Repercusiones de un decreto que busca acercar cada vez más a los argentinos
Por Miguel De godoy (*)
El decreto 1340, a pesar de que no se plantea como una solución definitiva, busca darle un marco legal a un hecho que es una realidad en todo el mundo —la convergencia—, sin dejar de proteger el derecho a la comunicación de los usuarios y, asimismo, brinda seguridad jurídica y previsibilidad a los representantes de la industria que invierten en el país.
¿A quién favorece? ¿Qué intereses hay detrás de esto? ¿Quién gana en esta “batalla”? Son preguntas que surgieron y cargaron ríos de tinta a partir de la nueva legislación de las comunicaciones expresada en el decreto 1340/16. Preguntas que nada tienen de relevante y que no representan el fondo de la cuestión, o más bien, sí son relevantes, aunque no de la manera en que fueron formuladas: este nuevo decreto favorece en cada aspecto a los usuarios y no esconde ningún interés más allá de acercar cada vez más a los argentinos.
Lejos de las especulaciones, se trata de una medida necesaria para lograr mayor competencia en el mercado, mejores precios, mejor calidad de servicios, y para dar conectividad a cada vez más ciudadanos.
Hemos dialogado con cada actor del mercado de las comunicaciones, como nunca antes el Estado lo hizo porque es nuestro deber velar por los intereses de todos pero, fundamentalmente, proteger los derechos de los usuarios.
Cuando nos tocó asumir esta gestión, acompañando al Presidente Mauricio Macri, tuvimos que lidiar con cuestiones atrasadas: expedientes, licencias, autorizaciones, entre otras cosas, que llevaban años sin recibir una sola respuesta, y aunque suene meramente burocrático, debemos pensar que detrás de cada uno de estos atrasos hay personas, miles de licenciatarios y cientos de miles de usuarios. Pero, además, debíamos pensar en la coyuntura, brindar las condiciones para no seguir condenando a la gente al atraso y, en este sentido, llegamos a esta nueva legislación.
En el mundo, la convergencia es una realidad y negarla desde las leyes no hace más que persistir en un error. Si la tecnología avanzó y por una misma infraestructura se pueden brindar múltiples servicios, por qué desaprovechar la oportunidad que se nos ofrece. Pero para ello debíamos darle un marco legal, que permita a los usuarios consagrar su derecho a la comunicación y, del mismo modo, brindar seguridad jurídica y previsibilidad a los empresarios que invierten y apuestan a este mercado. Entendemos que no es una solución definitiva, pero cada momento perdido es irrecuperable, y como servidores públicos eso es algo que no nos podemos permitir.
Este decreto es un paso más en el afán de ampliar el derecho a la comunicación en el país y favorecer la convergencia tecnológica, que será consolidado con la nueva ley de comunicaciones convergentes en la que se encuentra trabajando la comisión redactora integrada por especialistas de diversos ámbitos: Silvana Giudici, Héctor Huici, Alejandro Pereyra, Henoch Aguiar, Andrés Gil Domínguez y Santiago Kovadloff.
El mercado argentino de las comunicaciones permanecía estanco hace varios años, los incumbentes habían afianzado sus nichos y eso desincentivaba las inversiones. De esta manera, se perjudicaba a las propias empresas, pero lo que es más importante, a los usuarios, quienes quedaban a merced de una oferta insatisfactoria y perdían la oportunidad de acceder a las tecnologías de última generación. Eso comienza a ser parte del pasado, porque el decreto 1340 abre el mercado, suma ofertas, actores y servicios.
En esencia, este nuevo marco propicia una verdadera competencia entre proveedores, incentivando la inversión en redes NGN (por Próxima Generación, en inglés) para ofrecer un servicio de alta calidad a precios razonables. Además, se verán favorecidos por la posibilidad de avanzar en la prestación del cuádruple play: televisión por cable, internet de banda ancha, telefonía móvil y telefonía fija. De esto se trata, de generar un círculo virtuoso.
Para ello también debemos entender que el Estado no puede ser rígido en sus legislaciones, porque lo que antes pudo haberse dispuesto o asignado, de tal o cual manera, puede hoy ser un impedimento para el desarrollo.
Asimismo, en seis meses estaremos licitando nuevas bandas de frecuencias para prestar los servicios de 4G, este servicio que llegó con muchos años de atraso a nuestro país, pero que hoy estamos adoptando rápidamente, propiciando el acceso a internet móvil de alta velocidad en cada rincón del país.
Por su parte, las empresas telefónicas podrán ingresar al mercado de televisión a partir del 2018, garantizando que todos los operadores de servicios audiovisuales y de telecomunicaciones puedan competir en igualdad de condiciones, con un despliegue de infraestructura adecuado.
En el mismo sentido, garantizamos la protección de las cooperativas y PyMES que brindan servicios audiovisuales en las localidades con menos de 80 000 habitantes, ya que cumplen un rol social fundamental en las ciudades y pueblos del interior, donde las grandes empresas no llegan por no resultarles un negocio rentable.
Otra cuestión para destacar es la posibilidad de brindar servicios de acceso a internet a los operadores de TV satelital, eliminando las asimetrías existentes.
Pero este decreto no surge como un hecho aislado que pretende solucionarlo todo, sino que acompaña y complementa todas las medidas que hemos tomado desde que iniciamos la gestión. En conjunto con ARSAT, empezamos a conectar a provincias y localidades a la Red Federal de Fibra Óptica (REFEFO), utilizando los Fondos del Servicio Universal que permanecían casi intactos desde su conformación, llevando internet a cada lugar del país, propiciando un verdadero federalismo.
Hemos avanzado en el diálogo y en la firma de convenios con gobernadores e intendentes para destrabar la instalación de antenas para telefonía móvil en los municipios. En el mismo sentido, lanzamos un sitio que recoge toda la información respecto al tema, terminando con un periodo de gran desinformación al respecto, que hacía que los vecinos rechazaran la instalación de este tipo de infraestructura por temor a implicancias en su salud.
(*) Presidente del Ente Nacional de Comunicaciones.