Los modelos de medios públicos

¿Hay un checklist que deben cumplir los medios estatales? POR VÍCTOR TARICCO (*) @t__v Mucho se ha escrito sobre los

¿Hay un checklist que deben cumplir los medios estatales?

POR VÍCTOR TARICCO (*)
@t__v

Mucho se ha escrito sobre los modelos de medios públicos en nuestro país en los últimos años. Honrosamente, la revista Fibra es una de las pocas publicaciones que sigue ocupándose del tema, a pesar del manto de silencio que se ha tendido sobre la cuestión. Significativamente se tematiza sobre los medios públicos cuando su crecimiento pareciera convertirlos en actores relevantes del ecosistema mediático, pero desaparecen de las agendas de periodistas y especialista cuando naufragan en el sinsentido de la actualidad. Aprovecharemos el silencio ante la debacle varias veces anunciada de los medios públicos nacionales para revisar e intentar poner en perspectiva algunos de los postulados teóricos sobre los que se basan los modelos ideales1 e intentar rastrear las marcas de su producción político intelectual.

Inspiradosfundamentalmente en los Servicios Públicos de Comunicación europeos, los modelos ideales de televisión pública para América Latina han encontrado en ciertos sectores de la academia y los organismos internacionales de cooperación, los espacios privilegiados para su producción. En un texto publicado en 2006, pero que sintetiza años de reflexiones, el investigador venezolano Antonio Pasquali proponía como principales características de los medios públicos los siguientes postulados: “No pertenece a privados; es mayoritariamente financiado por el Estado, es decir con dineros públicos; tener autonomía e independencia política ante el Poder Ejecutivo y autonomía ante los poderes económicos; es un servicio no-gubernamental y desgubermentalizado; está bajo supervisión del Poder Legislativo o de una autoridad especial supra partes y aplica criterios de par condicio en el tratamiento de la política interna; ofrece servicios diversificados, complementarios y universales (maximización de coberturas y atención a todos los estratos socioculturales); se impone a sí mismo estándares cualitativos y de moral social.”2

La primera cuestión que nos interesa señalar es la que hace a la diferencia entre modelo ideal y experiencia concreta. ¿Cuál es la importancia de contar con un modelo teórico ideal para la televisión pública? Sin duda el primer valor está en el de fijar un horizonte, un norte, que sirva para orientar la práctica cotidiana. Ante esta cuestión surge necesariamente otra pregunta ¿Cuáles son las conceptualizaciones teóricas sobre el espacio público, el Estado y la democracia en los que se basan estos modelos ideales de medios públicos?

Resulta interesante observar cómo estos modelos ideales son muchas veces utilizados, no como principios generales de tipo orientativo, sino como marco normativo para “contrastar” las experiencias concretas de televisión pública y evaluar su performance a partir de ajuste o desajuste con las premisas del modelo ideal estipula. Según muchos investigadores, la validez de la televisión pública latinoamericana está dada por su adecuación o inadecuación a los postulados que los modelos teóricos proponen independientemente de los contextos históricos específicos.

Tan tenaz incluso se ha convertido la observancia a este procedimiento prescriptivo, que incluso algunos no dudan en amonestar a la gestión estatal de medios comunicación negándole el carácter de “medios públicos”, al faltar al rigor de acomodar la realidad al modelo que ellos mismos consagran como válido. Este curioso acto de amonestación, encuentra sus raíces en ciertas formas de practicar la función crítica de la teoría social, pero también, en específicas conceptualizaciones sobre el espacio público y la democracia o el lugar del consenso y el conflicto en la constitución del ordenamiento social. Sobre esta segunda cuestión intentaremos aportar algunas reflexiones en este artículo.

Siguiendo a Sergio Caletti, podríamos decir que el espacio público es el ámbito de la sociedad “entre” el Estado y la sociedad civil donde por un lado confluyen los individuos en su carácter de ciudadanos y las instituciones del Estado y el corpus jurídico que consagra derechos y obligaciones, libertades y prohibiciones. Una instancia por fuera del Estado donde la reglamentación jurídica intentará establecer un ordenamiento social específico y donde la ciudadanía intentará desbordarlo para ampliar sus derechos y libertades. La dinámica del orden y el desorden, del poder instituyente y del poder instituido, serán la marca distintiva de este “territorio” de todos.

Así, el espacio público se convierte en la instancia específica donde los actores políticos y sociales alcanzan su condición de tal, donde las identidades colectivas se constituyen y disputan el sentido de lo común, de qué es lo que es de todos y para todos. Es en el ámbito público, por ejemplo, donde el movimiento feminista puede reclamar por su largamente prorrogado derecho a la interrupción voluntaria del embarazo y constituirse en protagonista de esta demanda.

El espacio público es, entonces, el ámbito donde simultáneamente se despliega el ordenamiento social y la zona de puesta en escena del desacuerdo, en los términos en los que por ejemplo lo plantea Jaques Ranciere3: aquello que desborda el ordenamiento social y se encarama en las luchas por la soberanía. Es por esta cuestión que podríamos señalar que el espacio público representa también la franja social de una paradoja. Siguiendo la reflexión de Chantal Mouffe4, podemos pensar que el espacio público, en tanto territorio de todos, es simultáneamente el borde donde se despliegan una serie de procedimientos para la regulación de la vida social y las disputas por el sentido mismo de qué es lo común, es decir, la región donde se fundan y refundan las razones del vivir en comunidad.

