El cine nacional en peligro

La industria audiovisual nacional atraviesa una crisis histórica que se vio movilizada por la amenaza de extinción de una de las pocas políticas públicas destinadas al sector: el impuesto a los servicios de comunicación audiovisual y a las entradas de cines.

El 4 de febrero de 2017 el diario La Nación publicó una nota con un título atractivo. “El gobierno evalúa proyectos para bajar algunos impuestos”1 decía el titular que llamó la atención de inmediato. La noticia contenía una serie de trascendidos sobre un supuesto plan del flamante Ministro de Hacienda para intervenir sobre algunos impuestos y para la contratación de una consultora llamada Fiel con el fin de crear uno de los equipos de trabajo. El resto de la nota desarrolló algunas conclusiones de un estudio de la misma consultora realizado en 2015 en el que sugiere eliminar varios impuestos.

En efecto, el documento de trabajo de la consultora Fiel de agosto de 2015 denominado “El sistema tributario argentino. Análisis y evaluación de propuestas para reformarlo” sugiere eliminar varios impuestos “de bajo potencial recaudatorio y que, en algunos casos, financian fondos con asignación presupuestaria específica”. Concretamente se sugiere eliminar: el impuesto del 15 por mil a la transferencia de inmuebles de personas físicas y sucesiones indivisas, el de 4% a la telefonía celular, el impuesto específico por KWh que se destina al Fondo Nacional de Energía Eléctrica, el impuesto de 6 por mil a las tarifas eléctricas destinado a la provincia de Santa Cruz, el impuesto de 1% sobre la telefonía celular destinado al ENARD y, finalmente, dos impuestos relacionados al campo audiovisual: el impuesto a los servicios de comunicación audiovisual que tiene alícuotas variables por actividad y “el impuesto de 10% a las entradas de cines y videogramas grabados cuya derogación aumentaría la recaudación de IVA porque se pueden tomar como pago a cuenta de este impuesto”2. En estos últimos nos centraremos.

Ante el trascendido periodístico, la reacción de las organizaciones fue inmediata. El Espacio Norte Audiovisual y RED FOCOS, Red Nacional de Productoras Audiovisuales Comunitarias, declararon “nuestra preocupación y repudio, y el estado de alerta.” Al mismo tiempo las Asociaciones representativas del sector cinematográfico (Academia Argentina de Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina, CAIC, Asociación de Directores de cine PCI, Acervo, UIC, Asoprod, Apac, Cepiar, Cadicine) difundieron un comunicado en el que resaltan la relevancia regional del cine argentino y expresaron preocupación por las versiones periodísticas: “Como representantes de una industria que trabaja todos los días para que Argentina tenga reconocimiento internacional, queremos expresar nuestro inmediato rechazo a cualquier medida como la mencionada.” Al mismo tiempo, la Multisectorial Audiovisual conformada por sindicatos del sector emitió un comunicado expresando la alerta por la noticia y rematando: “A poco más de un año de la asunción del Gobierno Nacional, nuestro sector sigue a la espera de ser escuchado en sus necesidades”.

La historia terminó con un sobrio comunicado del INCAA que expresó: “El Ministro de Cultura, Pablo Avelluto, y su par de Hacienda, Nicolás Dujovne, aseguraron que no se eliminará el impuesto del 10% a las entradas a las salas con que se financia en parte la producción de películas”.

Aún con grandes aires de desconfianza y con muchas preocupaciones latentes, aquel intentó ser el punto final a una polémica que ya estaba instalada. Sin embargo, este intríngulis de comunicados, desmentidas y ensayos, nos deja la puerta abierta para pensar el presente y el futuro del cine y de sus modos de financiamiento.

Gran parte del financiamiento del cine nacional está garantizado por una ley nacional, la denominada Ley del Cine, la cual constituye una verdadera política pública orientada a la cultura. Ella crea el FFC (Fondo de Fomento Cinematográfico) que se conforma por aportes fijos establecidos en la propia ley y en otras legislaciones. Entre ellas, la casi extinta Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, la que indica los gravámenes a la publicidad en televisión y los destina al FFC. Todas las películas argentinas que vimos en la última década cobraron un subsidio del FFC, lo que permitió motorizar una industria pujante y que creció sin pausa.

