Reseña

Una red, un servicio, una ley. El paradigma de la era pre convergente parecía haber encontrado todas las respuestas cuando, de pronto, cambiaron todas las preguntas, sostiene el autor de este libro que explora los interrogantes regulatorios de una nueva etapa: la de la convergencia.

Ya no se trata de un servicio como la telefonía, por ejemplo, que viene por una red específica y exclusiva y que es regulado, luego, por una ley propia. La era de la convergencia, sostiene Porto, presenta dos nuevos paradigmas: una red, varios servicios; un servicio por varias redes. El autor indaga entonces en la pregunta subsiguiente: ¿puede la convergencia regularse en una sola ley?

Para responder a la pregunta, Porto realiza un recorrido histórico por los diferentes intentos de regulación en la etapa pre convergente así como los desafíos que plantea a los instrumentos regulatorios la nueva etapa. No será una tarea sencilla, sostiene Porto, toda vez que la convergencia pone en crisis la definición misma de la idea de servicio, que a raíz de las innovaciones de los últimos años ya no se encuentran asociados a tecnologías específicas.

El nuevo paradigma enfrenta al desafío regulatorio con una serie de nuevos problemas que aborda el autor en el libro. A la pregunta sobre si alcanza con una ley única que regule todos los servicios le suceden otras: ¿deben unificarse los organismos de control? ¿Hay que reformular institutos jurídicos clásicos como la regulación de contenidos, las cuotas de pantalla o la categoría de servicio público? ¿Qué sucede con los reglamentos para licencias, interconexión de redes, administración de espectro y servicio universal? ¿Pueden permitirse operadores que presten todos los servicios? ¿Cómo se define un mercado convergente?

Una sola certeza se comparte en relación a todas esas preguntas: el mercado se encuentra en pleno proceso de cambios y las experiencias en los países son diversas y ofrecen oportunidades para el aprendizaje, pero el nuevo paradigma para la regulación está aún en proceso de construcción y promete por varios años seguir funcionando de esa manera. El autor presenta las diversas posturas tanto en el ámbito de la academia como en los propios procesos de construcción de marcos regulatorios en diferentes países del mundo, explorando el abanico de posibilidades que se presentan tanto para los legisladores, los ejecutores política pública y los miembros de los organismos reguladores del sector.

El posterior análisis de la era pre convergente convierte al libro en una herramienta fundamental para obtener un estado del arte exhaustivo y pormenorizado para cualquiera que quiera conocer desde dónde parte la Argentina en materia de regulación en telecomunicaciones. En términos de legislación, el autor explora las tres corrientes regulatorias en el ámbito de la convergencia: la de telecomunicaciones, la de Internet y la vigente en la radiodifusión y los servicios de comunicación audiovisual, dando cuenta de los institutos jurídicos utilizados, las autoridades de aplicación y los principios diversos. Los análisis de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, la TV Digital, ley Argentina Digital y los decretos reglamentarios y de necesidad y urgencia dictados por el presidente Macri sirven de punto de partida para ubicar los desafíos que la nueva etapa promete.

Un debate sustancial refiere Porto en la última parte del trabajo acerca de la clasificación de los servicios de comunicación audiovisual y de telecomunicaciones. La nueva etapa de convergencia posibilita, entre otras cosas, que por la misma infraestructura se transporte voz, imagen y datos, es decir, telefonía, TV e Internet. Esa transformación presenta un desafío clave: ¿cómo separar servicios que vienen juntos para su clasificación jurídica? Cualquier regulación, sea por una ley o varias, deberá tener que partir de esta primera decisión que será fundamental para la construcción de una estructura jurídica lo suficientemente dinámica como para acompañar los cambios tecnológicos. De cómo se defina la naturaleza del servicio dependerá cuáles son los mejores instrumentos para garantizar la eficiencia y el acceso a determinado tipo de servicios fundamentales por parte de los usuarios.

Aunque todos los debates en torno al tema están cargados de inmensa actualidad y todos los caminos parecen posibles de ser explorados de cara a conseguir el mejor marco regulatorio posible, el autor señala la necesidad de considerar el derecho social a la convergencia. Se trata de poner a la convergencia en el marco de los tratados internacionales y el reconocimiento del derecho a la información como uno de los derechos humanos fundamentales de nuestra era. En ese sentido, sostiene el autor, es fundamental el dictado de una norma (aunque luego sea a través de una ley o de varias) que consiga el consenso necesario en el Poder Legislativo reconociendo la noción del derecho social a la convergencia como un derecho que le asgura a las personas la posibilidad de utilizar todas las redes y plataformas audiovisuales para acceder y difundir información e ideas. Recuperando algunas de las ideas de Martín Becerra al respecto, Porto señala que es necesario que “las infraestructuras, los servicios y las aplicaciones añadidas a la conexión de las redes digitales sean comprendidas como bienes públicos, garantizando el acceso en igualdad de condiciones para todas las personas, independientemente de su ubicación socioeconómica y de su lugar de residencia”.

La importancia de volver a darle en esa discusión un rol protagónico al usuario, sin dejar de considerar el papel de las empresas, obliga a pensar en una discusión pública y abierta de una ley de convergencia. En ese sentido, el libro de Porto ofrece el escenario inicial para un proceso que debe ser participativo y accesible para que estén representadas todas las voces del sector así como el público general, finalmente el sujeto del derecho social a la convergencia.