Esta paradoja del espacio público, encuentra en los medios de comunicación sus condiciones privilegiadas de visibilidad, su forma de adquirir “estado público” en sentido de que se vuelven visibles, accesibles en su conocimiento e inteligibilidad, para todos. En este punto, medios de comunicación y espacio público se anudan irremediablemente, constituyendo una trama donde los dispositivos comunicacionales dan forma, bajo sus particulares condiciones de enunciación, a los temas y cuestiones de interés público, a la forma misma de entrar en relación. Desde esta perspectiva los medios de comunicación son los principales “arquitectos del espacio público”5. Si en el ágora griega la tecnología de comunicación era el aparato fónico, en las sociedades modernas, los medios de comunicación imponen sus condiciones para la interrelación.

No debemos dejar de decir que los medios de comunicación, por el lugar privilegiado que ocupan en la construcción de lo común y en su carácter de grandes empresas capitalistas, son también poderosos actores del espacio público. Sujetos privados capaces de instalar agendas y enfoques, debates, candidatos, gobiernos, etc. Muchas veces estas acciones pueden realizarse ajustadas a una especie de “vigilancia ciudadana” sobre la clase política, pero muchas veces también, en función de intereses particulares. La metáfora del “cuarto poder” remite sin dudas a esa capacidad de los grandes medios de comunicación de influir en los que se denomina opinión pública y no a la práctica particular del periodismo.

El espacio público es entonces esa zona de nadie, donde la sociedad constituye su autorrepresentación, los signos de su propia existencia, el sentido de su vida en comunidad. Hemos dicho también que los medios de comunicación son los privilegiados arquitectos del espacio, es decir aportan la tecnología de comunicación necesaria para que esa construcción de sentido pueda volverse común a todos y por último que los medios de comunicación, sean públicos o privados, son actores con peso específico dentro del espacio público. En el marco de esta caracterización ¿cuál será la mejor política posible para la gestión de los medios públicos?

Sin duda esta propuesta no podrá elaborarse a la manera de un listado de “buenas prácticas”, aunque asumir la responsabilidad de los medios de gestión estatal como parte del conglomerado de “arquitectos del espacio público”, será un ineludible punto de partida. Asumir la responsabilidad (y el desafío) de no dejar en manos de actores privados la delicada tarea de ser una de las tecnologías centrales en las que se despliega la participación democrática. Definir ser un socio de peso en ese conglomerado, o un convidado de piedra, no hace a una cuestión de costo fiscal, sino de decisión política hacia el fortalecimiento de calidad democrática.

La otra cuestión importante, y así también delicada, es la del medio público como actor del espacio público. ¿Cómo debe intervenir sobre la realidad un medio de gestión estatal? ¿Debe autolimitar su capacidad de actor en nombre del pluralismo y la diversidad? ¿Cómo debe desplegar ese poder en el marco de sociedades democráticas y plurales pero también desiguales en el acceso a los bienes económicos y simbólicos? ¿Debe ante situaciones de desigualdad informativa, por ejemplo, el medio público “aplicar criterios de par condicio” como plantea Pasquali? La pregunta de fondo es si alcanza aplicar una serie de procedimientos (distribución equitativa de tiempo entre oficialismo y oposición, por ejemplo) para garantizar la pluralidad y la diversidad en las sociedades latinoamericanas o es necesario una intervención que priorice temas y cuestiones, que tienda una ampliación de las agendas y las representaciones, para aportar de manera significativa al despliegue de una sociedad más plural y diversa pero también más justa e igualitaria.

Pensar la complejidad de estas cuestiones hace a evitar los análisis al estilo check list que intentan verifican adecuación o inadecuación frente a los modelos ideales más allá de cualquier contexto histórico o político específico. Asumir que el espacio público es un espacio de confrontaciones, conflictividades y desigualdades; que en esta instancia confluyen las luchas democráticas por la ampliación de la soberanía y los intentos por regularizarlas o doblegarlas, no hacen más sencilla la tarea de elaborar políticas para los medios públicos, sino más compleja.

No se tratará por lo tanto de garantizar los ideales procedimentales para garantizar lo público de los medios de comunicación, sino de desplegar una política específica y compleja que vuelva al medio público, en tanto cuidadoso arquitecto del espacio público, un actor juicioso y democrático de esa instancia y pantalla privilegiada de aquellos actos de sentido que busquen la ampliación de derechos, la profundización de la libertad, la igualdad y la democracia.

 

(*) Licenciado en Ciencias de la Comunicación (UBA). Ex Subgerente de Noticias en la Tv Pública. Maestrando MIESCA.
1 Utilizamos el término “modelos ideales” siguiendo a Silvio Wainsbord y Martín Becerra quienes plantean en su trabajo “Principios y “buenas prácticas” para los medios públicos en América Latina” que “Este policy paper tiende a sintetizar la definición ideal de los medios públicos tal y como surge de las regulaciones del sector adoptadas en América Latina y los parámetros e indicadores de desarrollo mediático y de medios públicos elaborados por la UNESCO”. (2015), en Cuadernos de Discusión de Comunicación e Información 3. UNESCO. Montevideo, Uruguay.
2 Safar, Elizabeth y Antonio Pasquali (2006), “La radiotelevisión pública en Venezuela”, en UNESCO, Radiotelevisión de servicio público: un manual de mejores prácticas, Oficina de UNESCO para América Central, San José de Costa Rica.
3 Ranciere, J. (1996). El desacuerdo. Política y filosofía, Buenos Aires, Nueva Visión, Buenos Aires.
4 Mouffe, C. (2012). La paradoja democrática. El peligro del consenso en la política democrática. Ed. Gedisa, Barcelona.
5 Scigliano, S. y Taricco, V. (2013). De las medicaciones a los medios. Un Recorrido crítico por las teorías comunicaciones de los años 80 en América Latina. Tesina de graduación, Buenos Aires.

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