“El 10% al que remite la consultora FIEL refiere al de las taquillas” Liliana Mazure, cineasta, ex presidenta del INCAA y actual diputada nacional por el FPV. “Por cada entrada vendida, el INCAA recibe de los exhibidores el 10%, pero este no es un impuesto adicional, esto es el 50% del 21% de IVA que recauda AFIP y luego transfiere a la cuenta del INCAA. Esto conforma aproximadamente el 25% del FFC. El resto se conforma por un canon que pagan canales de televisión y radios. Lo recauda ENaCom y transfiere el 25% de lo recaudado al INCAA, que supone cerca del 65% del FCC. Además, la consultora habla de eliminar todo fomento a los servicios de comunicación audiovisual, por lo que no se trata solo del INCAA, que se quedaría sin fondos, sino también el instituto del Teatro, del Instituto de la Música y de todo el sistema de medios públicos. Si se sacan estos impuestos se desmorona el fomento a la producción audiovisual, el INCAA, sus espacios, las escuelas de cine, los canales, los festivales y hasta sus empleados”.

Como ya sabemos, la industria audiovisual, que comprende a más de 100 mil trabajadores y trabajadoras en todo el país, depende fuertemente del acompañamiento del Estado para su expansión y desarrollo. La merma en el ingreso de financiamiento al Fondo de Fomento, de esta manera, significaría una crisis amplia en el campo audiovisual.

Sin embargo, aun con el FFC intacto, todas las voces del sector apuntan a una crisis muy fuerte y una caída rotunda de la actividad audiovisual en 2016. La Multisectorial Audiovisual lanzó una alerta a fines del año pasado, denunciando “deflación productiva, agravado por la incertidumbre regulatoria y la inacción del poder ejecutivo en pos de la producción local y la apertura de nuevos mercados para nuestra Industria Audiovisual”. Con respecto a esta caída, Mazure desarrolla: “El golpe duro lo recibieron las productoras que trabajaban para cine y para tv. Durante 2016, se produjeron 23 películas, con una amplísima mayoría de producción en CABA. Y el fomento a la televisión prácticamente ha desaparecido. Al caer la producción, caen los puestos de trabajo”. Si las productoras son las que están sintiendo el golpe, las más chicas y las más alejadas de los centros de poder, aún más. Ariel Ogando, realizador audiovisual de Jujuy, referente de Wayruro Comunicación Popular y miembro de Espacio Norte Audiovisual, se expresó sobre este tema: “Nosotros desde Jujuy notamos una merma considerable de posibilidades concretas de acceder a modos de financiación. Tanto del INCAA como del FOMECA, que proviene de la ex Afsca. En ese sentido la producción audiovisual que se estaba expandiendo, no solo achicando la brecha tecnológica mediante la adquisición de recursos sino también produciendo series en todas las provincias, tuvo un freno general en 2016. Como realizadores del norte argentino es un hecho muy preocupante para nuestra actividad”.

Nos enfrentamos aquí a una incógnita. Si (aún) no se tocaron los fondos del Fondo de Fomento Cinematográfico, en principio no se entendería por qué se encuentra semejante merma en la producción audiovisual. Si, además, sumamos que en el cine las películas tienen un circuito de aproximadamente dos años, por lo que las que llegan al cine en estos tiempos, adquirieron subsidios del INCAA en la gestión anterior, descubrimos que algún dato nos falta. Tal vez la clave esté en el fomento a la producción televisiva, política que nunca llegó a ser tal, a pesar de las grandes acciones de fomento y que, a diferencia del cine, está desprovista de marco legal y por eso resulta menos rastreable.

