Una legislación para acompañar profundos cambios tecnológicos, económicos y culturales
Si nos permiten abusar de esquematismos, podemos plantear dos formas de aproximarse al tiempo que transcurrimos en materia de telecomunicaciones y de comunicación audiovisual. Una, más local, está encerrada en el frasco de tweets que interpretan toda iniciativa en clave de la disputa abierta en torno de la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. La otra, ampliada, intenta dar con un conjunto de novedades (en la economía de las empresas, en las tecnologías, en las formas de consumir para desde allí interpretar las transformaciones que vivimos y las políticas públicas que las acompañan.
Esta mirada ampliada permite ver, por ejemplo, que la tensión entre empresas de medios y gobiernos no es un invento local, sino que atraviesa distintas democracias, con el ejemplo de la elección en Brasil, aún por revisar analíticamente. Pero, sobre todo, permite ver que iniciativas muchas veces constituidas como noticia en la lógica de la disputa coyuntural vienen en realidad precedidas de profundos cambios en nuestras tecnologías, en la economía de la comunicación y en los consumos culturales.
En los últimos meses asistimos a dos novedades que requieren esa capacidad de ampliar el encuadre para poder ser analizadas en todas sus dimensiones. Una de ellas, que ya abordamos en la primera edición de Fibra, es la decisión de licitar frecuencias para telefonía 4G, lo cual modernizará prestaciones y dará aire a un espectro agotado por la creciente demanda de servicios de datos móviles.
La segunda de estas novedades es la reciente presentación del proyecto de ley Argentina Digital que, desde la profundidad de cambios que implica, debe visitarse con una tranquilidad que no acostumbramos tener en el plano local. Eso es lo que intentaremos hacer en esta edición de Fibra y, seguramente, en las siguientes.
La propuesta de actualizar nuestra legislación a tiempos de convergencias —de infraestructuras y de consumos— aún no del todo definidas es, desde ya, una noticia alentadora. Como también lo es que esa legislación contemple la posibilidad de pensar un rol activo para el Estado en la regulación del sector en términos de universalización, calidad del servicio, costos de interconexión y apertura de las redes.
Quedan muchas cosas por discutir y muchas más por definir en un proyecto que no da algunas precisiones importantes, como por ejemplo cuál será la autoridad de aplicación de la nueva legislación.
Entendemos que se debe destacar el enorme paso que implica estar discutiendo políticas de comunicación imprescindibles para un momento de grandes cambios e interrogantes. En apenas 15 años, nuestras sociedades han renovado casi todas las formas en que consumimos cultura y nos comunicamos. Resultaba más que necesario acompañar esas trasformaciones con políticas públicas que establezcan las reglas de juego para el sector, que sean capaces de ampliar y universalizar las formas de acceso y participación a las TIC que, definidas como servicio público o no, son una de las herramientas más poderosas de inclusión e igualación de nuestra época.