Por Mario Oporto¹
Las comunicaciones son un factor clave para el desarrollo y el crecimiento del país, tanto como las rutas, el transporte o la energía eléctrica. La expansión que registró la telefonía móvil en la última década —en el número de líneas habilitadas (con un crecimiento superior al 1200% y en la cantidad de servicios y usos de los teléfonos celulares (internet, televisión, aplicaciones)— provocó que las redes resultaran insuficientes para atender la demanda de millones de usuarios. Es lógico: esas redes fueron planificadas, en su origen, para sostener una cantidad de líneas mucho menor que las que hoy están en funcionamiento.
En el último año, la Secretaría de Comunicaciones de la Nación implementó importantes medidas con el objetivo de mejorar los servicios de telefonía celular. Se destacan el nuevo Reglamento de Calidad y las recientes licitaciones de espectro y tecnología 4G. También se suma el trabajo conjunto con la Secretaría de Asuntos Municipales, que dio como producto una ordenanza modelo destinada a solucionar la problemática que representa la instalación de antenas de telefonía móvil en los distritos.
Precisamente en este punto se inscribe la tarea que se desarrolla en el ámbito de la Comisión de Comunicaciones e Informática de la Cámara de Diputados de la Nación, y en la comisión homónima del Senado. Se trata de un anteproyecto de Ley de Infraestructura Federal de Comunicaciones Móviles, una herramienta normativa y regulatoria para las antenas de telefonía celular, que preserva la autonomía municipal en lo referido a las cuestiones urbanísticas, de habilitación y percepción de tasas, contempla el impacto ambiental y la salud y garantiza el derecho a las comunicaciones de todos los ciudadanos que viven o transitan cada distrito.
Este proyecto —que será enriquecido, además, con el aporte de especialistas en radiaciones no ionizantes (las que emiten las antenas de celular) y en medio ambiente, universidades nacionales, empresas y cooperativas del sector— apunta a otorgar a la infraestructura de comunicaciones móviles una importancia equivalente a la que tienen, por ejemplo, los tendidos de la red eléctrica.
Pero es importante entender que esta iniciativa legislativa no es un hecho aislado. Se enmarca en una política pública diseñada con un objetivo estratégico: recuperar la soberanía en las comunicaciones. Esa política se inició en 2003 con la estatización del correo. Siguió con la anulación del contrato con la empresa francesa Thales Spectrum, que tenía el control del espectro radioeléctrico, y la recuperación de la posición orbital 82º (ambas en 2004); la creación de ARSAT (2006); la creación de la Televisión Digital pública y gratuita (2009); la puesta en marcha del programa Argentina Conectada (2010), que concretó el tendido de más de 30.000 kilómetros de fibra óptica; y el reciente lanzamiento exitoso del satélite ARSAT-1, fabricado íntegramente por científicos argentinos.
A todo esto se agrega el nuevo proyecto de ley Argentina Digital, que el Poder Ejecutivo ya envió al Congreso. Reemplazará a la Ley 19 798 de Telecomunicaciones, sancionada en 1972. De ninguna manera una norma de aquel año —que, además, fue promulgada por un gobierno de facto— puede regular servicios entonces inexistentes, como internet y la telefonía celular.
Celebramos estos avances que, junto al programa Conectar Igualdad, a través del cual se distribuyeron 4,5 millones de netbooks para alumnos y docentes de escuelas públicas, profundizan las políticas de inclusión digital.
El Gobierno continúa ampliando derechos, en este caso, universalizando el acceso a la información y a las comunicaciones y democratizando las redes de datos. Aquí también el Estado dice presente.
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¹ Mario Oporto es político y profesor de historia. Actualmente ocupa el cargo de diputado nacional (su mandato vence en 2015) por la provincia de Buenos Aires, dentro del bloque del Frente para la Victoria. Es titular de la Comisión de Comunicaciones e Informática de la Cámara de Diputados de la Nación.