Reseña

El derecho a comunicar. Los conflictos en torno a la libertad de expresión en las sociedades contemporáneas.

Damián Loreti y Luis Lozano. Ed. Siglo XXI, Buenos Aires, 2014.

La propuesta de los autores de El derecho a comunicar, Damián Loreti y Luis Lozano, es clara desde la tapa del libro: recorrer el camino que va desde la concepción liberal clásica de la libertad de expresión hasta los debates actuales en los que la comunicación es concebida, en un sentido amplio, como un derecho humano fundamental. Y en ese andar surge, una y otra vez, la pregunta sobre el rol del Estado. ¿Satisface un Estado sus obligaciones en materia de libertad de expresión con sólo abstenerse de censurar o tiene además obligaciones de prestación, destinadas a garantizar el ejercicio universal de este derecho humano? En palabras de los autores, “en la discusión sobre este punto subyace buena parte de los debates actuales sobre la relación entre Estado, sociedad y medios”.

Con este dilema como telón de fondo, el libro muestra la maduración de las discusiones en torno al ejercicio de derechos vinculados a la expresión en Argentina. Desde los asesinatos y desapariciones de periodistas, la censura y la clausura de medios impuesta durante el terrorismo de Estado con la complicidad de los grupos mediáticos hegemónicos, hasta las discusiones de los últimos años en torno a la constitucionalidad de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual o la despenalización de las calumnias e injurias para expresiones de interés público.

A la vez, el libro funciona como una reseña de saberes que hasta ahora se encontraban dispersos en textos varios y en la tradición académica de un campo multidisciplinario. Así, es posible rastrear los primeros desarrollos teóricos y jurídicos en torno al concepto de democratización de las comunicaciones, que se remontan a fines de los años setenta y encontraron un hito con la publicación del informe Un solo mundo, voces múltiples, realizado por la comisión presidida por el irlandés Seán MacBride, en el marco de Unesco. El informe introdujo por primera vez en la agenda internacional las nociones de “pluralismo”, “diversidad”, “universalidad del derecho a la comunicación y del acceso a la información”, temas hasta entonces fuera de la agenda, a excepción de lo que ocurría en las aulas de algunas universidades públicas, sindicatos y organizaciones de la sociedad civil.

Desde entonces, las cuestiones en debate han ido variando, y se generaron diversas corrientes de pensamiento y discusión sobre el rol de los medios en las sociedades democráticas. Al mismo tiempo, fueron constituyéndose conglomerados periodísticos con intereses fuera de la actividad específica y proliferaron las cadenas internacionales que hoy aparecen como grupos globalizados. Todo esto de la mano del desarrollo masivo de Internet y la expansión de las redes sociales.

En simultáneo, en América Latina, tomaron cuerpo los temas de una nueva “agenda ampliada”, que incorporó la universalidad del acceso, la problemática de la concentración y la distribución de las frecuencias de radiodifusión, entre otros. Tal como lo explican los autores, en la actualidad, en cualquiera de los países de nuestra región, la cuestión del derecho a la comunicación y la libertad de expresión son materia de un debate común que genera vibrantes discusiones cotidianas en todos los ámbitos de la sociedad, incluidos los propios medios de comunicación.

A medida que se pasan las páginas es posible asistir a distintas revelaciones para el lector común, como la caída de la imagen sagrada de objetividad de la información difundida, la revelación de que —además de ideologías y líneas editoriales— los negocios intra y extramediáticos tienen gravitación en la opinión pública y la pelea por la universalización de este derecho —que nació como rebeldía frente al poder estatal y hoy puede sucumbir tanto por la acción del Estado como por el obrar de actores no estatales, mediáticos o que pesen sobre ellos—, en un paisaje en el que las empresas de medios no son más esos viejos editores que enseñaban a sus hijos y discípulos el oficio periodístico.

Ya desde la introducción, los autores prometen “dejar de lado los sentidos comunes impuestos por buenas o malas razones, por comodidad de conciencia o proximidad ideológica”. Esa apuesta por la incomodidad y la incorrección política da como resultado un libro que, lejos de proponer un libreto tranquilizador para quienes se interesan por estos temas expone —con detalle y anclaje histórico—, el abanico de cuestiones vinculadas a la comunicación que hoy ocupan un lugar central en el desarrollo de nuestras democracias.

Frente a estos dilemas, El derecho a comunicar, aporta una serie de herramientas y un lugar desde el cual enfocar estos fenómenos para repensar el papel del Estado, las políticas públicas, los medios y la sociedad civil. Una respuesta mercadocéntrica indicaría que el Estado debe permanecer al margen como un mero garante de reglas de juego macroeconómicas. Muy por el contrario, este libro sostiene que el Estado tiene mucho por hacer, pero debe hacerlo de manera inteligente. Porque desde que las mujeres y los hombres salieron a hacer oír sus voces en las esquinas de la calle, hasta el advenimiento los medios digitales, el desafío sigue siendo el mismo: “Convertir a los medios de comunicación en espejos y ventanas. Espejos, para reflejar la mayor cantidad de expresiones posibles. Ventanas para ver el mundo y que el mundo nos vea”