El cine en la era “Cambiemita”

Mercado, políticas y performance desde diciembre 2016.

POR SANTIAGO MARINO (*)
@santiagomarino

La experiencia “Cambiemos” al frente de la administración pública llega a su fin con el cierre de 2019. El interregno no peronista ha completado un ciclo de gobierno, lo que resulta toda una novedad en materia política. Y a pesar de constituir una trayectoria efímera (¿por ahora?), en el espacio audiovisual ampliado deja su huella.

A la trayectoria de continuidad en la política de Estado que el cine en Argentina ostenta desde hace un cuarto de siglo se le sumaron idas y vueltas en la gestión del Instituto, algunas medidas que habilitan dudas sobre el futuro y números irregulares para un período que no quedará en el olvido.

El cine de Argentina en el Audiovisual Ampliado

El cine es un sector peculiar tanto por sus rasgos económicos como por su rol en la construcción de relatos que aportan a la constitución de identidades. En el país, la política pública establece mecanismos de estímulo y protección a la producción local y ha sido sostenida más allá de cambios políticos y económicos. Su legitimidad es amplia a pesar de lo desparejo de sus resultados, del paso del tiempo y de la necesidad de repensar algunas de sus líneas.

En países como el nuestro requiere de dichas medidas para que garanticen su existencia dada su estructura de costos, el tamaño del mercado y el dominio de las producciones extranjeras. En este esquema, unos pocos films locales resultan “elegidos” por el público y logran superan la cantidad necesaria de espectadores para cubrir los costos de producción (alrededor de 700 mil tickets). Así, el dominio de los “tanques” hace posible la generación de las películas nacionales. Aunque sean menos visto.

Sin embargo, en este contexto que combina crisis económica y ampliación de las posibilidades de consumir cine “en casa” y por ende más barato, la asistencia a salas sobrevive, incluso con números recientes que mejoran los anteriores. Esto pasa a pesar de que “ir al cine” sea tal vez una de las salidas más costosas, porque demanda desplazarse a las (pocas) zonas de las ciudades donde se aglomeran las salas y comprar entradas cuyos valores se incrementan con la inflación o por encima de ella.

Este y otros interrogantes se profundizan a la hora de evaluar el impacto de las decisiones tomadas por el gobierno que termina en diciembre de 2019 en torno al espacio que interesa al campo cinematográfico argentino, compuesto por autores, actores, guionistas, directores y directoras, productores y productoras, técnicas y técnicos de formación sólida, apoyado en una larga trayectoria de producción.

Las políticas

Sin haber modificado de modo significativo el marco regulatorio vigente, como sí lo hiciera en relación a la radio y la TV, el proceso que materializa la administración Cambiemos consolida una serie de aspectos que habilitan una mirada preocupada sobre el futuro.

En orden cronológico, el primer aspecto a recordar fue la designación de representantes de la industria en el organismo de aplicación de la política, tras varias gestiones de carácter más político. Con la llegada del nuevo gobierno fue designado Alejandro Cacetta como presidente del INCAA. El ex CEO de Patagonik Films (empresa en la que trabajó por más de diez años) reemplazó a Lucrecia Cardoso. Este funcionario provenía de una firma integrada por Buena Vista Internacional, Artear Argentina y Cinecolor Argentina. Tras poco más de un año al frente del organismo, renunció en el marco de un proceso polémico que incluyó denuncias mediáticas e internas de palacio1. Desde entonces, el ex funcionario se presenta en su perfil en la red social Linkedin como “Productor independiente de medios audiovisuales”, con lo cual habilita la pregunta sobre el proceso de “puerta giratoria”2 (Castellani: 2018).

A la característica expandida en la gestión de poner CEOs al frente de los organismos públicos el cine ofreció una materialización y un conflicto interno que se volvió (muy) visible.

En la segunda semana de mayo de 2017 fue designado el licenciado Ralph Douglas Haiek al frente del organismo. Como planteamos oportunamente en Fibra3, eso resultaba peculiar dado que hasta entonces se desempeñaba como vicepresidente. Su mandato se extiende hasta mayo de 2021 y fuentes consultadas para este trabajo reconocen que su pretensión es continuar en el cargo a pesar del cambio de gobierno, algo que resulta muy poco probable. Haiek fue presidente del Consorcio de Empresas del Distrito Audiovisual de CABA. Es decir que otro hombre de la industria manejó los destinos de entre los 2500 y 2800 millones de pesos al año que hacen al Fondo de Fomento.

