Entrevista a Ilana Ullman de Ranking Digital Rights.
Por Tamar Colodenco (*)
Ranking Digital Rights (RDR) es un proyecto innovador que pretende examinar en qué medida las compañías más grandes y poderosas de telecomunicaciones e Internet respetan los derechos de los usuarios. Con este objetivo, la ONG con bases en Estados Unidos y Hungría desarrolló un índice que evalúa rigurosamente a Google, Facebook, Apple, Amazon, Twitter y 17 empresas más en temas como libertad de expresión, privacidad y gobernanza. A partir de 35 indicadores, un grupo de investigadores reúne y procesa cientos de datos sobre el desempeño de cada compañía en esas tres categorías. El resultado final es un ranking que expone las peores y mejores prácticas corporativas del sector.
Ilana Ullman, miembro del equipo de RDR, habló con Fibra sobre cómo las herramientas académicas pueden servir para promover el cambio y exigir al sector privado políticas públicas más respetuosas de los derechos humanos.
¿Cómo nació el proyecto de Ranking Digital Rights?
La fundadora de Ranking Digital Rights, Rebecca MacKinnon, escribió en 2012 un libro llamado Consent of the Networked (en castellano, No sin nuestro consentimiento: La lucha por la libertad en Internet) en donde se preguntaba cómo podemos estar seguros de que Internet protege los derechos de los internautas en todo el mundo. Uno de los temas principales del libro es el creciente rol que las compañías de tecnología tienen en nuestra vida cotidiana y la considerable influencia de las políticas y las prácticas de estas empresas en derechos como la libertad de expresión y la privacidad. A pesar de esta enorme influencia, no hay mecanismos claros para exigirles a las empresas una rendición de cuentas. Cuando elegimos funcionarios públicos podemos usar el voto para quitarles el poder si sentimos que no están representando nuestros intereses adecuadamente, pero las personas que están a cargo de estas compañías no han sido elegidas democráticamente y sus políticas son más opacas. Entonces, ¿cómo podemos ejercer un control, exigirles algún tipo de accountability? Esta es una cuestión muy compleja pero nuestro Índice de Accountability Corporativo es una forma de empezar a solucionar el problema.
RDR y el Índice de Accountability Corporativo son parte de un movimiento más amplio que trabaja sobre la relación entre empresas y derechos humanos. En 2011, por ejemplo, Naciones Unidas publicó el informe “Principios Rectores sobre empresas y derechos humanos” que establecía que no solo los Estados tienen la responsabilidad de respetar y proteger los derechos humanos sino que esa responsabilidad también le corresponde al sector corporativo. Dentro del ámbito tecnológico también existe una organización denominada Global Network Initiative (GNI), que reúne a ONG, a empresas y al sector académico, y trabaja elaborando estándares y prácticas recomendadas para la protección de la libertad de expresión y la privacidad en Internet. Las compañías privadas que se asocian a la organización deben aceptar y cumplir con estos estándares y someterse a evaluaciones de la GNI.
¿Cómo se desarrolló la metodología que se utiliza para calcular el Índice de Accountability Corporativo?
La metodología está basada en estándares internacionales de derechos humanos, como los ya mencionados Principios Rectores sobre empresas y derechos humanos de Naciones Unidas, y los principios y guías de implementación de la GNI. Además, también se incorporan estándares desarrollados por la comunidad de derechos digitales. La metodología fue diseñada a través de un proceso complejo y riguroso que incluyó consultas con distintos sectores (investigadores, sociedad civil, inversores y las mismas compañías) y un caso de estudio para comprobar cómo los indicadores preliminares funcionaban realmente a la hora de evaluar a estas compañías. Luego realizamos un estudio piloto para probar nuestra metodología con varias empresas. A partir de los resultados, desarrollamos la metodología final y la aplicamos en 2015 para evaluar a las primeras 16 compañías. El proceso fue nuevamente mejorado para el índice de 2017 en el que agregamos 16 compañías nuevas incluyendo a Apple, Samsung y Google Android (Google estaba incluida en el índice 2015 pero Android no).
