“Tenemos que centrarnos en el derecho humano de acceso universal a Internet”

Entrevista a Andrés Gil Domínguez, abogado constitucionalista y experto en derecho a la comunicación en Internet. POR EMILIA

Entrevista a Andrés Gil Domínguez, abogado constitucionalista y experto en derecho a la comunicación en Internet.

POR EMILIA RACCIATTI (*)
@emiliaracciatti

Andrés Gil Domínguez es abogado constitucionalista y recientemente integró la comisión redactora del anteproyecto de la ley de comunicaciones convergentes liderada por la funcionaria del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) Silvana Giudici.

En esta entrevista con Fibra cuenta que el documento final de dicha comisión fue presentado al entonces ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, en marzo de 2017. Para el abogado, si todavía el gobierno no lo envió al Congreso para su posterior debate es porque sigue haciendo modificaciones. “Es legítimo que todo gobierno resuelva cuando quiere plantear una discusión sobre determinado tema”, asevera.

Además, dice que está conforme con el documento final, que su trabajo en la comisión fue ad honorem y que no sabe cuáles son los tiempos que le dará el Ejecutivo al anteproyecto, si lo enviará tal como está al Congreso, ni cuando lo hará.

A su vez planteó objeciones a la conformación del directorio del ente propuesto en el documento final, que establece un funcionamiento igual al de Enacom, con siete miembros y todos con posibilidad de ser removidos por el poder ejecutivo. Con respecto al dictado de decretos mientras trabajaba la comisión, Gil Domínguez dice que son herramientas del gobierno pero no está de acuerdo con su dictado.

Fuiste uno de los primeros en dar a conocer el anteproyecto de ley de comunicaciones convergentes. ¿Cómo fue la decisión de publicarlo?

Según me enteré por el Boletín Oficial, el gobierno, en el marco de sus competencias legales y sus tiempos políticos, abrió un nuevo período de consulta y lo que se publica ahora es el trabajo final de la comisión redactora. Este trabajo fue elevado oportunamente y en los tiempos previstos, en marzo del 17, al entonces ministro de comunicaciones Oscar Aguad. Es la propuesta de la comisión que debe ser elevada al Poder Ejecutivo, que puede tomarlo en su totalidad o modificarlo. Desde la comisión terminamos nuestro trabajo en marzo del 17 y lo presentamos después de mucho debate. Lo pueden llamar documento preliminar, anteproyecto pero lo cierto es que a partir de eso, el poder ejecutivo puede hacer lo que hizo: abrir períodos de consultas sobre ese texto.

¿Estás conforme con el documento presentado?

Sí, porque me parece que es una propuesta seria que trata de normar el presente pero también de regular el futuro. Tiene dos estructuras: comunicación audiovisual y electrónica que se sostienen sobre el concepto de comunicaciones convergentes. Destaco que trata de generar marco para la promoción de la industria audiovisual y contenidos nacionales, intenta incluir a las OTT (over the top). No lo considero un texto perfecto, es un documento elaborado por una comisión que el Ejecutivo puede tomar o no y que el congreso va a modificar. En el documento intentamos desarrollar una conceptualización de comunicaciones convergentes pero, hoy por hoy, la comunicación viral es un concepto todavía en construcción. Si Netflix está ofreciendo una propuesta audiovisual sobre la base de algoritmos inteligentes teniendo en cuenta tus gustos como consumidor de Netflix, cómo no vas a pensar ese mundo de acuerdo a la producción nacional. Entonces es positivo que el gobierno piense en la agenda digital. En ese sentido, ya no sé si deberíamos hablar de comunicaciones convergentes o virales porque tenemos que dejar regulado en una ley aspectos vinculados a inteligencia artificial, algoritmos, trazabilidad algorítmica vinculada a lo que es el desarrollo de las comunicaciones.

Más allá del texto final presentado, ¿estás conforme con el proceso de trabajo previo?

Sí, absolutamente conforme. No tenemos nada que envidiarle al proceso de participación que se llevó a cabo para la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Escuchamos a todos, estuvimos intercambiando proyectos, miradas, fuimos a distintos puntos del país. Se realizaron encuentros internacionales. Creo que uno de los grandes aportes fue el proceso de
participación porque ningún texto es perfecto y definitivo en el campo de lo que es el discurso jurídico y más en este caso que tiene que ser revisado por el ejecutivo y por el Congreso.

El directorio del ente propuesto en el anteproyecto es igual al de Enacom. Planteaste objeciones a esa conformación, ¿cuáles son?

Hice una propuesta alternativa. Planteo que si bien son siete miembros, los que no son designados por el poder ejecutivo, sino presentados por la comisión bicameral y el consejo federal, sean solo sean removidos por los órganos que los promovieron. Y que la remoción sea por determinados causales, como la ética pública y siempre respetando el debido proceso administrativo.

En el anteproyecto no hay mención a los medios públicos. ¿Por qué?

Porque se entendió que, por la importancia de los medos públicos, tenían que estar regulados por una ley distinta, entonces se confeccionó un documento que leímos desde la comisión pero que elaboró el sistema de medios públicos.