En términos de la evaluación, varios sectores resultaron muy críticos de la gestión. En esa línea, el abogado especialista en cine Julio Raffo sostiene que “el problema no es la ley, sino los graves incumplimientos que, en muchos casos, vienen desde antes y ahora se han profundizado. A su vez, se ha hecho un nuevo Plan de Fomento que divide a las producciones según sean de “audiencia masiva” o “media” y cuyos principios tienden a favorecer a las grandes producciones.”4

La crítica de Raffo es sostenida por Javier Diment, quien expresa que “antes, para acceder a los subsidios y créditos que otorgaba el INCAA había básicamente dos vías. Una para los más poderosos, otra para los medianos y pequeños (con muchas otras opciones para los más pequeños aún). La condición para que te otorguen un crédito para la segunda vía era que el productor que pedía el dinero hubiese hecho ya una película subsidiada por el INCAA, que estuviese terminada y estrenada, y que no hubiese dejado deudas. Y que el director hubiese dirigido, a su vez, una película. Ahora se estableció un sistema de puntajes, que tal como está siendo replanteado (es un sistema que ya funciona, cada vez sacan nuevas regulaciones que lo empeoran y se espera para dentro de una semana una nueva estocada), va a terminar de sacar del tablero industrial a la gran mayoría de los pequeños y medianos productores. Estos puntajes que hay que cumplimentar para que el INCAA, en su rol de espacio de fomento, subsidie una película, tendrá presente cosas tales como la cantidad de dinero que se recaudó en películas anteriores, haber ganado premios en ciertos festivales reconocidos por el INCAA, haber podido estrenar (al momento, porque parece que esto cambiará para peor) tres películas en los últimos cinco años (para un pequeño productor eso es imposible, cada película no le lleva menos de dos años, tres si contamos el tiempo de desarrollo de guión y los pasos previos a la aprobación del INCAA), etc.”5

Pero, sin dudas, la modificación central radica en que a partir de diciembre 2022, el Fondo de Fomento a la Producción establecido por la ley reformada en 19946 —que se nutre de impuestos que tienen afectación específica y del que la AFIP tiene la obligación de enviar diariamente ese dinero al Instituto— seguirá otro proceso administrativo.

Sancionada el 27 de diciembre de 2017 y publicada en el Boletín Oficial dos días después, la ley 27 432/17 decidió la sustitución del artículo 3° de la ley 25 413 y sus modificaciones. Esa norma, aprobada por mayorías muy amplias tanto en la Cámara de Diputados como en Senadores define la prórroga hasta el 31 de diciembre de 2022 inclusive del plazo de vigencia de determinadas normas, entre ellas, la que establece el modo en que se conforma el Fondo de Fomento al Cine.

El peligro respecto del que advierten las fuentes consultadas radica en la posibilidad de que se acabe la afectación específica y los ingresos directos al Instituto.

“Eso va a obligar al presidente del Instituto a que cada año tenga que ir a “pelearse” por los fondos con los ministerios y el resto de las dependencias públicas” sostiene Julio Raffo. Y agrega que ese aspecto no da cuenta del proceso productivo del campo. “La producción de cine tiene un ciclo de por lo menos tres años entre que se piensa la idea y se terminan de cobrar los subsidios. Es decir que, si hoy presentó un proyecto, no puedo saber si dentro de tres años y medio habrá asignación de recursos. Muchos dicen que los recursos del Fondo van a mantenerse, pero eso tendría que ser aprobado por diputados que todavía no sabemos quiénes van a ser.”7

Ante la demanda que sostiene que esto podría implicar, a su vez, la pérdida de la autarquía por parte del INCAA es necesario recordar que eso sucedió en el pasado. Durante la crisis de 2001, por unos meses y luego de una decisión efímera de Domingo Cavallo el organismo había perdido dicho atributo. Luego lo recuperó en 2002 durante la presidencia de Eduardo Duhalde8. Esa situación derivó en la ampliación de derechos, porque en ese momento se logró una línea de financiación para documentales políticos que no había.

Por otro lado, directoras y directores del cine de producción local manifiestan su preocupación por otro aspecto de la gestión Cambiemos que contribuye a sostener la idea de que la política de cine no se cumple. El punto radica en el continuo atraso del costo fijado para una película nacional de presupuesto medio, que aún tras la actualización de 2019 (que la llevó a $20 millones) alcanza apenas a cubrir la mitad del valor, establecido para este año en $39.404.939, IVA incluido9.

A ese dilema se le sumó el cambio en el mecanismo
de fomento, materializado en la suspensión por un año de los créditos que determina la ley y su reemplazo por mecanismos de créditos bancarios que —según entienden desde el colectivo de directores y directoras englobados en la DAC10— “sólo alcanzan para cubrir únicamente los costos de las cargas sociales y el IVA”. Tras un 2018 sin créditos, a fines de ese año el INCAA aprobó una Resolución que definió la canalización de esos mecanismos a través de Banco Nación más la intervención de una sociedad de Garantías Recíprocas sin costo para el solicitante. En tanto esos préstamos se aplican únicamente a los films de costo medio y/o de público masivo, cuyos presupuestos son mucho más altos que los establecidos por el organismo, definieron otro aspecto negativo de la gestión.