¿Cuales son los mayores desafíos a la hora de “medir” la performance de estas compañías?
El principal desafío es construir una metodología que se pueda aplicar indistintamente a empresas muy diferentes que operan en contextos legales muy distintos y ofrecen servicios muy disímiles. Para nosotros es importante que la evaluación logre capturar estas diferencias pero al mismo tiempo sea exitosa en medir a todas estas compañías con estándares universales de derechos humanos.
Otro desafío tiene que ver con las fuentes que usamos para evaluar a las compañías. Los documentos sobre políticas corporativas son complejos y la información que estamos buscando puede estar en distintos documentos o sitios web y no es siempre fácil hallarla. Por eso, nuestro proceso de investigación incluye varios pasos de recolección de datos, verificación cruzada y revisión para asegurarnos de que no estamos excluyendo ninguna información y que estamos midiendo a todas las empresas con la misma vara.
¿Cuántos investigadores trabajan en el equipo?
En 2017 trabajamos con 19 investigadores de todo el mundo. Este es un aspecto muy importante de nuestro proceso de investigación porque estos investigadores locales pueden leer las fuentes en el idioma original y también están más familiarizados con los servicios que estamos evaluando. Además, trabajamos con un equipo de expertos legales que proveen análisis del marco regulatorio vigente en los 14 países cubiertos por nuestro índice.
¿Le permiten a las compañías ver sus calificaciones y pedir revisiones antes de publicar el reporte?
La relación con las compañías es parte central del trabajo que hacemos en RDR. Como parte del proceso de investigación, cada empresa recibe una evaluación preliminar y tiene la oportunidad de incluir comentarios y feedback. Durante este proceso, no compartimos la calificación numérica con las empresas.
Durante la evaluación de 2017, casi la mitad de las 22 compañías evaluadas mandaron respuestas y comentarios. Luego de recibir esta información, la revisamos internamente para determinar si con estos nuevos datos se ameritaba un cambio en la evaluación o no.
¿Reciben quejas de las empresas después de que los reportes son publicados?
Como las empresas suelen estar involucradas en la investigación desde el primer momento, existen oportunidades para enviar quejas o comentarios antes de la publicación. El tipo de involucramiento y de feedback depende mucho del tipo de compañía. Algunos comentarios son muy puntuales y específicos, más de corte metodológico. Otros son más amplios: por ejemplo, sobre el enfoque general de la investigación o los elementos que intentamos medir.
¿De dónde sale el financiamiento para RDR? ¿Aceptan fondos del sector privado?
RDR se financia actualmente con fondos de distintas fundaciones como MacArthur Foundation, Ford Foundation, Open Society Foundations y Mozilla Foundation. También recibe fondos del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Respecto a los fondos del sector privado, no aceptamos ni aceptaremos fondos de ninguna compañía que evaluamos o podríamos evaluar en el futuro. Esto es para evitar cualquier potencial conflicto de intereses.
Los reportes a veces contienen información muy técnica que parece dirigida a un público más académico. ¿A qué tipo de público intentan llegar con su trabajo?
El Índice tiene distintas audiencias objetivo e intentamos diseñar productos de difusión para cada una de esas audiencias. El sitio web, por ejemplo, es más accesible a un público general. También publicamos unas tarjetas de calificaciones individuales para cada compañía donde es fácil ver el desempeño en cada categoría.
Otra cosa importante es que también publicamos los datos sin procesar para que puedan ser usados por terceros. Además, tenemos el reporte publicado con análisis más profundos y también hacemos hincapié en las recomendaciones para empresas y gobiernos. Estas recomendaciones pueden ser muy útiles para grupos de la sociedad civil que trabajan en temas de incidencia en políticas públicas.
