“Estamos legitimando la ampliación de derechos y el acortamiento de brechas”

Entrevista a Nicolás Karavaski Por Luciano Galup Fibra se reunió con el ingeniero Nicolás Karavaski, subinterventor de la

Entrevista a Nicolás Karavaski

Por Luciano Galup

Fibra se reunió con el ingeniero Nicolás Karavaski, subinterventor de la Comisión Nacional de Comunicaciones desde 2012, para hablar del nuevo proyecto de ley “Argentina Digital”, que busca reemplazar la vieja ley de telecomunicaciones de 1972. Fueron parte de la charla los aportes que realiza este proyecto a las telecomunicaciones argentinas, la desagregación de la última milla, el nuevo fondo universal, la eliminación de la larga distancia y la posibilidad que ahora se les da a las telcos de brindar contenidos audiovisuales.

Según su mirada, ¿cuáles son los grandes aportes que hace el proyecto de ley “Argentina Digital”, que ya comenzó a ser debatido en el Congreso, en términos de TIC en Argentina?

El que entiende un poco del sector con profundidad sabe que hay un desfasaje normativo que no tiene solamente que ver con años sino que tiene que ver también con considerar avances tecnológicos en el país y, de alguna manera, legitimar una serie de políticas públicas que tienen que ver con el advenimiento y el uso de la tecnología para y por la gente. Creo, en primer lugar, que estamos haciendo dos cosas que tienen que ver con disponer de un marco normativo adecuado que considere los avances de la tecnología y, en segundo lugar, estamos legitimando políticas de democratización, de inclusión social, de ampliación de derechos, de acortamiento de brechas.

En el proyecto se habla de la obligación de interconexión y de una obligación de arquitectura abierta para los operadores. ¿En qué tiempos usted evalúa que los operadores pueden llegar a esas arquitecturas abiertas para que efectivamente esté interconectada?

Hoy, por una normativa de orden inferior a ley, el Decreto 764/2000, que quizás no haya sido reglamentado con la profundidad necesaria, están obligados a interconectarse. Nosotros dimos un paso hacia adelante, e intentamos exigir y garantizar la interconexión por ley, sumándole herramientas que tienen que ver con garantizar estándares de calidad y fijar pisos y techos de tarifas para manejarse. La verdad es que, luego de que se promulgue la ley vendrá un trabajo muy arduo que tiene que ver con la reglamentación de muchos aspectos y la interconexión es uno de ellos, así como los procesos de segmentación de red y de definiciones de costos de segmentos de las redes.

Una de las cuestiones que se venían discutiendo —de hecho hay varios proyectos en el Congreso—es la declaración de la telefonía celular como servicio público. ¿Esta presentación del proyecto modifica ese escenario o van por caminos separados y podrían ser leyes distintas?

Creo que este proyecto es superador y contempla todas las propuestas que fueron impulsadas durante los últimos años por distintos actores, de distintos lugares y distintas fuerzas políticas, y considera no sólo a los servicios de comunicaciones móviles sino al uso y acceso de las redes, por donde se cursan todos los servicios, como un servicio público para y entre los licenciatarios. Entonces, decididamente el Estado va a intentar garantizar que las relaciones entre los licenciatarios que utilizan las redes, que son quienes finalmente le dan un servicio al consumidor, sean lo más claras, justas y transparentes posibles.

¿Le parece que las condiciones que genera el proyecto van a permitir aumentar el interés por generar conexiones de última milla o último bucle, para generar mejores condiciones de FTTH (fibra hasta el hogar, por sus siglas en ingles), para avanzar en la conectividad con el usuario final?

Por supuesto. No somos ingenuos: sabemos que las redes demandan de una inversión, a nivel no sólo de CAPEX¹ sino también de OPEX², muy grande, por eso no queremos que nadie haga una inversión para perder plata, sino que estamos buscando disponer de herramientas para ser capaces de crear condiciones de juego que les permitan a las empresas que les interese ser dueñas de una red de transporte, invertir y tener un rédito por la inversión. Es por eso que estamos intentando fijar determinados parámetros de calidad, como por ejemplo la velocidad mínima de transmisión con la que van a tener que llegar a los domicilios de usuarios todas las redes, que va a ser fijada o revisada cada dos años por la autoridad de aplicación.

¿Eso va a generar un piso, un servicio universal de conectividad para todo el país?

Sí, una especie de uniformidad mínima de conexión para cada hogar o para cada usuario.

Una de las cuestiones que no está definida es la manera en que se va a conformar la autoridad de aplicación. ¿Ustedes tienen pensadas algunas de las formas que puede adquirir o es un proceso posterior a la sanción de la ley?

No es lo que se está discutiendo en este momento, no es la cuestión de fondo que hace a la ley. Hay distintos modelos en todo el mundo, desde organismos descentralizados, organismos dependientes del poder ejecutivo, pero con algunas variantes de autonomía. Creo que es una definición que se va a tomar inmediatamente después de que esté sancionada la ley.

En este sentido, el proyecto “Argentina Digital” tiende a pensar el proceso de las TIC de manera convergente. Los organismos también pueden serlo; en función de eso, ¿ustedes piensan en un organismo único o puede decantarse en varios?

Sería posible que hubiera dos o más organismos que estuvieran encargados de ser los rectores de la aplicación de la ley.

Lo que se vuelve a legitimar en el texto del proyecto es el fondo universal. ¿Cómo se va a utilizar ese fondo?