Lo que resulta significativo para concluir parcialmente este análisis es que mientras el presupuesto del INCAA creció de a mano de la inflación y del costo de las entradas, el destino de ese dinero fueron bonos, cuentas bancarias y plazos fijos en lugar de contribuir a la expansión de la industria.

Los números

La continuidad en la política de cine se relaciona también en los números del mercado. Uno de los aspectos a destacar es que el INCAA difunde históricamente los números de sector. De este modo se pueden reconocer indicadores como asistencia a salas, concentración de la oferta, curvas temporales, etcétera. Los rasgos permanentes se perciben en períodos que incluyen cambios políticos significativos, como la suma de siete años de gobiernos kirchneristas y los primeros tres años de gestión de Cambiemos.

Los números que expone el Instituto permiten identificar los vaivenes del consumo del cine en las salas en Argentina, vinculados a crisis económicas y retracciones tanto como a aspectos vinculados a la oferta. Y los resultados comparados entre cine argentino y extranjero, que operan como variables independientes.

Si bien falta poco más de un mes para completar el último de los cuatro años de gestión Cambiemos —con lo cual el análisis resulta incompleto— los números permiten dar cuenta que mientras la oferta crece a una tasa significativa año tras año, tanto de films locales como del total, la asistencia a salas decrece. Y la tasa se mantiene: la oferta se acerca al 40% y la taquilla nacional se mantiene en el 14% de modo constante.

Aunque la curva de asistentes para ver cine local se mueve, además, de acuerdo a la oferta: cuando un film se vuelve atractivo para el público, cuenta con difusión masiva y está sostenido en un sistema de estrellas, convoca público.

La convocatoria en general está más vinculada a los avatares de la economía nacional. Mientras que la de la producción local expone una caída muy marcada. Los números de 2019 para este sector exponen indicadores de crecimiento. Aun en el marco de una recesión muy sostenida, la comparación con el año pasado resulta positiva. Mientras que en 2018 se comercializaron un total de 46 547 069 entradas de cine, en los primeros seis meses del corriente año se vendieron más de 23 millones de tickets. Es probable que, de continuar la tendencia, supere al año anterior.

Este tipo de éxitos viene de la mano de los grandes tanques de Hollywood. Este año “Toy Story 4” superó los 6 500 000 y “Avengers: Endgame” acaricia los 4 millones de entradas. La suma de estos dos films explicaría el 25% del total de entradas para un año.

En cuanto a las producciones locales, asomó un fenómeno de convocatoria: “La Odisea de los Giles”. Como demuestra Diego Batlle, el film dirigido por Sebastián Borensztein, producido por la firma de los Darín (padre e hijo) y basada en una novela de Eduardo Sacheri está cerca de alcanzar los dos millones de espectadores y durante varias semanas lideró el ranking de películas más vistas en el país.

Durante los últimos años la crisis económica venía afectando de modo significativo al sector cinematográfico. Pero el rendimiento de las películas nacionales expone datos que parecen despegados de la variable del bolsillo: si hay buena oferta consiguen público. Así, en 2016 se vendieron 50 972 286 entradas en el país, una cifra que muy inferior a los 52 230 747 del año 2015. La caída es de algo más de 1,2 millón de tickets, un 2,4% en la comparación interanual. Sin embargo, en ese momento las películas de origen nacional tuvieron uno de los mejores años de su historia: las 200 películas argentinas (con las coproducciones) sumaron una taquilla conjunta de 7 347 371 entradas y consiguieron superar el 14% del total de los asistentes a las salas.

Por su parte, el año 2017 terminó con 49 402 057 espectadores. El 13,16% elogió películas de origen nacional (6 502 811 espectadores). En primer lugar, se vendieron casi 1,5 millón menos en general, una caída que supera el 3% respecto del año anterior. En cuanto a la oferta, se estrenaron 473 largos, 220 de producción o coproducción nacional.

Lo que nadie discute, de todos modos, es el rol central de la acción estatal para la existencia de cine local. Sin política pública no hay producción. Y eso es lo que gestión Cambiemos pone en duda hoy. En definitiva, la política de cine en Argentina garantiza condiciones de producción local a niveles significativos. Se completa con condiciones algo precarias de estreno y continuidad de los films en las salas. Pero no logra incidir en rasgos estructurales: la distribución y exhibición están concentradas en manos extranjeras. Ninguno de estos aspectos fue modificado por el interregno no peronista que completa en algunas semanas su gestión. Veremos cómo se resuelven, entre otros, estos desafíos del audiovisual ampliado en el gobierno por venir.