Los 500 días de la restauración

Con el telón de fondo de una Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual herida de muerte en el inicio de la actual administración y con el debate por la nueva “ley de la convergencia” prometido y postergado de manera sucesiva, el diagnóstico de las distintas áreas que conforman el mapa de la comunicación muestra retrocesos preocupantes que se suman a las históricas asignaturas pendientes en la materia. Así las cosas, desde la resignación de la soberanía satelital hasta la profundización de las asimetrías en el reparto de la pauta publicitaria oficial, pasando por el desguace de las iniciativas de fomento a la producción audiovisual y las renovadas formas de hostilidad hacia los pequeños medios, el mundo de la comunicación aparece entre los más castigados en un contexto general signado por la retracción en las condiciones para el ejercicio de derechos fundamentales. Apenas aporta alguna claridad la necesaria y demorada aprobación de la Ley de Acceso a la Información Pública, que deberá demostrar compromiso en su puesta en marcha, aún signada por la incerteza.

Postergaciones y regulaciones de facto

El pasado 28 de marzo, el ministro de Comunicaciones Oscar Aguad por medio de la Resolución 601/2017 postergó por otros 180 días la presentación de un anteproyecto de ley de unificación de las leyes 26 522 (de Servicios de Comunicación Audiovisual) y 27 078 (Argentina Digital). Las dos leyes que fueron quirúrgicamente amputadas por el Decreto de Necesidad y Urgencia 267 firmado por el presidente Mauricio Macri en diciembre de 2015.

Cada día que pasa es un día más en el que el gobierno incumple el compromiso, asumido ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 8 de abril de 2016, de presentar y discutir públicamente un proyecto de ley de comunicaciones convergentes, pero a su vez es un día más en el que se violan los estándares internacionales con una autoridad fuertemente gubernamentalizada (Ente Nacional de Comunicaciones), donde se han limitado las representaciones sociales, sindicales, universitarias y federales, donde se desatienden los derechos de las audiencias y sobre todo donde se ha favorecido la concentración de los grandes medios y la persecución de los más chicos. En base a una multitud de decretos, el gobierno viene imponiendo medidas parciales que, no obstante, sirven para consolidar situaciones de hecho a favor de los negocios y en contra de la pluralidad y la diversidad.

En esa línea, a través de la resolución 277/2016 se autorizó la compra de Telecom de Argentina S.A. a manos del socio de Clarín en Cablevisión, el mexicano David Martínez y su fondo Fintech Telecom LLC, que en marzo pasado finalmente consolidó la propiedad del 100% de la empresa de telecomunicaciones al quedarse con las acciones del Grupo Werthein. Del mismo modo, vía resolución 280/2016 se habilitó en 2016 la compra de Nextel a manos del propio Grupo Clarín. Esa operación, que podía ser juzgada como menor (la empresa poseía sólo un 3% del mercado, dos millones de líneas), tomó dimensión cuando se autorizó la redefinición del uso de frecuencias que la empresa adquirió a través de la compra de pequeñas compañías de Internet titulares de bandas de 900 Mhz y 2.5 Ghz (Trixco S.A., Skyonline Argentina S.A., Netizen S.A., Infotel S.A. y Callbi S.A.) y que le dieron la opción de brindar 4G tras la resolución 1299/17 que aprobó el proyecto de refarming. A esto debe sumarse el cierre de los acuerdos para el final de lo que conocimos como Fútbol para Todos —la posibilidad de toda la población de acceder a los principales encuentros del deporte nacional de modo gratuito y abierto—. En esa cesión de derechos en exclusividad a Fox/Turner apareció como actor central también el Grupo Clarín, que poseía la llave maestra de incluir en la oferta la desestimación de la demanda contra AFA de Televisión Satelital Codificada (TSC), el concesionario hasta 2009. Lo que marcó su imposición frente a ESPN y MediaPro. Por otro lado, el mismo conglomerado empresario logró multiplicar por cinco su facturación de publicidad oficial y se quedó con 519 millones de pesos, una cifra cercana al 20% del total de lo que el Estado argentino gasta en anuncios. Más del triple de lo recibido por el segundo beneficiario, Telefé, con 171,5 millones de pesos, que en noviembre del 2016 pasó a manos de la gigante estadounidense Viacom.

