos o tres años marcan la «puesta en el freezer» de la transición digital de la TV de recepción gratuita en general.

2 Resolución sobre «Promoción, protección y disfrute de los Derechos Humanos en Internet», Consejo de Derechos Humanos, Asamblea General Naciones Unidas, 27 de junio de 2016.

3 Tal ha sido la desmesura en términos de acaparamiento de porciones de mercados con la habilitación de la megafusión, que Telefónica de Argentina presentó recursos administrativos primero y ante la Justicia después, para que se establezca un piso mínimo de condiciones de competencia, desinversión en terceros no vinculados, y determinación de posiciones dominantes por servicios y zonas geográficas, aspectos no contemplados en las resoluciones del ENACOM y de la Secretaría de Comercio.

Darle a grandes empresas la posibilidad de ser los únicos que vendan servicios cuádruple play a partir de 2019 sin esquemas de contrapesos o regulaciones asimétricas robustas, pone en serio riesgo muchos puestos de trabajos de pequeñas cooperativas y cableoperadores, a los que les resultaría casi imposible competir a los valores que brindarán el servicio quienes disponen de economías de escala para acomodar sus tarifas.

4 Índice de Precios al Consumidor. Ponderaciones de la canasta según divisiones a diciembre de 2016. Comunicaciones se estima en un 2,8%, aunque si agregamos Televisión de Pago, que está incluido en Recreación y Cultura, debería ubicarse entre el 3,5 y el 4%. Para sectores de menores ingresos, la incidencia de estos rubros puede superar el 10% de sus gastos mensuales fijos.