Mientras ustedes trabajaban en este anteproyecto, el presidente realizaba modificaciones vía decreto. ¿Estás de acuerdo con esa forma de regulación?

Tengo una postura crítica con los DNU desde antes de la reforma de la constitución por la que se incorporaron. Estoy en contra de cualquier DNU, salvo que exista una situación objetiva de emergencia verificable que puede ser una catástrofe natural o una situación de conmoción social límite. Ahora, el contexto constitucional y legal de la República Argentina habilita a un presidente o presidenta a dictar un DNU si desde su perspectiva existe urgencia. El dictado vale como una ley, con control político ulterior del Congreso, en base a una ley que es la 22 122 sancionada en la época de Cristina Fernández de Kirchner y de autoría del Ejecutivo, que establece que con que una sola Cámara lo apruebe o consolide, el DNU deja de tener carácter provisorio y se transforma en ley.

Ese no fue el único decreto, hubo otros como el 1320 que habilitó a las telefónicas brindar televisión por cable.

Ese fue un decreto reglamentario, no fue un DNU. Hay un marco normativo que es la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, la Ley de Argentina Digital y después modificaciones realizadas a través del 267 que hoy es ley. Dictar decretos reglamentarios es parte de la función del Ejecutivo. Después podemos cuestionar si dar a conocer un documento de trabajo de una comisión redactora en un año electoral es positivo o negativo. Pero es legítimo que todo gobierno resuelva cuando quiere plantear una discusión sobre determinado tema pero hoy sobre la regulación de la comunicación, existe marco legal.

El proceso de regulación comenzó con intervenciones violentas a los organismos de aplicación de las leyes vigentes en ese momento…

Estuve de acuerdo con esas intervenciones. Uno puede decir que no está de acuerdo con que estas leyes hayan sido modificadas por DNU pero se pueden modificar vía DNU. Uno puede cuestionar si el gobierno tenía que dar a conocer el proyecto en marzo o no. Pasaron nueve meses. Pero es legítimo que un gobierno en un año electoral decida qué tema pone en agenda. Creo que es un tema que nos interesa mucho a pocos y poco a muchos. No es un tema de agenda política la regulación de la comunicación.

¿Cómo evalúas las dos leyes que se modificaron: la de Servicios de Comunicación Audiovisual y la de Argentina digital?

La LSCA tenía ciertas regulaciones que eran inconstitucionales y la Corte, cuando declara la constitucionalidad de esas normas, lo hace usando el estándar de constitucionalidad mínimo que no es el estándar interamericano. La Corte usa un nivel de constitucionalidad mínimo y muy conservador pero dice que esta opción del Congreso es constitucional pero que no es la única, ni que se tiene que mantener en el tiempo sin ser modificada, dice que esta opción del legislador en pos de desarrollar la libertad de expresión, no como derecho subjetivo sino como derecho colectivo, es proporcional con las medidas que se han adoptado a tal efecto.

¿Y por qué te parece que debían ser modificadas con tanta urgencia?

El punto más débil era regular el régimen de incompatibilidad de licencias tratando de la misma manera cosas que eran totalmente distintas. La misma Relatoría para la libertad de expresión, en dos informes diferentes, dijo que no era factible generar regímenes especiales de defensa de la competencia con normas ex ante para evitar monopolios. Luego dice que al menos que se compruebe que el régimen general de licencia de la competencia que se le debe aplicar no sea efectivo y lo justifique.

En la audiencia ante la Corte patrocinaste a la Fundación LED y a Codelco (Comité del Consumidor). ¿Cómo ves ese proceso a la distancia?

Patrociné a las dos pero quien llegó a ser Amicus fue Codelco. La Fundación LED fue amicus escrito pero no expositor porque la Corte desvirtuó la figura del amicus. Me refiero a que la figura amiga del tribunal debe presentarse, mostrar su postura pero no necesariamente tiene que adherir a alguna de las parte. La Corte debe habilitar a quienes exponen ante las partes. Por ejemplo, yo expuse en el caso de buscadores de Internet y en el caso de educación religiosa en escuelas públicas de Salta. Lo que hizo la Corte en esas audiencias, se lo dijo (Horacio) Verbitsky ese mismo día, fue que cada parte eligiera a ciertos amicus para que hablen a su favor. Eso destruyó esa figura y confundió a la gente. Lo que debería haber hecho la Corte es elegir quienes exponían o como hizo en el caso de Salta, permitir que hablen todos.

El artículo 6 habla de las licencias. No hay un artículo que hable de la desinversión. ¿Por qué?

No sólo eso sino que además hay una norma transitoria que dice que se resguardan los derechos adquiridos. Es todo lo contrario al 161 —refería a la regulación de licencias en la LSCA— porque ese artículo era inconstitucional y tan inconvencional que no se animaron a hacerlo ni Chávez en Venezuela, ni Correa en Ecuador, ni Evo Morales en Bolivia.