Ni ayuda, ni derechos

En el inicio de su gestión al frente del Ministerio de Comunicaciones, Oscar Aguad aseguró que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) “no va a subsistir durante nuestro gobierno” y vaticinó un nuevo escenario en cual “los medios van a competir libremente en el mercado y trataremos de ayudar a los más pequeños”1. La única premisa que cumplió fue la que anunciaba el fin de la LSCA. Por lo demás, la regulación está lejos de garantizar condiciones mínimas para el ejercicio de la libre competencia; más bien se orienta a consolidar posiciones dominantes previas como ocurre en el caso del Grupo Clarín y Telefónica de Argentina. Para “los más pequeños”, en tanto, si la “ayuda” parecía poco frente al reconocimiento de derechos en condiciones de igualdad real y las políticas de fomento que fijaba la LSCA, el balance de los primeros 500 días muestra que la única cara que el Estado mostró a los medios comunitarios y a los pequeños radiodifusores comerciales fue la del ahogo económico al no abonar subsidios legal y legítimamente obtenidos, y la persecución.

La autoridad de aplicación impulsó en este año y medio una profusa política de clausura y decomiso de pequeñas emisoras, tal como fuera denunciada por la Coalición por una Comunicación Democrática (CCD) el pasado 13 de marzo. La CCD alertaba “sobre el proceder represivo y de amedrentamiento llevado adelante por el ENaCom —con auxilio de Gendarmería en algunos casos— a diversas radios de frecuencia modulada registradas en las provincias de Formosa, Chaco y Corrientes. En estos operativos, realizados durante febrero y los primeros días de marzo, a algunas emisoras se les decomisaron equipos y se las clausuró sin intimaciones previas. Tales hechos se agravan por acciones legales que suponen, en los hechos, un intento de criminalizar el ejercicio de la libre expresión”.

La situación empeoró poco después con el dictado de la resolución 2064-E/2017 por la cual se estableció un procedimiento sumarísimo para “disponer la clausura, secuestro, apercibimiento, multa y/o decomiso según corresponda, de estaciones radioeléctricas no autorizadas o en infracción, incluyendo las de radiodifusión, con el concurso del poder judicial y la fuerza pública, en caso de ser necesario”.

Días más tarde, desde Ucaya (Unión de Comunicadores Audiovisuales y Afines de La Matanza) repudiaron los decomisos realizados el 25 de abril por el Ministerio de Comunicaciones a radios de baja potencia del Oeste del conurbano bonaerense. La denuncia destaca “la inusitada violencia y arbitrariedad con que fueron realizadas las acciones a cargo de funcionarios del mencionado organismo contra las emisoras Radio M 104.1 de Virrey del Pino; y 87.7 FM Fórmula de Merlo”.

La mejor ley

Con casi un año de diferencia entre sí y luego de decenas de resoluciones ministeriales que modificaron aspectos sustanciales de la regulación, los Decretos 267/2015 y 1340/2016 terminaron de modelar el marco normativo que regirá, como mínimo, durante las tres cuartas partes del mandato presidencial de Mauricio Macri. El engaño oficial a la CIDH en aquella audiencia de abril de 2016 resulta evidente.

Mediante reglas de pretendida instrumentalidad técnica se definen sin debate ni acceso a la información cuestiones fundamentales que hacen a los derechos de usuarios y audiencias. En nombre de la convergencia se declaró perimida la noción de servicios audiovisuales y con ella toda consideración acerca de los derechos de amplios sectores de la población. Las concesiones a las empresas dispuestas por ambos decretos en ningún momento prevén el mejoramiento, la protección o la promoción de los usuarios o las audiencias. Ni siquiera contemplan reglas mínimas de defensa de la competencia.