¿Cuál es el impacto que buscan con este proyecto? ¿La prioridad es cambiar las políticas de las empresas para hacerlas más respetuosas de los derechos humanos o crear conciencia entre la población sobre los abusos de derechos de estas compañías?
Ambos aspectos son igualmente importantes y están relacionados. Como se puede ver en los resultados del Índice 2017, hay un problema de transparencia y acceso a la información en el sector; en consecuencia, los usuarios no tienen la información que necesitan para tomar decisiones informadas. En ese sentido, para crear conciencia entre los usuarios es importante que las compañías sean más transparentes en cuanto a sus políticas. Los usuarios pueden ser una voz muy poderosa para demandar cambios en las políticas de las compañías y lograr que se respeten sus derechos.
| Índice 2017 de Ranking Digital Rights: Google y Microsoft, con las mejores calificaciones; empresas de Rusia, Qatar y China al fondo de la tabla.
El Índice de Accountability Corporativo de RDR que se publicó en abril de 2017 muestra una radiografía de las políticas de transparencia y protección al consumidor de las empresas más grandes del sector de Internet y las telecomunicaciones (lo que se conoce como el sector convergente). El índice —que también tuvo su edición en 2015— mide el desempeño de las compañías en tres grandes categorías: el respeto a la privacidad de los usuarios, el respeto a la libertad de expresión y la gobernanza. En esta última categoría se evalúan indicadores generales sobre los procesos de gestión, control o evaluación de impacto que tienen las compañías sobre sus propias políticas, mientras que en las primeras dos categorías el foco está puesto en la letra chica de los términos y condiciones, en las prácticas de recolección y retención de datos, y sobre todo en las respuestas de las empresas ante pedidos de terceros para bajar contenido o obtener información privada de usuarios. Entre las compañías de Internet, Google, Microsoft, Yahoo y Facebook son las que lograron una mejor calificación en todas las categorías. Baidu —el principal motor de búsqueda chino— quedó en el último puesto. Según el informe, “Baidu no se compromete públicamente a respetar los derechos humanos” y casi no difunde información sobre sus políticas respecto a la privacidad y libertad de expresión de sus usuarios. Samsung tampoco tuvo un muy buen desempeño. La compañía coreana tuvo bajos puntajes en divulgación de información sobre políticas corporativas de privacidad, libertad de expresión y manejo de datos de usuarios. |
Fuente: Ranking Digital Rights, Corporate Accountability Index 2017. Recuperado el 28 de mayo de 2017 de http://bit.ly/2ppmo76 Ranking de las compañías de Internet según categoría Entre las empresas de telecomunicaciones, At&t y Vodafone lideraron el ranking. Telefónica, por su parte, tuvo un buen desempeño general, aunque el informe señala un déficit de la compañía en relación con la recolección, retención y circulación de datos. De acuerdo con el reporte, la empresa española tampoco brinda información clara sobre sus prácticas ante pedidos de información de usuarios realizados por terceras partes. Las empresas de telecomunicaciones con peor calificación fueron Etisalat —operadora de los Emiratos Árabes Unidos y con presencia en varios países de Asia, África y Medio Oriente— y Ooredoo, con base en Qatar y operaciones en Medio Oriente y Asia.
Ranking Digital Rights, Corporate Accountability Index 2017. Recuperado el 28 de mayo de 2017 de http://bit.ly/2ppmo76 Ranking de las compañías de telecomunicaciones según categoría Algunas compañías mejoraron su performance respecto al ranking de 2015 pero de todas maneras los resultados generales aún muestran un escenario sombrío: todas las empresas evaluadas presentan poca transparencia en el manejo de datos de los usuarios y poca información sobre las prácticas corporativas que limitan la libertad de expresión. |
(*) Lic. en Ciencias de la Comunicación (UBA) y Magíster en Políticas Públicas (Central EuropeanUniversity). En Twitter es @tamicolodenco