Hoy el fondo fiduciario de servicio universal está conformado por el aporte de algunos privados y está manejado de manera conjunta entre el privado y el Estado, con mucha incidencia del privado. Lo que se hace en el proyecto es exigir a todos los licenciatarios que realicen un aporte determinado a un fondo nuevo que va a ser administrado completamente por el Estado, con posibilidad de ser ejecutado directamente por empresas del Estado —Arsat o Correo Argentino, por ejemplo— o de continuar con una lógica de adjudicación y licitación, si es que hay algún interesado privado en realizar obras de servicio universal.

Yendo puntualmente al tema de licencias, se equipara dentro del marco regulatorio del proyecto lo que es conectividad por cable, inalámbrica y alámbrica: se estaría juntando a las telefónicas con los prestadores de servicios de cable. ¿Cómo le parece que se va a desarrollar el mercado en función de la posibilidad que tendrían las telcos de brindar contenidos audiovisuales y los operadores de cable de dar servicios de telecomunicación?

Acá hay que ser claros: las empresas licenciatarias de servicios de comunicación audiovisual actualmente no tienen hoy prohibido dar servicios de telecomunicaciones, lo que sí ocurre al revés, por lo que existe una asimetría regulatoria que no es funcional y no va de acuerdo con los avances de la tecnología más allá de que tenga que ver con quizá un momento político del país en el que se haya optado por avanzar respecto a esta prohibición para poder así sacar adelante una muy buena ley como lo es la Ley de Medios. Entonces, creo que se va a dar gradualmente, pero hay espacio para que todos los actores interesados puedan convivir sin problemas y el beneficiado sea el usuario. De más está decir que la reglamentación de la ley deberá cuidar a los pequeños y medianos de manera de asegurar sus posibilidades, porque ese es el espíritu del proyecto.

En relación con eso, ¿la propuesta o la idea hacia donde quiere avanzar el proyecto es que cada usuario tenga un único cable que ingrese a su casa, o una colección de fibra óptica y pueda seleccionar distintos operadores en función de los servicios que brinda?

En función de lo que le convenga al usuario, que no tenga que preocuparse por el “agujero” que tenga en la pared ni por los “agujeros” que se le generen en los bolsillos por realizar muchos “agujeros” en las paredes, sino que pueda preocuparse por qué es lo que quiere, elegir dentro de un universo muy amplio de posibilidades lo que más le convenga en relación con sus posibilidades económicas, deseos de consumo o elecciones ideológicas. Lo que estamos intentando hacer es ampliar las posibilidades de elección y que eso, según una ley de oferta y demanda económica, haga que los precios de diversos servicios comiencen gradualmente a ser menores.

¿Cómo está Argentina, hablando del tema precios, cuando se lo compara con otros países de la región y del mundo? ¿Los precios pueden bajar o estamos en precios razonables de mercado?

Las realidades en el mundo son distintas, los precios y servicios son distintos a lo largo de todo el mundo. Hay algunos países que tienen tarifas planas y no cobran consumos de distintos tipos. Creo que en general los precios van a tender a bajar en su relación costo/beneficio. Un aspecto muy importante del proyecto de ley es que estamos proponiendo considerar todos los servicios TIC en una única área nacional con lo que vamos a tener, de prosperar la ley, que redefinir todos los planes troncales y eso va a hacer que cambien un poco las formas a través de las cuales nos comunicamos, y esperamos que esto se note en los bolsillos. El ejemplo más básico es que estamos intentando eliminar el cobro de tarifas interurbanas y de larga distancia nacional, que hoy tecnológicamente ya no tiene sentido.

El proyecto le da bastante protagonismo, en este sentido que mencionaba usted de ampliar la oferta, a las pymes que no tienen la posibilidad económica de generar tendidos de red, pero sí tienen la posibilidad económica de ofertar al mercado productos y servicios. ¿Le parece que ese ingreso va a ser sencillo, va a permitir de alguna forma generar mayor oferta en el mercado y que eso redunde en una baja en los precios o al menos diversifique la oferta?

No pienso que vaya a ser sencillo y sí pienso que va a hacer que existan más servicios disponibles para consumir a precios más adecuados. Me gustaría hacer énfasis en que en muchos lugares, en el poco tiempo que pasó desde que se conoció el proyecto, sólo se ha hablado de que es a favor y en contra de alguien, y no hay que dejar de tener en cuenta que estamos proponiendo que las cinco redes importantes que existen en el país sean abiertas todas por igual para que las usen quienes quieran, con determinados estándares y parámetros funcionales y rangos tarifarios. Este es un proyecto que tiende a democratizar y dar posibilidades para ampliar voces, producciones, servicios, para que después el usuario final elija qué quiere y pague un precio justo por ese servicio.

¿De qué forma impacta esto en la legislación vigente y puntualmente con la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, ya que en algunas cuestiones van en paralelo con definiciones que tiene este proyecto de ley que ha sido presentado al Congreso Nacional?

Estamos proponiendo derogar la ley vigente de Telecomunicaciones, estamos proponiendo derogar el decreto 764/2000, pero no hasta tanto esté reglamentada la nueva norma, por eso va a continuar en vigencia por algún tiempo luego de ser aprobado este proyecto, hasta que esté la reglamentación nueva. A la ley de Medios no le tocamos ni una coma, queda total y completamente vigente, lo que se hace es eximir a un sujeto de derecho que tenía prohibido dar determinados servicios y se termina con una asimetría regulatoria.

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¹De las palabras en inglés CAPital EXpenditures: inversiones en bienes de capitales.

² De las palabras en inglés OPErational EXpenditures: gastos operacionales.