La desaparición de las fronteras que separaban telecomunicaciones de servicios de comunicación audiovisual arrasa con las previsiones que surgen del derecho internacional de los derechos humanos en cuanto a las obligaciones estatales en materia de pluralismo y diversidad. Este enorme paso hacia la tan mentada liberalización de los mercados culturales, un poco desprolijo y a las apuradas, aparece como el resultado de los tironeos ejercidos por los dos mayores grupos de medios y telecomunicaciones que operan en el país, Clarín y Telefónica, junto a algunos aliados circunstanciales de enorme peso global, como Turner Inc. y Carlos Slim (Telmex / América Móvil). Si bien la coincidencia entre la prédica neoliberal del actual gobierno y las políticas impulsadas es evidente, no existe una planificación ni un soporte de gestión pública acorde a la magnitud de los cambios impulsados. En ese sentido, a la ya mencionada fragilidad de la regulación generada por vía de decretos y resoluciones, se suma la total desarticulación de las unidades estatales encargadas de supervisar y dar soporte al proceso generado. De tal modo, no se evidencian siquiera mínimas mejoras en las condiciones de competencia. Ni hablar de bajas en las tarifas de telefonía o abonos de TV por suscripción. El rol del Estado queda subsumido a la administración de demandas de los distintos actores, con escasa pericia técnica y una marcada tendencia a favorecer a los más poderosos.

Esta realidad colisiona con el discurso de la directora de ENaCom y Coordinadora de la Comisión Redactora de la nueva Ley de Comunicaciones, Silvana Giudici, quien sostiene la necesidad de generar un marco normativo que proteja la producción nacional y local. En ese sentido el pasado 11 de mayo, Giudici afirmó: “En un momento donde los contenidos son globalizados y donde la irrupción de las OTT y de la producción internacional tiene tanta incidencia en las preferencias de nuestro público, es importante la generación de reglas muy claras de protección de la producción nacional en el anteproyecto de ley de comunicaciones”2. La regulación, entre acciones y omisiones, avanza en el sentido opuesto.

La potencial adecuación impositiva de la TV por suscripción con vínculo físico (el cable) en una futura ley como un Servicio TIC daría por tierra con el actual aporte del 5% o 3,5% de la facturación bruta con destinos como el Instituto Nacional de Cine Artes Audiovisuales, el Instituto Nacional del Teatro, el Instituto Nacional de la Música o los subsidios a proyectos especiales de comunicación comunitaria (artículos 96 y 97 de la ley 26 522) a una magra “tasa en concepto de control, fiscalización y verificación, equivalente a cero coma cincuenta por ciento (0,50%) de los ingresos totales devengados por la prestación de los Servicios de TIC, netos de los impuestos y tasas que los graven”.

Mientras tanto, la nueva promesa oficial asegura que “antes de fin de año” habrá un proyecto de ley convergente. A esta altura, la opacidad y la demora en el trabajo de la comisión redactora tornan ilusoria la discusión de una ley respetuosa de los estándares de libertad de expresión. Todo hace pensar que se generará una norma destinada a convalidar lo ya hecho. Y aun con ese objetivo, el gobierno no logra reunir la capacidad política para concretar el proceso y cumplir el compromiso asumido ante la CIDH. El resultado es el escenario soñado por los grandes conglomerados mediáticos: un país con la mejor ley de medios, la que no existe.

Los contenidos incluidos en esta nota forman parte del libro “500 días y ninguna ley. La regulación de la comunicación en el inicio del gobierno de Mauricio Macri” editado por el Observatorio de Comunicación y Derechos (DERCOM – UBA), que se presentó en junio.

(*) Docentes e investigadores. Facultad de Ciencias Sociales, UBA. En Twitter: @DiegodeCharras y @Beatnik78