Editorial

Empresas, Estados y Derechos Desde hace ya varias décadas asistimos a cierto corrimiento de las responsabilidades que se

Empresas, Estados y Derechos

Desde hace ya varias décadas asistimos a cierto corrimiento de las responsabilidades que se creían asignadas a diversos actores e instituciones. Para ponerlo en forma esquemática: si durante casi dos siglos el mercado vendía y los Estados debían garantizar derechos, hubo un momento en que esa idea empezó a quedar borrosa por nuevas formas de asumir el rol de empresas; ahora tenían una responsabilidad social, pero mucho más por diversos déficits de los poderes públicos a la hora de ser los garantes de los derechos.

Este nuevo rol resultó también tentador para varias administraciones que vieron cómo podían resolver rápido, con buen impacto en la opinión pública y sin asignar recursos públicos algunos de los déficits de sus políticas públicas. En el campo de las tecnologías de la comunicación fueron y son varias las iniciativas de las grandes empresas del sector en interacción con los Estados. Desde programas de transferencia tecnológica a países del tercer mundo durante los años 80 hasta propuestas de alfabetización informática de Microsoft para introducir computadoras en las escuelas.

En la era de la información vemos cómo un nuevo conjunto de empresas del sector de las TIC, con niveles de facturación y de reservas que superan en mucho el PBI de varios países, asumen roles que durante años estuvieron reservados al sector público. En este número de Revista Fibra se habla de dos de esos casos. Por un lado, el rol que le toca a los grandes buscadores, con Google a la cabeza, en relación al derecho al olvido y: , por el otro, la propuesta de Facebook, a través de Internet.org, para brindar internet “gratis” en sociedad con empresas de telefonía móvil.

“Si quieren vender planes de datos, la gente primero tiene que saber qué ofrece internet”, les decía Mark Zuckerberg a un conjunto de empresas de telefonía móvil para convencerlos de que se sumen a su proyecto. Quizás la primera vez que un CEO, con una sinceridad asombrosa, pone en declaraciones públicas aquel viejo refrán que decía “el primero te lo regalan, el segundo te lo venden”.

Es aquí donde pueden evaluarse los riesgos que implica que no sean los Estados quienes garantizan derechos, o que piensen que lo hacen a través de propuestas como la de Zuckerberg. Con el paraguas, válido y ponderable, de ayudar a cerrar la brecha digital en nuestras regiones, Facebook tienta a gobiernos y algunas empresas a sumarse a algo que ellos definen como internet pero que no es más que una experiencia reducida y controlada de productos de valor agregado propios y de sus socios. Eso no es internet, es otra cosa. Garantizar el derecho a acceder a internet es garantizar un derecho humano a la comunicación, lo que implica hacerlo en igualdad de condiciones y sin generar mayores desigualdades, que se manifiestan en relación al acceso pero también en relación a la libre competencia de otras empresas del sector.

Frente a este desafío, lograr la efectiva incorporación de grandes capas de la población que aún no cuentan con acceso a redes de información, la colaboración de Estados y empresas no puede quedar sujeta a las propuestas de ampliar cuotas de mercado. Ello no implica que dicha colaboración no pueda existir o que no sea necesaria, pero la definición de las políticas públicas debería ser llevada adelante por los Estados, quienes son los únicos que están en condiciones, no sólo de garantizar derechos de forma universal y sin discriminación, sino que además son los únicos que pueden garantizar que una iniciativa no contribuya a concentrar aún más los mercados de las tecnologías de la comunicación.

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