En este tiempo mientras trabajaban en la regulación del mercado de comunicaciones, el mismo cambió drásticamente. ¿Cómo ves la concentración en Argentina? ¿Te parece que ahora hay más o menos concentración que en diciembre de 2015?

Hay que redefinir el significante concentración. Si tiene un sentido desde el punto de vista constitucional y legal de defensa de la competencia, un sentido en el ámbito del desarrollo de las ciencias sociales o un sentido desde la perspectiva política. Las comunicaciones convergentes tienden a la fusión y a la concentración porque la idea del cuádruple play hace que empresas que daban servicios distintos, en lo que es la convergencia, busquen, por una cuestión de sinergia, fusiones y concentraciones y hacia eso va el mundo. Eso es positivo porque al generar un cuádruple play vas a tener empresas más fuertes que van a generar más inversiones, mayor desarrollo en lo que hoy tenemos que centrarnos que es el derecho humano de acceso universal a Internet.

En ese sentido, ¿cómo regulas la conformación de estos conglomerados como Telecom?

Aplicando el régimen de defensa de la competencia. Esa operación —la fusión Telecom/Cablevisión— pasó por Enacom, que la aprobó con ciertas restricciones,
y ahora pasará por la Comisión de Defensa de la Competencia que emitirá su dictamen.

Será el conglomerado de comunicación más grande de Latinoamérica.

Eso es mentira. Quedará en el sexto lugar, lejos de Claro, muy lejos de Telefónica en términos de facturación. Facturaría siete mil y los otros facturarían 50 mil. Ahora, si analizás el mercado de Chile, México, Perú, Colombia y Francia, el que tiene mayor participación en el mercado tiene más de lo que va a tener Cablevisión ahora. Telecom se va a quedar con el 34 por ciento y en otros países está en el 46, 47 por ciento. En comunicaciones convergentes va a haber una lógica sinérgica de concentraciones de empresas que daban cosas distintas y ahora van a juntarse para dar el cuádruple play, lo que va a generar mayores inversiones y desarrollo de infraestructura para mayor conectividad. Nosotros tenemos una conectividad en términos de velocidad que está por debajo de Chile, Uruguay y sobre eso tenemos que trabajar porque las comunicaciones audiovisuales están dejando el espectro radioeléctrico y se están yendo a plataformas ubicadas en el acceso a Internet. No solamente Netflix, también en Flow. Ese es el futuro.

¿En el anteproyecto están garantizados los derechos y el funcionamiento de los medios sin fines de lucro?

Sí, me encargué particularmente. Ese 33 por ciento de medios de gestión privada no lucrativa deberá tener determinada regulación. En menos de 10 años, cuando los touch tengan 23 años y los millennial tomen decisiones, los contenidos audiovisuales se van a producir en Internet de una forma mucho menos onerosa. En ese marco, el desafío va a ser cómo generás posibilidades para que esos medios sin fines de lucro puedan generar contenidos locales porque ya no vas a tener el problema del espectro radioeléctrico que es finito, ni el problema de la infraestructura para generar contenido porque se va a facilitar enormemente. Eso ya lo estamos viviendo.

Planteaste que el fútbol debería ser un evento de interés relevante. ¿Cómo ves el fin de Fútbol para todos?

Fui uno de los impulsores de que todos los eventos deportivos de naturaleza cultural fueran emitidos por televisión abierta en forma gratuita y directa. Lo que sucedió con “Fútbol para todos” fue que en vez de ser la posibilidad de tener acceso directo al fútbol como evento cultural y generar condiciones para la transmisión en vivo de los partidos, se hizo otra cosa. Se generó un sistema que era insostenible de la perspectiva de la equidad, de la justicia social y se terminó con un negocio que ahora está siendo investigado por la justicia. No estoy de acuerdo con que se pasen solo los partidos de la selección argentina, creo que cualquier evento deportivo donde una representación argentina esté compitiendo por algo importante debería ser transmitido para que todos puedan acceder gratuitamente y en tiempo real.

¿Cómo ves el funcionamiento de Enacom?

Creo que era fundamental para encarar a idea de este viaje hacia la convergencia que fuera un solo organismo. Te puede gustar o no pero creo que no ha sido inoperante.

En el último año el gobierno disolvió el ministerio de Comunicaciones y Enacom pasó a depender de Modernización. ¿Cómo ves ese cambio?

La construcción de un concepto de comunicación digital la podes hacer en un ministerio de comunicaciones o de modernización, ya que éste tiene, entre muchas de sus tareas, la de desarrollar agenda digital, gobierno abierto. Si te vas a quedar anclado en el discurso de la comunicación audiovisual de la década del 2000, que fue lo que signó a la LSCA y creo que fue uno de sus grandes problemas porque terminó regulando algo que ya estaba superado por el desarrollo tecnológico, o si vas a pensar en comunicaciones convergentes y digitales. En ese caso no importa donde estén sino que vayan hacia una regulación de esa complejidad.

 

(*) Licenciada en Comunicación (UBA) y periodista de la Agencia de Noticias Télam.

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