Entre 2008 y 2015, las políticas públicas del campo audiovisual argentino tuvieron un despliegue de abiertas pujas en el cual se registraron intentos y avances por la redistribución de recursos comunicacionales, la complejización del mapa de actores para la producción de contenidos, a través de la sanción de una nueva ley, y una alta participación del Estado en un escenario conmovido por un nuevo paradigma tecnológico y de consumo.

La política de fomento a la producción audiovisual para televisión generó más de tres mil horas de contenido y se calcula algo más de mil millones de pesos invertidos a lo largo de cinco años. Este contenido fue almacenado y redistribuido por el BACUA, Banco de Contenidos Universales Argentino de manera gratuita a toda pantalla nacional que lo solicitara.

Desde el comienzo de 2016, la nueva gestión declaró públicamente su desacuerdo con la política de fomento llevada adelante por el gobierno anterior y la evaluó negativamente, aun sosteniendo e incorporando a la mayoría de los funcionarios que la llevaron adelante. En 2016 se lanzaron dos concursos que podrían enmarcarse bajo la órbita de fomento a la producción audiovisual: el primero llamado “200 años de la Independencia argentina”: para presentar un documental sobre San Martín, Sarmiento, Belgrano y Güemes, de cuatro capítulos cada uno y un concurso para canales universitarios, que premia con el 75% del financiamiento de programas de piso, bien público y documentales, de aproximadamente una inversión de 60 millones de pesos. También se llevó adelante un concurso de formatos preestablecidos para toda la órbita de medios públicos con siete propuestas, de las cuales dos fueron para la TV Pública, uno para Encuentro, uno para DeporTV, uno para ACUA Federal, uno para ACUA Mayor y el último para Pakapaka. Una perlita de este concurso es que, aún sin ganadores, ya tiene dos canales menos: las señales ACUA Federal y ACUA Mayor fueron dadas de baja por el propio Estado nacional tanto de la grilla de Televisión Digital Abierta como de los servicios de streaming de cada señal. Quedará ver qué pasa con esos premios.

Ninguno de los tres concursos llegó a enero de 2017 con ganadores asignados. Esto significa que no se inició ningún proceso de producción y realización, y que el Estado no desembolsó durante 2016 ningún porcentaje de los premios anunciados. En efecto, acá encontramos una de las claves de la emergencia del sector.

Si cada vez resulta más complejo hacer análisis que diferencien el contenido audiovisual según el soporte en que se emite, definitivamente el vínculo del Estado con la industria audiovisual tiene las mismas reglas. La retirada del Estado del fomento a contenidos audiovisuales genera una crisis en una industria que vivió años de apogeo en el último período.

Como vemos, la nueva gestión apunta a la convivencia entre inversión pública y privada. Según Ogando: “Los nuevos planes de fomento apuntan a mayor concentración al centro del país. Los requisitos, las contrapartes son muy exigentes y excluyen a pequeñas productoras de las provincias. Falta una política audiovisual nacional que nos incluya a todos”. Para Liliana Mazure el futuro se encuentra en manos del sector y de la posibilidad de motorizar demandas colectivas: “Luego de un proceso de inclusión en la producción audiovisual, hoy se vive todo lo contrario. No hay ningún interés para que las 2000 productoras que llegaron a haber en Argentina sigan existiendo”.

Seguramente, la ausencia de una ley de fomento a la producción audiovisual en su conjunto, que contemple a la industria en tanto creadora de puestos de trabajo y de producción de universos simbólicos y que, al mismo tiempo, comprenda a los nuevos consumos sin dejar de atender a las lógicas territoriales de un país como Argentina sea la principal razón para la arbitrariedad gubernamental en la toma de decisiones. Parece difícil pensar en una política cultural, inclusiva y clara si no se cuenta con las garantías legales que permitan trascender el humor y los gustos de los funcionarios de turno.

(*) Lic. en Comunicación UBA. Maestranda en Servicios de Comunicación Audiovisual, UBA. Docente en UCES, UBA y UNPAZ. En Twitter es @anmallimaci