Editorial

Tiempos de definiciones. La modernidad y la convergencia Luego de cuatro meses desde que comenzaron las primeras reuniones

Tiempos de definiciones. La modernidad y la convergencia

Luego de cuatro meses desde que comenzaron las primeras reuniones de la Comisión Redactora del Anteproyecto de Ley de Comunicaciones, y mientras se sigue regulando con un decreto que ya está definiendo el mercado audiovisual y de telecomunicaciones, los miembros de la comisión publicaron 17 principios que aseguran que serán los que “regirán” la nueva ley.

 

Desde el Ente Nacional de Comunicaciones (ENaCom) declararon que estos principios “sintetizan el espíritu de la Ley, cuyos pilares son la pluralidad, la diversidad, el acceso a la información, la libertad de expresión y de prensa, el federalismo y la producción nacional de contenidos”.

El espíritu de los principios presentados parece sostenido en la idea de que la convergencia aportará modernidad al texto de la ley resultante. Una convergencia pensada como un punto tecnológico al que llegar y no como un proceso de profundos cambios también culturales y económicos que impactan no sólo en lo local sino en la interacción entre legislaciones locales y procesos globales. En este sentido, las comunicaciones convergentes de las que habla el documento son tan amplias y poco definidas como los operadores convergentes a los que hace mención y que dejan abierta tantas posibilidades que se hace difícil dar cuenta de a qué se refiere.

Mientras perseguimos la zanahoria de la convergencia, el decreto 267 sigue regulando el presente de nuestro sistema audiovisual y de telecomunicaciones. De esta forma, el espíritu de una ley que se anuncia moderna por incorporar la idea de convergencia puede verse condicionada por una realidad ya consolidada al momento de entrar en funciones. Ya se ha analizado en estas páginas cómo el DNU 267 favorece la lógica de concentración, amplía los límites establecidos para acumular licencias, flexibiliza sus plazos, dispone una extensión automática del plazo vigente de todas las licencias y elimina la regulación para la TV por cable, entre otras cuestiones.

Incluso dentro del bajo nivel de definiciones que se vienen informando, quedan aún puntos nunca aclarados por el Poder Ejecutivo. La Comisión Redactora anunció que ya realizaron siete reuniones para avanzar con la redacción de la ley y que, al mismo tiempo, tuvieron una serie de encuentros con representantes de empresas, cámaras, ONG, asociaciones civiles, académicos y especialistas. Sin embargo, desde el Poder Ejecutivo aseguraron que la empresa Arsat “decidió dar inicio a las tratativas necesarias para la contratación de la firma McKinsey”, lo que explicita el estrecho vínculo del Gobierno con la consultora estadounidense, quien fue señalada como la compañía que estaría asesorando en el diseño de un nuevo marco regulatorio para las comunicaciones. A pesar de saber esto, sigue sin quedar claro cómo se articulará el trabajo de la mencionada consultora con el de la Comisión Redactora y su propuesta de abrir el debate.

Excediendo estas novedades —pero tensionando la problemática de los nuevos marcos regulatorios a nivel global— el mundo sigue debatiendo cómo incorporar a las legislaciones y a los sistemas tributarios nacionales empresas que, por su escala y sus estrategias de negocio, logran esquivar de forma efectiva la actual normativa. De eso también hablamos en esta edición de la revista.

Por otro lado, detrás de los contenidos y de los servicios móviles, que están en la superficie, en lo más profundo de la red hay otras tensiones que se están dando entre diversas empresas de telecomunicaciones y el Estado. Por eso, en este número, hablamos con Rodrigo de Loredo, presidente de ARSAT y con Franco Cecchini, director de IPLAN. Por eso, también, analizamos las tensiones sobre el espectro y nos preguntamos: ¿Llegó la hora de los OMV?

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